El tiempo le llegó, las cartas están echadas sobre la mesa, los dos bandos han hecho sus jugadas previas; curiosamente cual parturienta, alrededor de la luna llena de este mes, se tendría que estar dando respuesta a cuál será la nueva tarifa que regirá en el transporte urbano en León.
No podemos considerar las posiciones que tomaron los partidos contrarios al PAN. El PRI con la absurda e incoherente idea de quitarles la concesión a los transportistas para poder operarla directamente el Municipio. ¡Por favor! ¿Cómo fue posible que dejasen que esa idea fuera la bandera del partido tricolor, para enfrentar esta oportunidad de oro que les pone en bandeja de plata Héctor López Santillana?
Qué no pudieron siquiera hacer un cálculo de cuánto costaría expropiar 1,700 camiones, instalaciones para su operación, sumar a la nómina municipal a choferes, mecánicos, equipo de apoyo, administrativos, etc. Para luego, poder tratar de dilucidar, de dónde sacar el dinero, y así poder evaluar la rentabilidad del negocio.
Que, dicho sea de paso, NO eliminaría la necesidad de aumentar el precio actual del trasporte. En este nivel de ideas, es mejor pensar en un subsidio (que no es la mejor idea tampoco).
El Partido Verde tomó la bandera de oponerse al ajuste, sí o sí. Posición que también el PRI compartió por unos momentos. Esta cerrazón, no tiene sustento por el simple hecho de que la inflación acumulada durante el periodo, desde que se autorizó la última alza al precio del trasporte (enero 2017 – mayo 2019) es del 10.29%.
De que es necesario un ajuste lo es, por esta simple razón. Por lo que hoy en día el discurso de ambos partidos de cero aumento, no es viable.
Los transportistas, presentan un índice conjugado de inflación para el mismo periodo, del 26%. La pregunta que debemos hacer es ¿cómo es que llegan a esta cifra? Debemos conocer la ponderación que le dan a los grandes rubros que les impactan para solicitar el ajuste en el precio.
En consecuencia lógica, la solicitud presentada ante la Comisión Mixta fue elevar el precio de referencia (efectivo) de $11.00 a $14.00 , es decir un 27.27% de incremento.
Ahora, le toca al Municipio decir por qué no debe ser $14.00 el incremento, y sí de $12.00 o $13.00.
En cualquiera de ambos casos, estamos hablando de aumentos porcentuales mayores al 10.29% del INPC acumulado. Sí fuese autorizada la tarifa de $12.00 es un 9.09%, porcentaje por debajo del acumulado. Lo que en automático no cubre siquiera la inflación del periodo, provocando el tener que revisar el siguiente aumento a muy corto plazo.
Si autorizan los $13.00 pesos estamos hablando de un 18.18% de aumento. 8 puntos porcentuales sobre el acumulado.
Héctor López Santillana supo desde un inicio que la tarifa debía ser revisada y aumentada. Ahora, las preguntas que debe responder no son sí habrá o no aumento, ya que este debe darse por consecuencia económica. Es verdad que cometió el error de mentirnos en la campaña diciendo que no lo haría. Pero hoy, debe tener el valor de enfrentar esta realidad, y no tratar de minimizar o peor aún, pretender transferirle el costo político de esta medida a Morena (Sí, es lo que él está provocando que suceda).
¿Aumentará un 18,18%, aun sabiendo que el índice de inflación en los rubros que presentan los transportistas es del 26%?
¿Aumentará el 27,27%, lo que cubriría el aumento inflacionario presentado, dando un periodo mayor de tiempo para una negociación a un mayor plazo y sentar el precedente para una revisión cíclica?
Es momento de agarrárselos, ser hombrecito, para tomar una decisión a favor del municipio y no determinarla por el costo político que debería pagar.
