La semana pasada fue marcada por el escándalo de la detención y vinculación a proceso del político de origen panista, Ernesto Ruffo Appel. El exgobernador de Baja California siempre gozó del reconocimiento público, de sus paisanos y sociedad en general. No sólo se distinguió como un gran político, sino como un exitoso empresario.
Ahora resulta, que el empresario bajacaliforniano es acusado por el Estado mexicano, del presunto delito de robo de hidrocarburos y contrabando de combustible (huachicol fiscal) y delincuencia organizada. Toda esta trama, supuestamente fraguada desde su empresa Ingemar S.A de C.V., por ingresar gasolina y diésel desde los Estados Unidos, declarando cantidades menores en las aduanas y evadiendo impuestos.
Mientras la defensa legal de Ernesto Ruffo, señala que no existe una sola prueba que evidencie la supuesta culpabilidad del bajacaliforniano, una jueza federal confirmo la vinculación a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía General de la República (FGR), ha difundido diversas imágenes del supuesto acusado, cómo si se tratará de un peligroso criminal.
Paralelo a toda está historia creada por el Estado mexicano, en el estado de Baja California, se vive un verdadero escándalo político y jurídico también, ocasionado por la mismísima gobernadora de MORENA, Marina del Pilar Ávila, que trata de la filtración de varias grabaciones y la revocación/cancelación de su visa americana.
Todas estas grabaciones han generado una fuerte polémica sobre supuestos vínculos y su disposición a dialogar con agencias extranjeras, a cambio de información confidencial de temas de corrupción de la 4T y del partido MORENA, así del manejo de información de seguridad pública.
Mientras el escándalo de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, escala y domina la agenda nacional, ante la clara protección política de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su partido MORENA, de forma exprés aparece la acusación contra Ernesto Ruffo y su vinculación a proceso por contrabando de combustible y huachicol fiscal.
Mientras tanto, aparece la investigación rápida y veloz dirigida la detención contra el político-empresario Ernesto Ruffo Appel, en un claro caso de justicia selectiva, donde la aplicación parcial y sesgada de la ley en la que las autoridades deciden a quién investigar, castigar o perdonar según intereses políticos o relaciones personales, evidenciando la igualdad ante la ley.
La protección e impunidad por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Poder Judicial de la Federación, es más que evidente. Toda, toda la protección e impunidad a favor de la actual mandataria Marina del Pilar. Mientras que, todo el “peso de la ley” y si fuera el caso, la fabricación de pruebas contra el exgobernador de oposición, al fin y al cabo, es la FGR la que se encarga de la acusación.
Todos los mexicanos sabemos, que no existe ninguna independencia jurídica por parte de la Fiscalía General de la República y que la titular de la FGR, Ernestina Godoy, es una política que pertenece a la 4T y al partido MORENA y está ahí, para obedecer y acatar órdenes de Claudia Sheinbaum y su movimiento político.
