La iniciativa que impulsaron las organizaciones de la sociedad civil para combatir la corrupción del gobierno y que luego llegó a manos de los legisladores y se transformó en una serie de leyes de transparencia y rendición de cuentas, de acceso a la información y sistemas nacional y locales anticorrupción son apenas un incipiente avance para erradicar el cáncer que tiene el país en su sistema político.
Para tener una dimensión del problema de la corrupción en México hay que referirse a una reciente cifra que salió a relucir en la renegociación del TLCAN y que reveló Coparmex Zona Metropolitana de León la semana pasada: las estimaciones del Banco Mundial apuntan a que este mal le cuesta al país un 9 por ciento del PIB, lo que equivale a un daño a las empresas de alrededor del 5 por ciento de sus ventas anuales.
No es el único dato disponible, en diversas evaluaciones de organismos internacionales, la corrupción y la impunidad junto con el costo del crimen se identifican como los principales problemas que limitan e inhiben el crecimiento de la economía. La corrupción impide el buen funcionamiento de las empresas, frena la inversión y la generación de empleos mientras que los hogares designan alrededor del 14 por ciento de su ingreso promedio anual para pagos extraoficiales.
Desde el inicio del proceso, la sociedad civil ha criticado la conformación de un Sistema Local Anticorrupción a modo de los partidos políticos y el gobierno porque omitieron la idea original con que nació la reforma. Los legisladores de los distintos partidos políticos han estado más preocupados por buscar quien les cubra la espalda para que no salgan a la luz sus fechorías que en respetar la ley y desarrollar un método de selección ajeno a los intereses del gobierno en turno.
El frustrado caso del nombramiento automático del Procurador General de la República como primer Fiscal General del país, detonó una mayor presión social a la que se sumaron partidos como el PAN nacional; finalmente no se consumó la maniobra a pesar de que estaba en la ley y apenas ayer se definieron en el Congreso de la Unión las modificaciones que van a ayudar a tener un responsable de la fiscalía autónomo.
También se generó un fuerte debate nacional con el despido del titular de la FEPADE, que era la responsable de investigar los delitos electorales cometidos por los funcionarios públicos, tras darse a conocer el escándalo de corrupción a través de una red internacional de contratos otorgados a una empresa brasileña que aportó recursos para la campaña presidencial del 2012.
En el caso del Sistema Estatal Anticorrupción, se hizo una copia del nacional con todo y vicios de origen, por lo que el propósito original de tener una Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción autónoma y un Comité de Participación Ciudadana se desviaron de su propósito original, tanto que ahora estamos frente al inminente nombramiento de un Fiscal Carnal, por su dependencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y que se busca pagar un sueldo a los ciudadanos que se integren a las tareas del sistema local.
La disputa entre el PAN y el PRI en el Congreso del Estado son una evidencia más de esta fallida iniciativa de construir un sistema local anticorrupción que goce de autonomía y la credibilidad necesaria para desempeñar las funciones que tiene asignadas por Ley.
El PAN defiende que el proceso de designación de una terna de finalistas para nombrar al nuevo Fiscal Anticorrupción de Guanajuato se ha hecho de manera transparente aun cuando dos de ellos son funcionarios públicos ligados al gobierno actual. Lo que criticó a nivel nacional no lo pelea en el estado.
En el PRI aseguran que votarán en contra de un fiscal carnal pero solo después de que a nivel nacional les tumbaron el suyo en el caso de la Procuraduría General de la República. Ahora critica las prácticas antidemocráticas del PAN cuando las promueve a nivel nacional como lo evidenció la destitución del titular de la FEPADE.
Efectivamente el Sistema Local Anticorrupción nacerá muerto porque ninguno de los partidos políticos está a la altura de lo que merecen los ciudadanos: órganos autónomos que den viabilidad a la frágil vida democrática del país.
ENCUENTRO
Los Secretarios de Gobierno y de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera y Guillermo Romero Pacheco, sostuvieron un encuentro privado con el Consejo Directivo de la Coparmex Zona Metropolitana de León para dar seguimiento a la agenda de trabajo conjunta en materia de impartición de justicia laboral y desarrollo económico aunque surgió un tercer tema que no estaba incluido en la agenda y que está relacionado con la seguridad.
Originalmente, los empresarios que encabeza Jorge Ramírez esperaban la participación del gobernador del estado, Miguel Márquez, y del Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, así como del Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, pero se modificó la agenda y asistió con la representación el Secretario Rodríguez Junquera.
Lo anterior, debido a que el titular del Poder Ejecutivo del Estado salió a la Ciudad de México, en donde sostuvo en una reunión de Conago, para analizar el tema de la nueva ley contra la desaparición forzada de personas, y luego otro encuentro con el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, para ver temas relacionados con el presupuesto de egresos 2018 y la conformación del Frente Ciudadano por México, ante el destape de José Antonio Meade Kuribreña como virtual candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Los integrantes del organismo que aglutina al sector patronal de León escucharon primero al Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, quién presentó los principales indicadores de crecimiento económico e inversión, y en donde Guanajuato mantiene un liderazgo en la región centro del país.
En este espacio se abordaron temas como los avances en la renegociación del TLCAN una vez que Juan Rodrigo Moreno, integrante de la Coparmex Zona Metropolitana de León, es uno de los empresarios que participan en el llamado Cuarto de Junto y la iniciativa del Corredor Central Bajío, que es una iniciativa del organismo patronal y en donde apenas hace unas semanas se realizó en Guanajuato una reunión para identificar los proyectos prioritarios para detonar el proceso de inversión pública y privada.
Se solicitó dejar establecida como una política pública transexenal, el programa de educación dual donde se forman con un nuevo modelo el capital humano del estado de Guanajuato y poner candados para que con el cambio de gobierno se pierdan este tipo de iniciativas valiosas.
Siguió el turno del Secretario Rodríguez Junquera, quien respondió las principales inquietudes expresadas por el sector patronal respecto al tema la instrumentación del nuevo sistema de justicia laboral, y en donde se acordó integrar una mesa de trabajo conjunta para aterrizar el nuevo ordenamiento a partir del 2018.
Este es un asunto donde la Coparmex ha mantenido una postura muy crítica respecto al rezago en las Julcas y la falta de homologación de criterios en las resoluciones a conflictos obrero-patronales, en el pasado se denunció incluso casos de corrupción de los funcionarios responsables del tema así como la destitución de la titular de la Subsecretaría del Trabajo estatal.
La buena relación del Secretario Rodríguez Junquera con varios de los asistentes, entre ellos, Jorge Ramírez, José Arturo Sánchez, Rafael Yamín, Luis Rodríguez Aparicio, Luis Rodrigo Moreno, entre otros, facilitó la definición de un plan de acción conjunto para avanzar en este importante reto que tendrá el sistema de justicia laboral a partir del próximo año.
Ahora será el sistema judicial quien se haga responsable de este asunto y se requiere preparar a los jueces para desempeñar sus nuevas funciones junto con la infraestructura que implica sostener un nuevo concepto de impartición de justicia. Los empresarios van a elaborar una serie de propuestas que ayuden a transitar este proceso.
Luego salió a relucir el tema de la seguridad donde de manera general se reiteró la preocupación que existe entre los empresarios sobre la situación reciente en León y el estado y la necesidad de tomar medidas que ayuden a resolver los retos que se tienen en la materia.
El Secretario de Gobierno que ofreció respuestas sobre las acciones que realiza la administración estatal como es la construcción de la nueva brigada militar; los avances del Grupo de Coordinación Guanajuato en el combate a delitos de orden federal como el robo de combustible y los resultados de la estrategia que encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional y el estado en los municipios del sur de la entidad donde se estableció un Mando Mixto para enfrentar a los grupos criminales.
El Consejo Directivo de la Coparmex espera que sea el Secretario de Seguridad Pública del Estado y el Procurador General de Justicia del Estado quienes den la cara a estos problemas a pesar de las respuestas puntuales y concretas que ofreció Rodríguez Junquera. No entienden por qué ambos funcionarios siguen sin ofrecer respuestas claras a la responsabilidad que tienen encomendada.
ESCÁNDALO
En donde está a punto de reventar el escándalo es en SAPAL por el manejo a discreción en el cobro de los recibos del agua potable y alcantarillado que se han detectado por los ciudadanos que han sido afectados por esta situación. La máxima que se aplica por los actuales directivos es que a los amigos, el cobro con concesiones y violando la ley y a los enemigos, el cobro por arriba de lo que marca la ley.
Tan solo en los últimos meses, PROFECO tiene identificados 109 casos de cobro indebido y consumos exorbitantes como los que ahora se pretenden hacer en León Moderno por el simple hecho de ser vecinos de un alto directivo del organismo que no está de acuerdo con la transformación en el uso de suelo de la zona.
El problema nació cuando uno de los vecinos del directivo, que tiene un negocio en la zona, recibió en su recibo un cobro por más de 87 mil pesos y buscó un acercamiento con el Presidente del Consejo Directivo de Sapal para arreglar el asunto ante la exorbitante cifra, y lo volvió a remitir con quien es el responsable de la operación del organismo.
Al buscar ayuda con otros vecinos, se encontró que también les habían aumentado el cobro del servicio de agua potable y alcantarillado violando la propia ley de ingresos que autorizó el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2017. Esto hizo más visible el problema, porque concluyeron que se trataba de una venganza del directivo que se opuso al establecimiento del negocio en la calle donde vive.
Pero no fue lo único que investigaron los vecinos del directivo sino que se encontraron que en la misma calle opera una finca que es propiedad de un empresario inmobiliario que en el pasado fue patrón del responsable de la operación de Sapal y quien no tiene licencia de uso de suelo ni cajones de estacionamiento mucho menos permiso de ocupación para operar como oficinas corporativas y que paga menos por el agua que un vecino en las Joyas porque tienen un subsidio especial, alrededor de 200 pesos.
El problema es que los vecinos ya organizan interponer una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por que las tarifas que les pretenden cobrar son violatorias de sus derechos, pues hay otros casos donde Sapal ha sido demandado por incurrir en este tipo de prácticas y han perdido la batalla legal.
Hace muchos años que el organismo dejó de tener un sentido social en su función, desde que los grupos empresariales se apoderaron del Consejo, en donde solo buscan dar pluslavía a sus negocios a costa del erario público. Pero ahora se gesta un movimiento social que podría dar un serio revés al organismo, en un momento donde en vez de perseguir ciudadanos con cobros excesivos deberían estar enfocados a destrabar el Zapotillo, obra inconclusa que ha costado millones de pesos a los leoneses.
