El Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, sostuvo una reunión privada con los integrantes del Parlamento Ciudadano que encabeza el presidente del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas en León, Jaime Gallardo Saavedra, para abordar un tema que tiene preocupado al sector, la violencia y la delincuencia que se ha incrementado en esta ciudad.
La invitación fue hecha por los profesionistas directamente al gobernador Miguel Márquez, quien mandó directamente en su representación a su segundo abordo dentro de la administración, ni siquiera asistió el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, ni el Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.
La presencia de Rodríguez Junquera en los asuntos de la agenda ciudadana de seguridad pública se explica porque es quien encabeza las reuniones del Grupo de Coordinación Guanajuato, en materia de seguridad, cuando el gobernador Miguel Márquez está enfocado en atender otros asuntos de la agenda pública.
Además de que el Secretario Cabeza de Vaca y el Procurador Zamarripa Aguirre no tienen una buena imagen con las organizaciones de la sociedad civil en León a raíz de las críticas y señalamientos sobre las insuficiencias en su gestión como responsables de la seguridad y la procuración de justicia.
En su último encuentro de las organizaciones del Parlamento Ciudadano con el Secretario de Seguridad Pública del Estado, en 2013, se presentaron las primeras cifras de alza en la incidencia delictiva. A casi cuatro años, la situación empeoró y no se ven los resultados efectivos del modelo de seguridad que se ha aplicado, recordó Gallardo Saavedra.
En la reunión de este miércoles en León, estuvieron la presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia, Rocío Naveja; el presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo; el Presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría en Guanajuato, Francisco Schwichtenberg Aguado; el rector de la Univa en León, Leonel Zúñiga Arciniega y el ex Presidente de la Ciceg, Armando Martín Dueñas.
También asistieron otros integrantes del Parlamento Ciudadano como Marisela Aranda; Hugo Mena, Marcos Vázquez, Fortino Caballero, Carlos Castro, Daniel Ángel Martínez, Sergio Guerrero, Cesar Charles, Paulino Loera entre otros representantes de colegios y asociaciones empresariales.
Rodríguez Junquera escuchó las críticas y propuestas de los asistentes al encuentro, con el compromiso del gobierno del estado de tomar en cuenta su visión a fin de contribuir de manera conjunta a la solución del problema que genera la inseguridad y que están relacionados con la prevención de la violencia y las adicciones.
El funcionario estatal hizo una presentación sobre los avances en la construcción de la Brigada Militar en la ciudad de Irapuato y la presencia que tendrá Guanajuato de casi 3 mil 200 policías militares, que se van a sumar a las tareas para devolver la seguridad a la población, de acuerdo con la versión que ofrecieron ambas partes al concluir la reunión.
También explicó la aplicación del Mando Mixto en diversos municipios del estado, en especial en las regiones colindantes con otros estados y donde la incidencia delictiva se ha logrado reducir con éxito gracias a la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, las policías estatales y federales junto con las autoridades municipales.
Además detalló la estrategia de los gobiernos federal y estatal, a través del Grupo de Coordinación Guanajuato, para combatir el robo de combustible en la entidad junto con una estrategia de inteligencia financiera para dar con quienes lo compran aunque provenga de actividades ilícitas.
El Parlamento Ciudadano reconoció al final la disposición de Rodríguez Junquera por atender sus planteamientos y críticas sobre la estrategia de seguridad que se aplica en la entidad y en el caso particular de León, donde la incidencia delictiva crece.
Y fue oportuna su respuesta porque hay algunos integrantes de la sociedad que fueron bastante críticos con el gobierno al grado de relacionar la corrupción con el grado de descomposición en materia de seguridad y procuración de justicia, tal y como sucede en otras entidades del país; el Secretario de Gobierno atajó bien y de manera adecuada esta vertiente y se acordó mantener una estrecha colaboración a fin de sumar voluntades a la solución del problema.
DEBATE
Los legisladores federales del PAN alertaron que en la aprobación del presupuesto de egresos para el 2018, se volvió a programar mil 530 millones de pesos para el proyecto de El Zapotillo sin que se tenga claridad a donde van a parar esos recursos y que en los últimos años acumula más de 6 mil 500 millones de pesos sin que se observe un avance significativo del proyecto, ni en la presa mucho menos en el acueducto.
El razonamiento del PAN, quien a pesar de esta postura aprobó el presupuesto, fue que el aumento de recursos al estado para el 2018 es engañoso porque se etiqueta a proyectos que administra el gobierno federal y cuyos resultados no son evidentes.
Le quedaron a deber a Guanajuato, fue la expresión que utilizó una de las integrantes del PAN en la Comisión de Presupuesto, quien de paso cuestionó que dónde estaba el dinero para el Zapotillo porque no había un avance real físico de la obra.
La respuesta de los legisladores del PRI fue que el gobierno federal aumentó el presupuesto para los proyectos estratégicos de Guanajuato y que en el caso de el Zapotillo había una omisión de las autoridades estatales en su capacidad de gestión, lo que tenía detenida la obra.
Al debate político sobre el destino de los recursos, mil 530 millones de pesos para 2018 y acumulado en los últimos cinco años más de 6 mil 500 millones de pesos, para el Zapotillo, se agregan los señalamientos de las organizaciones de la sociedad civil en Jalisco que están abiertamente en contra del proyecto de que van a impugar ante el Congreso de la Unión por asignar más recursos a ese proyecto de la presa y el acueducto.
Ayer, el director de Sapal, Leonardo Lino Briones explicó a una de las comisiones del Ayuntamiento, de obra pública, que el proyecto del acueducto solamente tiene un avance del 1.6 por ciento, en un tramo de 140 metros, y que ahora está detenido porque el pasado 30 de agosto la empresa concesionaria de la CNA para realizar los trabajos, notificó a las autoridades federales que no terminaría el contrato y de paso exigía una indemnización, por casi 2 mil 400 millones de pesos.
En Sapal, que están más alejados del debate del PRI y el PAN por los recursos que se integraron al proyecto para el 2018 y de la oposición de las organizaciones sociales de Jalisco para que continue la obra, explicaron que los mil 530 millones de pesos si existen y que están bajo reserva de la Comisión Nacional del Agua para que una vez que se destrabe el conflicto legal con el concesionario que renunció a continuar con el proyecto, se puedan canalizar de manera inmediata a la presa y el acueducto.
Esta situación es similar a los más de mil millones de pesos que tiene reservados Sapal en los bancos para cuando llegue la fecha de que tenga que cumplir con los compromisos financieros que exige el proyecto. Por eso no es viable la petición que han hecho algunos empresarios de León para que esos fondos se presten al gobierno del estado para reforzar la seguridad pública o emplearlos en otras obras de infraestructura.
No hay que olvidar que ya hay una petición formal del gobierno estatal y municipal junto con Sapal para que sean estas tres instancias quienes se hagan cargo del proyecto una vez que la CNA resuelva el tema de Abengoa y las empresas filiales en México que ya no quieren seguir con la obra.
Seguramente antes de que concluya el año, el gobierno federal destrabará este asunto y entonces se van a requerir los recursos programados por CNA para el 2018. Finalmente, el dinero si existe, está reservado para reactivar la obra y si no aparecen en el presupuesto de egresos sería muy complicado reprogramar su ejercicio el próximo año una vez que se resuelvar el tema del concesionario.
PREVENCIÓN
El delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuett, y el presidente municipal de León, Héctor López Santillana, presentaron ayer una estrategia conjunta para desarrollar el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y a la cual, las autoridades municipales destinarán alrededor de 450 millones de pesos para el 2018 en la protección y promoción de los derechos de este sector de la población.
El gobierno municipal se adelantó con la aplicación de políticas públicas con perspectiva de atención a la infancia en donde participan alrededor de 20 dependencias y que están encaminadas a la prevención de riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes. León es uno de los tres municipios del país que se han adelantado a esta estrategia de atención.
Ayer, en el Poliforum León, se presentaron los detalles de este sistema en el que participaron entre otros, el Secretario de Seguridad Pública municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña; la directora del DIF municipal, Alma Cristina Vallejo, junto con los titulares de otras dependencias relacionadas con el deporte, la salud, la cultura y la prevención del delito de la administración municipal así como funcionarios federales.
En su mensaje Aguirre Vizzuette destacó que este es un proyecto que impulsa el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que está enfocado a la prevención de la violencia y la delincuencia entre la infancia con un mejor diseño de programas municipales que les ayuden a proteger sus derechos y garantizar de manera integral su desarrollo. Se busca trabajar con los menores de edad para evitar que luego se incorporen a la delincuencia y se reconstruya el tejido social en sus comunidades.
El alcalde reiteró su compromiso de trabajar con el gobierno federal, que puso a disposición del municipio alrededor de 200 programas concurrentes para potencializar los recursos y acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes. El reto es transformar estos programas y recursos en acciones concretas a su favor.
Aclaró que este programa no debe ser partidizado debido a que es uno de los temas prioritarios que ayudarán a las autoridades y a la sociedad a transformar el entorno social en que se desarrolla la comunidad. Estas acciones irán a combatir la raíz de los graves problemas sociales como es la falta de oportunidades para el desarrollo integral de la infancia y los riesgos sociales que enfrentan relacionados con adicciones, violencia y delincuencia.
