Ya encontré la nota.
En enero del 2013, publicamos una nota sobre 10 directores de seguridad pública de Guanajuato que no habían aprobado las pruebas de control y confianza y que debían ser despedidos según la norma.
La lista la publicamos en su momento.
Así decía el documento. Los jefes de policía que no aprobaron las pruebas de control y confianza son:
Daniel Ávila Barraza, director de policía Cortazar.
José Armenta Jiménez, director de Ciudad Manuel Doblado.
Juan Gerardo Vallejo Verver, director de seguridad de Silao.
Y José Remedios Aguirre, el director de la policía de Apaseo El Alto. El mismo que fue ejecutado el viernes mientras hacía campaña política en un parque de Apaseo.
Ahí está en los archivos de los periódicos.
José Remedios Aguirre no aprobó los exámenes y el entonces alcalde de Apaseo El Alto, Jorge Centeno Hernández, no quería despedirlo, pero al final, lo hizo. José Remedios fue cesado de la corporación y después formó una empresa de seguridad privada llamada Goldem.
La noticia fue pública en el 2013.
El su momento, el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, declaró públicamente que los presidentes municipales debían pedir las renuncias de los jefes de policía.
Y ese es el punto ahora.
¿Cómo es que una persona que no aprobó los exámenes de control y confianza, ya no puede ser policía, ni ocupar cargos de seguridad, pero sí puede ser candidato y sí puede ser Presidente Municipal?
Ese fue el caso de José Remedios Aguirre, quien presentó una carta de no antecedentes penales para conseguir su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), y efectivamente no tenía antecedentes. Sólo que no había pasado los exámenes que se aplican a los jefes policiacos: el examen toxicológico, el de bienes patrimoniales, el psicológico y el detector de mentiras (polígrafo). Aún así consiguió su registro, sin problemas.
El caso de José Remedios Aguirre debe servir de reflexión para todos. No sólo por el grave asesinato que debe ser investigado y aclarado por las autoridades, sino también por el uso político y electoral de la tragedia y por la falta de filtros que hay sobre quiénes son los candidatos a las presidencias municipales y diputaciones.
