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‘QUIERE’ MAYO GANARLE A MARZO

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Hasta este 15 de mayo el ritmo de la violencia criminal organizada se mantiene con la misma incidencia del mes de marzo, que hasta ahora es el más violento en la historia de la entidad.

Las detenciones de importantes grupos criminales no parecen inhibir en esa arremetida criminal entre bandas enemigas y contra autoridades.

Solo en la jornada del jueves 14 y hasta el amanecer de este 15 de mayo, seis ciudades de Guanajuato acumularon un total de 14 homicidios dolosos,

Las 4 más violentas, a la cabeza León, son Celaya, Salamanca e Irapuato, también con homicidios en Juventino Rosas y Pueblo Nuevo.

Salamanca sumó 4 asesinatos mientras Irapuato tiene un homicidio doloso y el descubrimiento de restos humanos en bolsas de plástico que podrían contener, según versiones extraoficiales, los cuerpos de hasta 3 individuos.

La suma total de asesinatos contabilizados solo por eventos confirmados públicamente alcanzaba la mañana de este viernes 15 de mayo un total de 162 en 25 municipios guanajuatenses.

En marzo la incidencia de homicidios dolosos en la entidad se ubicó en 357, según los conteos de hechos conocidos públicamente.

Las cifras oficiales se conocerán la semana próxima a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

En la contabilidad de El Heraldo, sigue León a la cabeza en incidencia de homicidios dolosos, con un total de al menos 40.

Por otra parte, esta semana la Fiscalía General del Estado hizo dos anuncios relevantes en relación con la persecución del delito.

Uno fue referente a las condenas de entre 32 y 93 años de cárcel que fueron impuestas a presuntos integrantes del grupo criminal de Michoacán, que operaba en Irapuato, Silao y Cuerámaro.

La condena fue impuesta por secuestro agravado en dos casos y por secuestro agravado y homicidio en otros tres casos, en diez años de hechos criminales juzgados.

Por otra parte, la misma fiscalía dio a conocer la captura de diez presuntos integrantes de un grupo criminal que operaba en Irapuato, sin precisar a qué organización criminal pertenecen, ni qué delitos les investiga.

En el primero de los casos se puede apreciar de manera indirecta la dificultad que plantea el construir, sostener y probar las acusaciones contra criminales hasta obtener una sentencia condenatoria. En este caso, la sentencia tardó una década, al menos.

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