Guanajuato, Gto.- El pleno del Congreso del Estado aprobó, por unanimidad reformar el Código Penal con lo que se endurecen las penas contra la violencia familiar, que prevé sancionar hasta con 9 años de prisión, a quienes incurran en esta conducta.
El acuerdo logrado por las y los diputados establece que quien cometa esta violencia será castigado con penas de 1 a 9 años de prisión y si el delito se considera de tipo agravado, la sanción aumenta a 12 años, además que se perseguirá de oficio.
El dictamen que fue elaborado en la Comisión de Justicia fue presentado, en tribuna, por la diputada Susana Bermúdez Cano, quien explicó que las personas que viven esa realidad, son también víctimas de agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas.
La legisladora consideró que el esfuerzo legislativo, hasta ahora no se ha traducido en sanciones efectivas para el agresor, pero se presentan estas modificaciones para hacer más grandes los castigos y tratar de desalentar estas prácticas.
Señaló que si bien, los aumentos de penas y sanciones no han sido suficientes para lograr que la tendencia que se mantiene en aumento, disminuya, lo que se busca es disuadir a los agresores.
Las modificaciones, según la legisladora son acordes con la actual realidad social y no solo reflejan la sensibilidad, ante una realidad dolorosa, sino que son congruentes con el discurso y la acción.
También hablaron a favor las diputadas, Martha Edith Moreno Valencia y María Eugenia García Oliveros, así como Rolando Alcántar Rojas.
Moreno Valencia externó que se atiende una realidad, que suele ocurrir a puertas cerradas, pero sacude los cimientos más profundos de las familias y las comunidades, que son quienes sufren las consecuencias de la violencia.
Los cambios logrados, desde punto de vista de la legisladora son una muestra que las normas deben evolucionar y regular de mejor forma situaciones que causan daño y ponen en riesgo a la sociedad.
Para la diputada, María Eugenia García Oliveros hay una elevada incidencia de este delito, que debe contar con sanciones adecuadas y que desalienten este tipo de prácticas, donde hay claros abusos contras las víctimas.
Precisó que el aumento de las penas y sanciones es una respuesta proporcional del Estado a la gravedad del daño y que se deje un claro mensaje que no debe de haber impunidad para los agresores violentos.
Mientras que, Rolando Alcántar Rojas no se deben permitir conductas que hagan daño a la dignidad de las personas y más cuando se trata de niñas, niños, adolescentes y mujeres, que son indefensos y que son sometidos al riesgo, el medio y la subordinación.
