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El 7 de noviembre de 2016, se presentó Unebús, un nuevo sistema interurbano de movilidad, más innovador y sustentable, se dijo, para conectar al 70 por ciento de la población del estado y en donde el gobierno estatal inviertiría 285 millones de pesos (obras de infraestructura pública) y el Corporativo Flecha Amarilla otros 600 millones de pesos (unidades e infraestructura propia).

Supuestamente integraría los servicios urbanos y suburbanos así como otros modos de transporte como la bicicleta y automóvil; con menores tiempos de traslado; accesibilidad para reducir el uso de auto particular y contar con esquemas tarifarios integrados.

La primera etapa iniciaría a mediados de 2017 con el eje Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, León, Silao y Guanajuato, en donde sería utilizado por 2.1 millones de personas a través de 570 servicios diarios con 10 mil 651 servicios diarios con 22 autobuses en rutas exprés y 36 para rutas ordinarias.

Los alcaldes de León, Héctor López Santillana; de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala; de Guanajuato capital, Edgar Castro Cerillo; de San Francisco del Rincón, Ysmael López García; de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez y de Salamanca Antonio Arredondo Muñoz, validaron de manera inicial el proyecto que desarrollo el IPLANEG (en la época de Horacio Guerrero y que heredó a Enrique Ayala Negrete) y coordinaría el Director General del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Martínez Hernández (ex-abogado del corporativo Flecha Amarilla y principal impulsor de la nueva Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y de donde se derivó el Instituto que encabeza).

Pero desde su lanzamiento a la fecha, el panorama ha cambiado y se ha puesto en riesgo por el rechazo inicial de los transportistas de León y Guanajuato capital más las dudas que tienen las autoridades municipales leonesas y que se han hecho evidentes en la Comisión de Movilidad, donde dos de las principales figuras panistas que la integran, Luis Ernesto Ayala Torres y Carlos Medina Plascencia, siguen con lupa las inconsistencias del proyecto y la falta de información que priva sobre la operatividad del esquema Unebús.

Los amparos interpuestos por los empresarios del transporte público de León sólo son una expresión de forma del rechazo al proyecto, hasta el concesionario consentido de los panistas, Fernando García (Taxitel), se opone y dice que es un retroceso.

Pero existen dudas de fondo que no ha podido resolver el ex abogado de la empresa que se beneficiara con el proyecto, Juan Carlos Martínez Hernández, y que ahora, con la salida de Antonio Salvador García López de la Secretaría de Gobierno del Estado, sería el responsable directo de corregir las fallas o de plano, replantear el proyecto.

El primer elemento que cuestionan los expertos en movilidad es que Horacio Guerrero, ex Director del IPLANEG, hizo un excelente proyecto de planeación pero no está ajustado a la realidad que vive, por ejemplo, el municipio de León, porque pareciera que únicamente se quiere que las unidades de Flecha Amarilla usen la infraestructura del SIT OPTIBUS, lo que generaría una competencia desleal y un sistema de movilidad más lento.

El principal inversionista y beneficiario del proyecto de Unebús busca mantener los privilegios de una central de autobuses céntrica que cada día genera conflictos viales en vez de descentralizar sus instalaciones fuera de la mancha urbana y conectarse a la red del SIT; quiere usar las principales vías urbanas de León (bulevares Torres Landa, Mariano Escobedo, Francisco Villa, entre otros) lo que generaría mayor carga vial a las avenidas, de por sí ya saturadas; y solamente cambiará las unidades verdes que hoy ya circulan en la ciudad por unidades más nuevas sin ningún otro beneficio adicional a los usuarios.

Lo más grave es que Unebús no es una solución a la movilidad de León, puede ser para Purísima del Rincón, y por eso la administración municipal leonesa esta por anunciar un nuevo plan de movilidad que va a contemplar la viabilidad para un tren ligero dentro de la ciudad y otras obras de infraestructura, como un nuevo circuito vial externo, y la ampliación de nuevas etapas del SIT junto con otras terminales periféricas del transporte foráneo como en la Ciudad de México, junto con otros modos de transporte.

Esta información ya se hizo del conocimiento por parte del municipio de León a las autoridades estatales para que midan la viabilidad técnica y financiera del Unebús a unos cuantos meses de que cierre la administración porque el costo político que tendría el fracaso de este proyecto sería elevado si no se corrigen las fallas de origen.

REALIDAD
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó esta semana que en el primer trimestre del 2017 se registraron en Guanajuato 784 homicidios, de los cuales 282 fueron dolosos y entre ellos 214 con uso de arma de fuego. Esto es 90 homicidios dolosos más que en el mismo periodo que el año pasado, cuando apenas se registraron 192 en total.

Esta cifra se integra por las carpetas de investigación que abren las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías de las 32 entidades del país y se integran en una sola base de datos ante el gobierno federal.

Hechos de alto impacto en la opinión pública como el asesinato de tres personas en San Francisco del Rincón, cuando iban en un autobús turístico a un balneario en Villagrán, en donde hirieron a un menor de edad y al conductor del vehículo, y la revelación de las autoridades de que los presuntos responsables ya habían asesinado a otros cinco integrantes de una familia relacionada con el triple homicidio muestran la espiral de violencia que se vive a pesar de un operativo “extraordinario” de seguridad en ese municipio.

A esta cifra, se agrega el dato que proporcionó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (Ensu) del primer trimestre del 2017, en donde el 78.2 por ciento de la población de 18 años o más en Guanajuato (la encuesta se aplicó en León) indica que vivir en su ciudad es “inseguro”. En diciembre de 2016, la percepción de los población que se sentía insegura era de un 79.7 por ciento.

Otro dato relevante sobre Guanajuato, indica que solo el 22.7 por ciento de los ciudadanos tiene una percepción de que sus autoridades municipales son efectivas para resolver los problemas más importantes que tiene su ciudad, entre ellas la inseguridad.

Esta encuesta genera datos sobre los aspectos relacionados con la seguridad pública: sensación de inseguridad por temor al delito, expectativa social sobre tendencia del delito; atestiguamiento de conductas delictivas; cambios de rutinas y hábitos por temor a ser víctima del delito; percepción del desempeño de las policías municipales, estatales y federales, además de información sobre sensación de inseguridad en lugares públicos.

La ENSU también refleja la desconfianza que tienen los ciudadanos de que la situación mejore, ya que el 70.6 por ciento de los encuestados, a nivel nacional, señala que la situación seguirá igual o empeorará. Sigue siendo baja la percepción de un buen desempeño de las policías municipales y la delincuencia es el segundo problema más grave que observan los ciudadanos en su ciudad.

A esta realidad y percepción se enfrentan todos los días los funcionarios públicos, de los tres órdenes de gobierno, que tratan de dar una explicación a los ciudadanos sobre la situación que se vive en su ciudad. Que si leyes más duras contra quienes porten armas de fuego de uso exclusivo del Ejército; que si una base militar nueva; que si más valores en familia; que si se aplica otro cambio de estrategia operativa; que si se remueve al titular de Policía, entre otras respuestas que por lo visto no han sido eficaces.

SIGNOS
La distracción de los funcionarios públicos en asuntos electorales cuando la ley prohíbe actos anticipados de campaña ha llegado a niveles insospechados entre quienes tienen una aspiración legítima a un puesto de elección popular en 2018 .

Hay varios signos de descomposición que se han evidenciado sin que quienes tiene la responsabilidad en el gobierno, en los partidos y en los órganos electorales pongan un hasta aquí al uso de recursos públicos para la promoción y cooptación de voluntades y futuros votos.

En el PAN, esta semana se evidenció la fractura entre los legisladores federales que pertenecen a distintos grupos políticos al ser aprobada una iniciativa de ley donde se reconocen derechos a los pasajeros y más obligaciones a las líneas aéreas que incumplen con un buen servicio.

Una de las propuestas que abanderó el diputado federal Miguel Ángel Salim Alle en la Cámara de Diputados para defender los derechos de los pasajeros, fue votada a favor en las reformas a la Ley de Aviación Civil y su compañera panista, Alejandra Gutiérrez, lo quiso madrugar como si ella hubiera propuesto la iniciativa y cabildeado con otras fuerzas políticas. El agandalle fue evidente pero no tuvo eco en los medios de comunicación porque era un tema que desde que llegó al Congreso, lo defendió Salim Alle. Estos dos personajes, se perfilan para la candidatura del PAN a la presidencia municipal de León, si el actual alcalde decide no ir por un segundo periodo.

Durante la fallida inauguración de las obras de remodelación del Estadio Domingo Santana, donde se invirtieron recursos públicos para dar una nueva cara al campo y sus instalaciones, uno de los invitados especiales, el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, apareció con una playera de béisbol con el número 18 y a diferencia de los otros invitados, la suya era color negro.

Desafortunadamente para el funcionario, el hecho no pasó desapercibido para los aficionados al deporte, quienes en general brindaron una gran rechifla a los políticos que asistieron para recordarles que una cosa es el deporte y otra la política. Sus opositores no tardaron en difundir la imagen del número 18 sobre sus espaldas con la suspensión del partido por la falta de luminosidad de las lámparas que estaban dirigidas al campo y la caída de la estructura, un día posterior, para resaltar que era su segunda aparición fallida en León; la primera en el destape que no fue.

En el gobierno, se hicieron evidentes las luchas intestinas en el Palacio de Paseo de la Presa, donde por debajo del agua empezó la pugna por el 2018 y por encargo, se difundió la larga lista de familiares en la nómina de una de las cabezas del grupo político que trabaja con miras al próximo proceso electoral.

En el PRI, se avecina una guerra sin cuartel por la candidatura de ese partido en el 2018; la caída de la Delegada de la Sedesol y la fallida operación para reinstalarla por parte de un Senador de la República, muestra que se van a empezar a poner rudos. Pero con la salida de Claudia Navarrete no termina todo, desde la propia dependencia federal se indica que viene un proceso administrativo en su contra, una vez que se darán a conocer las presuntas irregularidades que se cometieron.

Este mismo partido, a través de su dirigente estatal, Santiago García López, dio muestras de que el tema de inseguridad será una de las banderas del tricolor en Guanajuato para la campaña política del 2018.

Se han adelantado los pronunciamientos contra la administración estatal y ya se llevó los primeros reproches del coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba, por aquello de que la miopía no permitía enfocar bien el tema, que también es responsabilidad del PRI en el gobierno federal. Todo un show de palabrería en las tribunas del recinto legislativo.

En el caso del municipio de León es más evidente el uso de toda la fuerza política del PAN, en el Congreso del Estado y con el brazo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para descarrillar cualquier pretensión de la ex-alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez de aspirar a cualquier otro cargo de elección popular vía sanciones derivadas de las auditorías a su administración.

Apenas este sábado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (otro enclave panista) declaró invalido el contrato de Taxi Seguro y seguramente va a terminar en otra denuncia por daño al erario público por parte de la actual administración panista a la legisladora federal.

 

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