El Poder Judicial en peligro
Como usted lo sabe apreciado lector, el Poder Judicial forma parte de los tres poderes del estado junto al Ejecutivo y Legislativo. El Poder Judicial es el responsable o encargado de impartir justicia en nuestra sociedad, mediante la aplicación de las leyes y principios jurídicos en la solución de conflictos.
El Poder Judicial permite la administración de justicia a través de la aplicación de las leyes. De este modo, el Estado resuelve litigios, protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la comunidad. Tiene que ver con los juzgados y tribunales donde los ciudadanos acudimos.
En un estado democrático, el Poder Judicial funciona de manera autónoma respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, de tal manera que se garantice la imparcialidad de sus fallos o sentencias. El Poder Judicial, de este modo, protege al ciudadano de eventuales abusos cometidos por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo.
El funcionamiento del Poder Judicial, a su vez y al igual que los otros dos poderes, está regido por la Constitución Política (que reúne las normas fundamentales que regulan las actividades del Estado).
Si el Presidente de un país comete un abuso de poder y viola los derechos de los ciudadanos, el Poder Judicial puede salvaguardar los intereses de las personas mediante diversos recursos jurídicos. En el caso, de que el Poder Judicial actúe mal, el Poder Legislativo tiene la facultad de someterlo a un juicio político.
Uno de los grande pensadores de la historia universal, Montesquieu, argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. De este modo, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros poderes para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás.
Este pensamiento no se refiere solamente a la separación y al equilibrio de poderes del Estado, sino a la necesidad de dividir el poder político donde se encuentre, sea en la esfera municipal, estatal o federal, para así garantizar la libertad política y evitar los abusos de poder, mediante la vigilancia y control recíproco de los poderes separados.
Todo esto, parecería que le importa poco a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que es justamente el Poder Judicial el único de los poderes donde no tiene ni cuenta con mayoría, ni mucho menos con el poder para acceder a manejar o manipular tan importante instancia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituida actualmente por 11 Ministros de la Corte, incluido su Presidente, se ve seriamente acechada por el Jefe del Ejecutivo a través de uno de sus mayores operadores políticos y que además es el Coordinador de su partido MORENA en el Poder Legislativo, Ricardo Monreal.
El Senador Monreal, declaró “El Poder Judicial debe sufrir una sacudida, debe desaparecer ese pesado órgano llamado Consejo de la Judicatura Federal y ser sustituido por la nueva Sala Anticorrupción, en el Poder Judicial y aumentar el número de Ministros de la Corte de 11 a 16 y crear con los cinco nuevos Ministros propuestos por el Presidente de la República, la nueva Sala Anticorrupción”.
¿Para qué quiere AMLO y su partido MORENA el control del Poder Judicial? Con la finalidad de rechazar cualquier controversia constitucional o solicitud de amparos que busquen combatir actos autoritarios del gobierno federal, por parte de cualquier ciudadano o por cualquier autoridad municipal o estatal. Tener el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial del país, ampliando el número de sus integrantes de 11 a 16 es una estrategia simplona ya conocida e implementada en otros países y gobiernos autoritarios que pretenden controlar una instancia buscando ampliar los integrantes para nombrar a nuevos miembros y así tener mayoría.
Hay que estar muy atentos a este pretendido embate del gobierno de la república y del Poder Legislativo, ya que de hacerlo, implicaría una seria y muy preocupante violación a la Constitución Política, a la división y equilibrio de poderes. Pero sobre todo, un paso definitivo al autoritarismo disfrazado de Cuarta Transformación y “lo que diga el pueblo sabio”.
¡Me canso ganso!
