Dicen los voceros de nuestras máximas autoridades, que los delitos de extorsión y secuestro han bajado, sin embargo, la percepción del pueblo es muy diferente. Las personas tienen miedo de salir a la calle, de andar en bicicleta, de estacionar su automóvil, de bajarse a hacer una compra rápida para su despensa, de frenar en un semáforo, de ser detenido por elementos de policía, de ser investigado por el ministerio público, de ser juzgado por el poder judicial, de recibir un billete de alta denominación, de acudir al cajero automático, de esperar el autobús. Hay delitos que por su naturaleza, sólo impactan a la clase alta (el secuestro por ejemplo).
Sin embargo, ¿dónde queda el actuar de las autoridades para trabajar en los delitos que afectan a las clases económicamente débiles? Si roban un banco, mandan a todo un convoy de unidades policiales, y las agencias del ministerio público realizan arduas investigaciones hasta encontrar a los culpables. Pero, ¿Qué pasa si el afectado es un pobre? ¿acudirían con la misma prontitud al llamado de auxilio? ¿Realizarían las mismas pesquisas judiciales como las que hacen en el caso de que el afectado fuera una persona de alta capacidad adquisitiva? Lamentablemente nuestra realidad es muy distinta.
Tenemos un gobierno que sólo vela por los intereses de los económicamente poderosos. Vivimos en una época del terror, donde a todas luces sufrimos las consecuencias del error y la impunidad judicial.
Es el pan nuestro de cada día, batallar con la incertidumbre de caminar por las calles y que los mismos delincuentes de siempre te esperen a la vuelta de la esquina, y con cuchillo cebollero en mano, te despojen del producto de tu trabajo. Y en vano marcas desesperadamente al número de emergencias: sabes que la ayuda nunca llegará. ¿por qué? La respuesta es sencilla: no tienes lazos de afecto o amistad con alguna autoridad. Desesperado, acudes a levantar tu denuncia al Ministerio Público, en donde, con la misma velocidad del relámpago, archivarán tu carpeta de investigación, sobre todo si es día de quincena y les toca hacer la tan famosa “estadística”, ya que recordemos que nuestras queridas autoridades se manejan sobre cifras, no sobre realidades.
Vivimos una época tan insegura, que ya hasta los focos del exterior de las viviendas se están robando. Algo no está bien, y la autoridad tiene más compromiso con la obra pública que con la seguridad ciudadana. Nunca antes se había visto tanto robo a transeúnte, tanto linchamiento de delincuentes, como en la actualidad. Incluso los mismos agentes de la ley tienen miedo de hacer su labor, porque saben que a la menor queja del ciudadano, irán a parar al banquillo de asuntos internos, o peor aún, a los escritorios de las Agencias de la Procuraduría de Justicia. Chistosamente, en las Agencias del Ministerio Público tienen todos los datos de identificación de los hombres de bien, de aquellos que tienen un empleo estable, que trabajan, que pagan impuestos, que pagan predial y tienen licencia de conducir, pero en contraste, no tienen los datos de identificación de aquellos cuya única función es perjudicar a los demás.
Necesitamos con urgencia una mesa de trabajo, en donde todos los responsables de esta escena trágica, homologuen criterios en pro del bienestar de los hombres y mujeres de bien. Necesitamos autoridades dispuestas a escuchar la voz del pueblo, quienes desesperadamente soportan esta situación. Los legisladores deben de abocarse a hacer leyes realmente eficientes que cierren las puertas a la delincuencia; la Procuraduría de justicia debe enfocarse a hacer verdaderas investigaciones y dejar de fabricar y manipular expedientes con la única finalidad de justificar su trabajo dejando inocentes en las prisiones; Derechos humanos debe de enfocarse más en los humanos y no en la escoria social; Seguridad pública debe de comprender que los ciudadanos somos todos, y no sólo aquellos que pertenecen a la clase alta, y así como reciben la consigna de cuidar comercios, deben de vigilar las calles, ya que no sólo las farmacias y las gasolineras son víctimas de los asaltos; el poder judicial debe dejar de bailar al vals con el Ministerio Público y tomar decisiones independientes, y ser los primeros en amonestar a la autoridad ministerial cuando hacen mal su trabajo, o peor aún: manipulan pruebas.
Me gustaría ser más extenso en mi discurso, pero tengo miedo a que en el trayecto, me roben las palabras. Un abrazo fraternal.
