La semana pasada vivimos todos los leoneses y guanajuatenses la detención de la ex alcaldesa Bárbara Botello, por un presunto delito de peculado derivado de su gestión municipal siempre ensombrecida por distintos actos de corrupción de forma directa, así como de sus distintos colaboradores.
Bárbara Botello ha estado siempre rodeada de acusaciones de corrupción y despilfarro de dinero público, como el pago a una peinadora personal que supuestamente llegó a cobrar hasta 7 mil 250 pesos mensuales con cargo al erario en distintas dependencias del gobierno municipal, como la Dirección de Policía y la Secretaría Particular.
Así como también los episodios relativos a sus constantes viajes de descanso los fines de semana a Lagos de Moreno, en la Hacienda Sepúlveda, que incluían los tratamientos de belleza y spa a costa del erario municipal y algunos otros tratamientos cosméticos que requería la entonces alcaldesa.
Cómo olvidar aquella respuesta a una solicitud de transparencia realizada por el FAS, el Frente Amplio Social de octubre de 2012 a mayo de 2014, donde se dio a conocer que la administración de Bárbara Botello gastó 23 millones 753 mil 859 pesos en el pago de escoltas para la alcaldesa y el entonces secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz.
Otra joya más de su administración y recurrentes excesos de poder, cuando nombró a Humberto Botello Ruiz, su sobrino como director administrativo de Seguridad Pública y a quién se señaló por triplicar su salario en los tres años de administración de 18 a 50 mil pesos mensuales.
Así podemos seguir enunciando una serie de actos de corrupción, excesos, soberbia, prepotencia y altanería de todo tipo por parte de la entonces alcaldesa y de colaboradores cercanos, al grado de que su entonces tesorero municipal hoy en día está prófugo de la acción de la justicia.
En cuanto a las famosas obras que realizó durante su gestión, que decir de todas, esas empresas a las que se les adjudicó obra pública de manera más que cuestionable, privilegiando a constructoras del Estado de México, Hidalgo, CDMX entre otras donde en los distintos restaurantes de nuestra ciudad se negociaban los porcentajes o el famoso diezmo para los intervinientes en el suculento negocio.
De todo ello, en el 2017 el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en El Congreso Local, informó que el entonces procurador de Justicia del estado de Guanajuato, había solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero de Bárbara Botello, a quien se le imputó el delito de peculado por 87 millones de pesos, en el ejercicio de su administración.
Y fue así como el jueves de la semana pasada, llegó el momento de hacer justicia a todos esos excesos y frivolidades por parte de Bárbara Botello, girándose orden de aprehensión y llevándola ante la juez para hacer frente a los delitos y cargos que se le imputan, para que se defienda y pueda probar su inocencia, si fuera el caso.
En este momento, está sujeta a proceso una vez que pagó una fianza y poder defenderse en libertad, pero que de ninguna manera se entienda que quedó libre.
Esto que ha sucedido a Bárbara Botello, debe servir de escarmiento a todos aquellos políticos y funcionarios municipales, estatales y federales de conducirse dentro de la ley y no ufanarse ni enloquecer de poder creyendo que los puestos son para enriquecerse a costa del pueblo.
¿No cree usted?
