Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Estatal para la Atención a las Víctimas, finaliza su gestión este 14 de octubre, tras cinco años al frente de esta dependencia y luego de sentar las bases de lo que se espera siga siendo la figura del apoyo constante que el gobierno del estado desea brindar a los familiares de personas víctimas de desaparición forzada o, en el peor de los casos, a los deudos de víctimas de homicidio.
“Me voy porque así está en la ley. La Comisión de Víctimas deriva de la ley de víctimas, que se publicó en mayo de 2020: de ahí se crea una instancia que es la comisión Comisión Estatal de Atención Integral a las Víctimas. Es un nombramiento por cinco años, sin posibilidad de reelección inmediata”, explicó.
Comentó que su periodo finaliza el próximo martes y que mientras se nombra un nuevo titular, seguramente designarán a una persona encargada de despacho.
“En cuestión de atención a las víctimas, hay cosas importantes que se han logrado, sí, pero nunca es suficiente. No estamos cantando victoria, simplemente se llega un punto de partida para una nueva meta que es ayudar a la gente”, comentó.
Aún así, se puede hablar de logros ya que Guanajuato es el estado que tiene mejor atención a las víctimas en el país.
“Lo dicen las propias familias, cuando ellas han ido a reuniones en otros estados con otros colectivos. Llegan y le comentan a la gobernadora, que en otros estados, no hay una comisión, ni hay recursos; tampoco ayudan a las víctimas, no tienen asesores jurídicos. De cinco años a la fecha, acá se tiene todo eso», confirmó.
Dijo que la CEAV maneja un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que es el más grande de todo el país.
“Este año se han ejercido aproximadamente 160 millones de pesos y seguramente vamos a llegar a los 200. El año pasado se ejercieron 160. Ha ido creciendo de manera muy importante porque la instrucción de la gobernadora es de que siempre haya recursos suficientes para el apoyo y la atención de las víctimas”, subrayó.
Comentó que el 75% de este fondo se gasta en apoyos alimentarios a las familias de personas desaparecidas y asesinadas.
Comentó que mensualmente se entregan 3 mil 120 pesos por núcleo familiar y reconoció que es una cantidad modesta que por lo menos permite un respeto a las familias.
“No soluciona su necesidad pero les da cierta garantía de poder ejercer algunos gastos mínimos”, acotó.
Compartió que en la visión transversal del actual gobierno del estado, se ha buscado apoyar a los colectivos con capacitación y recursos para que puedan emprender y apoyarse entre sí y las madres buscadoras en muchos casos se han organizado de tal manera que unas producen, otras venden y mientras se van turnando para no dejar de buscar.
Destacó que en la actualidad, la Comisión para la Atención de Víctimas cuenta con 129 asesores jurídicos que son los representantes de las víctimas en los procesos penales.
“Son el equivalente al defensor de oficio del procesado, pero para las víctimas, porque el proceso penal de las víctimas tienen un rol relevante, participan como parte y entonces nosotros les brindamos esa representación legal ya que antes era la fiscalía la que les brindaba ese asesor pero entonces pasaba a ser ‘juez y parte’ porque muchas ocasiones las quejas son en contra de la Fiscalía”, detalló.
Explicó que los asesores jurídicos participan en todos los juicios en los que las víctimas no tienen un abogado particular.
Los asesores jurídicos se encuentran distribuidos por regiones, ya que hay una oficina en Guanajuato capital, en Irapuato, en San Miguel de Allende y en Celaya y pronto va a haber una en León.
“Atienden en distintas regiones para estar cerca de las víctimas. Ellos han llevado casos muy importantes y han obtenido sentencias bastante favorables; han impulsado las declaraciones especiales de ausencia en el caso de las personas desaparecidas y esto es muy importante y es poco conocido. Se trata de un procedimiento que debe ser rápido, para que los jueces salvaguarden los derechos de la persona desaparecida”, compartió.
Puso el ejemplo de que si la persona desaparecida tenía un crédito, con esta figura se busca que no se apliquen intereses moratorios; que se suspenda el cobro y que, en el caso de los créditos hipotecarios, no les quiten la casa.
“Así se protegen los derechos familiares y por ejemplo, la educación de los hijos para poder hacer los trámites para educación, etc. Esto les da una garantía de que la persona está desaparecida, no fallecida. Esa declaración especial de ausencia se realiza con todas las víctimas posibles y es un tema que se ha ido impulsando porque no se conocía, es muy reciente, por lo que a veces los propios jueces no conocen este proceso y hay que ayudarles a que lo entiendan”, especificó.
