El presidente de la Confederación Patronal de México (COPARMEX), Héctor Rodríguez, declaró que, con la iniciativa de la reforma eléctrica, pierden los consumidores.

Señaló que los empresarios y analistas destacan que habrá bienes más costosos y menor empleo, pues  se ancla la competitividad a un pasado de combustibles fósiles. Lo anterior fue comentado como parte de los resultados de las mesas de análisis el “Diálogo abierto sobre la Reforma Eléctrica, impactos al bienestar”, en el que participaron 39 expertos. Dichos foros fueron organizados por la COPARMEX para debatir sobre esta iniciativa.

“Con tres mesas de análisis en las que hubo coincidencias de que la reforma constitucional en materia eléctrica afectará a los consumidores, dañará la competitividad y tendrá como consecuencia múltiples litigios por violaciones al Estado de Derecho”, comentó el empresario.

Declaró que los empresarios pusieron énfasis en los efectos, posibles beneficios y repercusiones, que tendrá la reforma en el medio ambiente, la seguridad y certeza para la inversión, las finanzas públicas, el mercado eléctrico y el compromiso de acuerdos internacionales, la incertidumbre jurídica, la competitividad y el bienestar social.

Sobre la “Certidumbre jurídica para el sector energético y modificaciones al marco legal”, los expertos ven una reforma destructiva y un retroceso, por el incumplimiento y violaciones a tratados internacionales; pues habrá un daño económico que se estima en por lo menos 44 mil millones de dólares en capacidad instalada de generación privada.

Mencionó que el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas planteó que la iniciativa desconocerá derechos adquiridos por los permisionarios para desarrollar y operar una central eléctrica, derecho al Retorno de Inversión y a la obtención de una rentabilidad razonable, proyectada conforme a sus planes de negocio.

Sostuvo que la medida afectaría irremediablemente el principio de retroactividad, cuestión que revive la interrogante de si es procedente o no, el juicio de amparo para impugnar este tipo de acciones.

Sobre la certidumbre que debe prevalecer en el país para generar las  condiciones necesarias para que los inversionistas planeen sus actividades, los empresarios ven un daño a la certeza jurídica en el diseño institucional y la desaparición de la figura de empresa productiva del Estado y sus implicaciones, pues la reforma no respeta derechos adquiridos, lo que implica para las inversiones, una expropiación de facto.

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