La reciente irrupción del enérgico movimiento feminista en México debería, hipotéticamente, traer una mayor conciencia entre la población masculina sobre la violencia contra la mujer y, por ende, una notable disminución, por lo menos gradual, de la violencia feminicida y las conductas de discriminación por causas de género.
Sin embargo, ante esta irrevocable demanda de las mujeres, las agresiones homicidas en su contra parecen no sólo haberse incrementado sino adquirido rasgos más lesivos y horrendos.
El asesinato de Ingrid Escamilla, cuya pareja extrajo sus órganos después de asesinarla con un cuchillo; el caso de Fátima Cecilia, de 7 años de edad, aparecida muerta en una bolsa de plástico luego de ser plagiada afuera de su escuela; el caso de Ana Daniela, en Guanajuato, asesinada por su novio, que detonó la huelga en la UG, son sólo algunos ejemplos de este encarnizado comportamiento feminicida que bien podría ser calificado como una oprobiosa venganza de género.
Teresa Incháustegui, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en su estudio “Sociología y Política del Feminicidio”, pone las causas de este delito en relación con la creciente integración y relevancia de las mujeres en la sociedad.
“El uso de esta violencia como recurso de control y dominio masculinos, está estrechamente ligada a la lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho”.
De este modo, afirma la profesora, el feminicidio guardaría un doble mensaje, uno en contra de la mujer: «si saltas la línea te puede costar la vida», y el otro a favor del hombre: «puedes matarla y seguir tan campante» (Radford, 1992).
Por otra parte, en México empieza a prevalecer, ante la irrupción de las demandas de género, el feminicidio corporativo o de “segundo estado”, perpetrado por grupos criminales, en algunos casos, practicado por éstos como un “rito de iniciación” para sus miembros más jóvenes, y en otros, ejercido como una medida de “disciplinamiento”, sobre todo cuando se trata de los homicidios de líderes y activistas.
“La violencia letal hacia las mujeres se presenta así en un contexto psicosocial que podríamos identificar como posliberalización o posrevolución sexual (Sorokin, 1958), donde las mujeres han ganado creciente autonomía física y económica, establecido una relación con su cuerpo, sus deseos y su sexualidad”, explica Incháustegui.
Esta situación implicaría, entonces, un cambio profundo en la cultura y la ideología dominantes, “una auténtica ruptura histórica de profundas consecuencias económicas, políticas y culturales”, en que las medidas en contra de la violencia a la mujer tendrían que ir más allá de la reestructuración del sistema de justicia y del policiaco.
Atacar de fondo los esquemas psicosociales y políticos que el varón posee en torno a la manera de percibir, conceptualizar y vincularse con la mujer debería, de este modo, formar parte de las políticas públicas en contra del feminicidio.
En efecto, la labor por la igualdad y la equidad de género vendría a socavar los cimientos ancestrales del patriarcado, a realizar una inversión absoluta de los principios, valores y conductas generales con que la humanidad ha guiado su devenir desde hace aproximadamente 8 mil años A.C., cuando las sociedades matriarcales, los primeros modelos civilizatorios de la humanidad, fueron destronadas -en la mayoría de los casos- por la violencia masculina.
Autoridades políticas, instituciones privadas, medios de comunicación, escuela, familia, hombres y mujeres tenemos, pues, la inmensa tarea de ir a la raíz primigenia de nuestra historia, recuperarla, reconstruirla, para que así, la llamada ‘guerra de los sexos’ termine al fin, en el acuerdo, la paz y el progreso mutuo.
