Hace algunas décadas, algunos tratadistas establecían que algunas de las diferencias entre el derecho y la moral era la interioridad y la exterioridad, es decir, que para que una conducta tuviera repercusión en la vida de un ser humano, tendría que exteriorizarse, o sea realizarse en el mundo fáctico, solamente de esta forma podría el derecho intervenir en su resultado y la moral, puede sancionar un juicio de valor, entrando en la conciencia de un individuo; espero no haberle confundido con esta explicación tan llana. En pocas palabras, la moral puede intervenir en el pensamiento de un individuo, el derecho no y necesita ejecutarse una acción para que pueda haber una consecuencia o una sanción. Se lo voy a poner así, si a Usted se le ocurre llamar por teléfono a un amigo y proponerle realizar una acción ilícita, aunque usted nunca llegue a realizarla podrá ser sujeto de investigación, acoso y hasta hostigamiento porque ¿qué cree?, puede existir el riesgo de que Usted haya sido escuchado. Déjenme ser irónico, al mencionar que puede ser que hasta sus pensamientos puedan acarrearle problemas, es esto lo que conocemos como la interioridad y la exterioridad de las conductas, por lo que estaremos lejos de lograr lo que afirmaba el tratadista Stammler: “La justicia es la comunidad de hombres de voluntad libre y autónoma” y a aquéllos que no estaban de acuerdo con él, les manifestaba que no estaba reclamando un hecho sino una aspiración, sigamos adelante.
Así las cosas se ha puesto de moda en el mundo y también en México la práctica del espionaje al salir a la luz pública, que a ciertos personajes se les interviene en la comunicación que realizan a través de sus aparatos electrónicos, invadiendo su privacidad.
Me parece oportuno que hagamos un pequeño paréntesis para establecer la diferencia entre el espionaje y la intervención de comunicaciones privadas y para esto me baso en el artículo 127º del Código Penal Federal que establece: “Se aplicará la pena de prisión de 5 a 20 años al extranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar una posible invasión del territorio Nacional o de alterar la paz interior tenga relación o inteligencia con persona, o Gobierno extranjero o le dé unas instrucciones o consejos”. Y el mismo Código pero en su artículo 177º establece que: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.”
En este orden de ideas, hay una diferencia entre la palabra espionaje e intervención telefónica pero lo cierto es, que en el argot del común denominador de los mexicanos es lo mismo, se entiende que es escuchar, acechar, acosar, husmear como si fuera un fisgón. La cuestión es, que se puede invadir la esfera privada de cualquier persona al azar, que se le haya considerado como una amenaza para cierto grupo o bien, lo más peligroso, para el Estado.
Sin lugar a dudas, el Estado debe de ser el primer garante del derecho a la información que tienen los ciudadanos, pero con lo que estamos diciendo el libre albedrío y la libertad de pensamiento, están siendo vulnerados y atacados, lo que he expresado en esta columna pareciera cosa menor porque créanmelo ustedes esto ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo, pero por el contrario, desde mi perspectiva esta situación es grave y por supuesto que atenta contra la cultura de la transparencia y por ende, de la rendición de cuentas porque si no se tiene la seguridad de que en un Estado que se dice democrático, se van a respetar los derechos fundamentales de la libre expresión de las ideas, del discernimiento, de la sana crítica, y de cualquier comentario, estamos aceptando de facto que aquellas personas que disientan de las políticas gubernamentales pueden ser objeto de opresión, muerte o tortura.
Las formas de observación y control están a la orden del día, hablamos de los famosos drones, los cuales a partir del 2015 fueron regulados por la SCT, éstos pueden recolectar o almacenar datos confidenciales y ahora no sólo son usados por los militares sino por particulares o bien empresas privadas. El asunto empieza a tomar dimensiones alarmantes puesto que es de todos conocido que en México era una costumbre, el control político por medio del espionaje, pero ahora al descubrirse como todo un emporio, que genera cantidades exorbitantes en ganancias, que compra un sistema sofisticado de software conocido como “Pegasus”, la cosa cambia porque la interrogante es a qué personas van dirigidas las intervenciones, y no se necesita adivinar mucho para entender quiénes son los elegidos. En nuestro país, “se prohíbe tener un pensamiento crítico y analítico”, también está prohibido ser divergente, ni siquiera se puede pensar que se busquen alternativas o posibilidades creativas que no sean las del gobierno; se prohíbe disentir, es decir, que un mexicano no puede dejar de ajustarse, al parecer, del Estado.
So pretexto de la Seguridad Nacional, la cual se encuentra perfectamente definida en la ley de seguridad, como las acciones de manera inmediata y directa a mantener la integridad, la estabilidad y permanencia del Estado mexicano, considero y estoy de acuerdo en que exista una inteligencia y planeación en la agenda nacional de riesgos de amenazas a la seguridad, que haya recolección, procesamiento y análisis, que haya estrategia, táctica y operatividad destinadas a satisfacer la misma claro que estoy de acuerdo en que el Estado sea garante en la integridad y estabilidad de nuestro país frente a los riesgos o amenazas, que fomente la soberanía de nuestro territorio, que defienda al país frente a otros Estados o sujetos de Derecho Internacional, en eso coincido pero lo que nunca debemos soslayar es la libre expresión de las ideas, consagrada en nuestros artículos constitucionales 6º y 7o , la cual se fundamenta en la Convención Americana de Derechos Humanos y que establece en su articulado: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y acción, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, etc. Es lamentable, que según información de “Animal Político” se han filtrado 24 grabaciones que se han denunciado ante la PGR por espionaje, pero en un término aproximado de 14 años no hay una sola persona o empresa que haya sido condenado por dichos delitos. Vivamos una auténtica democracia.

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