El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de desacreditar a los expertos – específicamente tratándose de organismos autónomos – que emiten opiniones sin lograr resultados concretos. Pero hay un grupo de expertos cuya opinión bien valdría tener en cuenta: la de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México.
Poco común es que, los ciudadanos, nos interesemos por leer las minutas de las reuniones para decidir sobre la política monetaria. Sin embargo, tener acceso a las opiniones del Gobernador y de los Subgobernadores de nuestro banco central, pueden ayudarnos a comprender el entorno y los posibles escenarios económicos en México.
La más reciente decisión de política económica se tomó el pasado 6 de febrero. En términos generales, el texto de la minuta hace referencia a los riesgos que pudieran afectar las condiciones macroeconómicas en el mediano y largo plazos; y ofrece algunas recomendaciones para mitigarlos. Entre estas se menciona que, para promover un mayor crecimiento económico, es imperativo buscar consolidar un marco macroeconómico sólido, así como medidas que ayuden a incrementar la productividad. Algunas de ellas, incluyen propiciar un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, garantizar el estado de derecho y resolver los problemas de inseguridad pública, corrupción e impunidad.
Relacionado a la sugerencia de garantizar el estado de derecho, la organización World Justice Project, puede darnos algo de luz, para poder definir qué entendemos por estado de derecho.
Esta organización independiente, consulta a expertos y ciudadanos, sobre su percepción del desempeño de los países en cuatro ejes: rendición de cuentas por parte del gobierno; un marco legal claro, público, estable y justo; gobierno abierto; y mecanismos de resolución de disputas accesibles e imparciales.
Estos cuatro ejes se dividen en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En la última publicación del reporte global de World Justice Project, México se ubicó en la posición 92 de 113 países evaluados, perdiendo cuatro escalones, en comparación con el mismo reporte del año previo. En el escalón inmediato inferior se encontró Sierra Leona; y en el superior Uzbekistán.
En la primera posición de este índice se encuentra Dinamarca. Entrando en el detalle de nuestro país – el cual, por cierto, se ubicó en la posición 25 de 30 países a nivel regional – se puede conocer que, el principal problema en México, es la corrupción, seguido por sanciones a funcionarios públicos y temas de rendición de cuentas.
Hasta aquí no hay ninguna sorpresa. Inclusive podría afirmarse que, el combate frontal del Presidente de la República, para erradicar la corrupción del gobierno, no solamente es acertada sino necesaria. Sin embargo, en línea con las opiniones de los Subgobernadores del Banco de México, hay algunos puntos del índice de World Justice Project, que deberían ser fortalecidos pero que, al menos por hechos recientes, podría decirse que se están deteriorando.
En particular se encuentran cuestiones de supervisión de organismos autónomos, derechos laborales, impartición efectiva y oportuna de justicia, influencia del gobierno inapropiada, por citar sólo algunas.
Si el estado de derecho es importante para propiciar un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, de manera que pueda promoverse una mayor productividad y, por ende, un mayor crecimiento económico, no estamos yendo por el camino correcto.
Las señales que está mandando el Gobierno de México van en sentido contrario. La Junta de Gobierno del Banco de México está dando su opinión sobre los factores que podrían ayudar a México a salir adelante. Sin embargo, estas opiniones parecen no ser escuchadas. Esperemos que los comentarios de estos expertos sean tomados en cuenta, por el bien de todos los mexicanos.
