SALUDOS

Del muro de mi admirada María Luisa Aspe, tomo para esta columna, el entrecomillado con el que María Luisa cita a Jorge Volpi, cuando este amigo recíproco, toca varias fibras sensibles de los grupos en el poder y apoderados de este país.

Los datos (aunque alguien sostenga que tiene otros en alguna parte, quizá en algunos de los “50 estados” que inventó la funcionaria Rosa Icela Rodríguez) son verdaderamente alarmantes, empezando por los temas de una justicia que tomó la forma de un molusco, invertebrado, gaseoso con larga cola que le pisen, porque “menos del 5 por ciento de los delitos que se denuncian se resuelven en tribunales” y, por supuesto, la promesa del movimiento propiedad del mandatario mexicano, no ha hecho algo eficaz para revertir el asunto. Lo que es evidente es que el tema ha empeorado con todo y las proclamas de que “ahora sí, ya no es como antes”. Y el Presidente tiene razón. No es como antes, ahora que estamos mejor, estamos peor que cuando estábamos peor.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, A LA ALCANTARILLA

La afirmación no es excesiva ni ofensiva. Es, como dicen los clásicos, “la neta”. Cito al maestro Miguel Carbonell Sánchez: “La fracción I del apartado B del artículo 20 constitucional señala que toda persona imputada tiene derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Y, absolutamente en contra de este precepto, el hecho de ampliar la prisión preventiva oficiosa a varios delitos más provoca que tal presunción de inocencia del inculpado sirva para trapear la oficina de la UIF o el patíbulo de las mañaneras. No hay pruebas, no hay procedimiento, no hay derechos humanos y nada que impida la condenación eterna en la palabra del Presidente. El inculpado (siempre y cuando no sea Lozoya, El Chapo u Ovidio) tendrá que enfrentar su proceso, encarcelado.

El tema se agrava con la velocidad burocrática que caracteriza a “la autoridad competente” –pregúntese a Israel Vallarta y sus 16 años en prisión, como se cita en la nota que se comenta. Ahora le toca al CONACYT. Van por 31 cristianos más, satanizados, excomulgados y condenados en el infierno mediático. Se trata de hacer trizas su prestigio personal –sin juicio, ni audiencia de parte ni sentencia- y de paso, embarrar a las familias de los investigadores. Si son sospechosos y se tienen pruebas suficientes para incoar un proceso penal, pues adelante, pero con un proceso ajustado y apegado a Derecho. ¿Pudo haber excesos, acciones y omisiones, en particular durante la era del infausto Peña Nieto?, pues que se aplique la ley hasta sus últimos términos.

Lo que tampoco se vale es que, Gertz Manero en su calidad de Fiscal General de la República, se transforme en el Torquemada director del público filarmónico de la 4T, para entretejer las ofensas, lances de desprestigio y amenazas de cárcel de las que ha dado cuenta los medios.

La retórica, sostiene Jorger Volpi, es altisonante y ajena al debate de la Litis jurídica exigiendo aprehender y quemar en leña verde a esos ciudadanos.

El Fiscal Gertz Manero se equivocó y tuvo que recular ante la postura jurídica de la Corte y los señores jueces que intervinieron en el tema desestimando y desechando de plano, las pretensiones del fiscal.

Volpi, María Luisa Aspe y el escribano coinciden en varios aspectos: La fiscalía metió la pata y ahora, está buscando la sonrisa y la posición bien-amada de Palacio. El quid de todo esto radica en que, los desaciertos e insistencia de la Fiscalía, pueden comprobar todo el decir del presidente, porque entonces ese aparato de procuración de justicia, está haciendo un uso faccioso del poder… Y eso, le puede costar a Gertz Manero, la chamba. Al tiempo.

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