La propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales podría representar un golpe severo para el pequeño comercio y detonar cierres de negocios, así como un aumento en la informalidad, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de León, Canaco León, Alejandro Arena Barroso.
El líder empresarial subrayó que la estructura de la cámara que encabeza está conformada principalmente por micro y pequeños empresarios, a diferencia de otros organismos que agrupan a grandes corporativos. “Para nosotros es el corazón de Canaco. A diferencia de otras cámaras en donde hay grandes empresas, si les dicen ‘vamos a reducir el horario de 48 a 40 horas’, ni pío dicen, porque muchas de ellas ya inclusive tenían esos horarios”, expresó.
Arena Barroso sostuvo que la realidad del pequeño comerciante es distinta, pues muchos apenas logran cubrir gastos operativos y sostener el ingreso familiar. Desde su perspectiva, la reducción obligatoria de la jornada implicaría contratar más personal para mantener los mismos niveles de operación, lo que incrementaría costos sin que existan condiciones para trasladarlos al consumidor.
“No hay manera de que, bajo las circunstancias actuales, un pequeño comerciante tenga que contratar más personal teniendo los mismos ingresos sin repercutir en sus precios”, afirmó. Sin embargo, reconoció que el mercado difícilmente permitiría un aumento proporcional en los precios, lo que dejaría a muchos negocios en una situación financiera insostenible.
El líder empresarial calificó la reforma como una “amenaza muy, muy grande” para el sector que representa y alertó que podría empujar a numerosos negocios hacia la informalidad como mecanismo de supervivencia. Además, recordó que el comercio formal ya enfrenta mayores cargas derivadas de incrementos al salario mínimo, ajustes en prestaciones como el aguinaldo y nuevas disposiciones laborales como la denominada Ley Silla.
Finalmente, defendió la relevancia del comercio formal al señalar que genera empleos con prestaciones de ley, seguridad social e Infonavit, además de contribuir a la recaudación municipal. “Cuando la informalidad crece, los municipios se empobrecen y la Federación cada vez manda menos recursos”, acotó.
