Abro mi columna esta mañana, citando el art. 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su apartado “A”, inciso I, establece con toda precisión lo siguiente:
“I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;” Tomando como premisa mayor, se debe entender que por un lado no debe de haber abuso de poder por parte de la autoridad para crear culpables cuando estos son inocentes y por otro lado vencer la impunidad que tanto daño ha causado en el imperio de la Ley, para que finalmente después de la decepción social quedara la víctima u ofendido olvidada en el proceso penal. Por lo que ahora esta nueva forma de ver el derecho empodera a la víctima con una participación activa, como parte material e incluso con un asesor jurídico, como coadyuvante del Ministerio Público, así, se cristaliza la tan anhelada reparación del daño con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución en controversias en Materia Penal.

Ahora bien, cobra especial relevancia que en León se haya resuelto el primer Juicio Oral, seguido por el delito de homicidio de un hecho que acaeció del día 3 de Junio del año 2016 y que el mismo finalmente se resuelve en menos de un año.

Vale la pena resaltar, que según las noticias que se conocer el día 3 de Junio del año 2016 el C. Julio César N. tuvo un enfrentamiento con su contrincante al que pateó en el suelo, tras derribarlo por la espada, estos hechos sucedieron en la Col. Jardines de Loma de Medina.

En este tenor, la idea de que el Ministerio Público dejara de tener el monopolio de la acción penal, parece ser que empieza a tener importancia, aunque es de todos sabido que como desde siempre el Ministerio Público se le consideraba un órgano técnico, ahora las víctimas podrían ejercer la acción penal privada, pero esto tendrá que esperar algún tiempo para poder observar éxito en el mismo, habida cuenta que aun hacen falta más herramientas y generar el andamiaje suficiente para que las victimas puedan tener la posibilidad de obtener la reparación del daño sin la intervención del Ministerio Público.

Por otro lado me permitiré ahondar en el tema de la defesa adecuada, la cual contempla el artículo 121 del Código Nacional que garantiza la defensa técnica, que establece como un requisito lo siguiente: “Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro.

Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para designar un nuevo Defensor. Si prevenido el imputado, no se designa otro, un Defensor público será asignado para colaborar en su defensa.

Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución.

En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio”
En esta tesitura, es menester que tanto el Ministerio Público, como el defensor particular o de oficio, deben contar en este sistema acusatorio adversarial con habilidades muy particulares, no solamente del lenguaje jurídico, sino también que deberá plasmar a través de un dominio del asunto que ocupe cada hecho delictuoso, es decir, deberá tener de acuerdo a una estrategia, bien definida con antelación, su teoría del caso.

Debemos apuntar, que si bien es cierto el Ministerio Público, ha dejado de tener la posibilidad de realizar investigaciones en forma oculta, ahora toda información deberá ser compartida con el imputado y su defensa, lo que al final del representa en el proceso, la igualdad de armas.

Retomando el caso en el cual el Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años y de alguna manera es digno de reconocer que hizo lo que le incumbía para procurar que el culpable no quedara impune, sin embargo, este comentario lo hago con las reservas que ocupa este juicio oral, porque finalmente habrá que explorar si tuvo una defensa adecuada y técnica.
Por lo pronto me gustaría hacer dos últimos comentarios, a partir del año 2008 que se dio la reforma donde se cambió de los juicios tradicionales de forma escrita a los juicios acusatorios adversariales, han transcurrido cerca de 9 años en el plano nacional, y particularmente en la ciudad de León, es apenas el 1 de Junio del 2016 que entro en vigor este nuevo código, por lo que los abogados leoneses se han empeñado en estudiar y prepararse para estar a la altura de las expectativas que se ocupan en los juicios de oralidad penal.
Por hoy, habrá que brindarle un reconocimiento a todo el cuerpo de la Procuraduría que participó en este proceso para evitar la impunidad.

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