Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León no pudieron llegar a un acuerdo por unanimidad en la asamblea que se convocó este lunes para elegir al nuevo presidente del organismo y relevar a Gustavo Guraieb Ranth.
Se revisaron algunos de los perfiles que propusieron las cámaras y organismos empresariales, entre ellas Canaco, Coparmex y Ciceg pero al final se acordó ampliar las propuestas en una segunda convocatoria de asamblea para designar a su representante.
A primera convocatoria de asamblea que se realizó este lunes asistieron el Presidente de Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez; el Presidente de la Ciceg, Luis Gerardo González García; el Presidente de Cicur, Ernesto Vega Guillot; el Presidente de Apimex, Daniel Tavarez Romero; el Presidente de la CMIC Guanajuato, Guillermo Ramos Mena y el Presidente de Canacintra León, Rene Solano Urban.
Como era una primera reunión para revisar los perfiles del relevo de Gustavo Guraieb Ranth no asistió y tampoco estuvo el Presidente de Canaco León, Gabino Fernández, de acuerdo con la versión que ofrecieron los representantes de los organismos que asistieron a la reunión ayer en la mañana en una de las salas de Poliforum León.
Hay un perfil que impulsa la cadena cuero, calzado y proveeduría junto con otro que propuso la Coparmex Zona Metropolitana de León. El representante del sector patronal explicó que en esta primera reunión se analizaron los perfiles que mandaron las cámaras pero confirmó que aún no se llega a un acuerdo.
El representante del sector calzado también se refirió a la revisión que se hizo de los perfiles, en esta primera asamblea, y explicó que van a tener que integrar a más personas para definir a su nuevo representante.
Guraieb Ranth concluyó su segundo periodo al frente del Consejo Coordinador Empresarial a finales de septiembre, pero por motivos de agenda de los presidentes de las cámaras que integran el organismo, no se había celebrado la asamblea para elegir a su nuevo representante.
Los empresarios acordaron la revisión de más empresarios, buscan un perfil que sea crítico y autónomo pero sin que eso signifique un rompimiento con las autoridades municipales y estatales, con quienes buscan incidir en las políticas públicas para impulsar la competitividad y el Estado de Derecho.
En la reunión de este lunes se acordó además revisar la metodología para la valoración de cada uno de los perfiles que logren la representatividad del sector privado en León. La decisión debe ser por unanimidad, no existen criterios de mayoría en la votación de su nuevo presidente.
Los nombres de los posibles candidatos a ocupar el cargo de Presidente del Consejo se han mantenido en el anonimato para evitar un desgaste innecesario en la definición del método de selección.
La definición del nuevo representante de los empresarios leoneses está blindada de las tentaciones de los partidos políticos y del gobierno, que cada vez que hay un relevo en el seno del Consejo, busca incidir con un empresario afín a sus intereses. Este es uno de los aspectos más relevantes que cuidan los empresarios en la designación de su Presidente una vez que el año siguiente viene un proceso electoral complicado.
En los próximos días se hará una segunda convocatoria para la asamblea del Consejo, lo que es seguro es que van a ampliar los perfiles de candidatos, con la finalidad de cumplir a cabalidad con uno de los criterios que ya establecieron, la independencia del gobierno y un ejercicio crítico del liderazgo empresarial que los represente.
DIENTES
El Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg), Luis Gerardo González García, se reunió la semana pasada con el Jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, para reiterar la necesidad que poner “dientes” a la revisión de importaciones de calzado subfacturado que entra al país.
Lo anterior, en el marco de la Mesa Contra la Ilegalidad que instauró Concamin Nacional junto con las autoridades federales a fin de frenar las prácticas de comercio desleal que afectan a los sectores industriales como calzado, textil y vestido, entre otros.
El representante de los zapateros aprovechó la reunión con los funcionarios del SAT para alertar sobre el ingreso de calzado con precios debajo del costo de insumos y la falta de agilidad en la supervisión y auditorías a los importadores.
Los representantes del sector calzado, textil y vestido unieron su reclamo a las autoridades federales debido a que se incrementó el ingreso de productos por debajo de los precios promedio que tiene el SAT y solicitaron mayor energía para actuar contra los importadores que incurren en este tipo de prácticas.
También se planteó al Jefe del SAT que no tarden tanto las auditorías a los importadores porque se ha detectado que cuando hacen los depósitos de garantía por sus importaciones, no se realizan de manera expedita las revisiones por la dependencia federal y luego se tiene que regresar el dinero sin tener la certeza de que no incurren en subfacturación de los productos.
La justificación que dio Santín Quiroz a los industriales mexicanos, respecto al relajamiento de las medidas de revisión y auditorías a los importadores, es que el SAT tiene como prioridad en estos momentos los operativos en las aduanas para frenar el contrabando de armas y drogas.
Es un tema de seguridad que es de vital importancia para el gobierno federal pero no deben dejar de lado la revisión a los importadores de textil, vestido y calzado, que encontraron nuevas formas para ingresar su mercancía con precios por debajo de su costo real.
Por otra parte, Luis Gerardo González García reconoció que el problema de fondo para frenar a los voraces importadores es que las medidas que contempla el decreto para la protección de la industria tradicional se convierta en un reglamento o nueva Ley Aduanera.
Pero desafortunadamente es un asunto que corresponde al Congreso de la Unión determinar y los partidos políticos tienen una agenda distinta por ser un año electoral, por lo que se va a dificultar que antes de que concluya el decreto, en diciembre de 2018, se tengan herramientas legales para frenar a los importadores.
Aun así, los zapateros ya realizan cabildeos con los representantes de los distintos partidos políticos para que se sensibilicen de este problema que afecta la economía, empleo, inversión e ingreso de las ramas industriales nacionales y ayuden a sacar una nueva Ley Aduanera.
DESECHAN
El Auditor Superior del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar, desechó la solicitud que presentó la diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, respecto a la demanda que realizó para investigar y castigar el quebranto de más de 33 millones de pesos en que incurrió la administración panista 2006-2009 al invertir los recursos públicos en Metrofinanciera.
La legisladora planteó que el Congreso del Estado de Guanajuato dio carpetazo al caso del quebranto financiero por 33 millones de pesos en que incurrieron funcionarios panistas en la administración de Vicente Guerrero Reynoso, dentro de la denuncia que presentó hace una semana.
El titular del órgano de fiscalización argumentó en su respuesta fast track a la diputada federal del PRI que su solicitud era desechada porque ya había sido aprobada la cuenta pública por el Congreso del Estado, respecto al periodo donde se registró el quebranto financiero y que se trataba de hechos notoriamente improcedentes.
En agosto de 2012, cuando se aprobó la cuenta pública del año en que se registró la minusvalía de la inversión municipal (2009), ya se había determinado un procedimiento para recuperar 22 de los 33 millones de pesos que fueron invertidos en la Metrofinanciera. Apenas este año, en la administración municipal se informó que los recursos ya no podrían ser recuperados mientras que hay un juicio para la recuperación que sigue vigente.
Ante la respuesta que recibió el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, Botello Santibáñez cuestionó a Javier Pérez Salazar por desechar la investigación sobre este quebranto a las arcas públicas de León.
Aseguró que era lamentable que rechacen sancionar a quien cometió esta ilegalidad de invertir sin la autorización del Ayuntamiento los 33 millones de pesos porque se dejaron de hacer obras como escuelas, parques, espacios deportivos e infraestructura social para la población y no haya un responsable de la mala decisión de la inversión.
Acusó que en Guanajuato la justicia es selectiva, porque por un lado se usa al órgano de fiscalización para la persecución de los adversarios políticos y por otro lado se perdona la corrupción de los funcionarios panistas, en colusión con el Congreso del Estado, donde el PAN tiene mayoría.
Adelantó que se recurrirá a otras instancias para que se ponga fin a la corrupción de los gobiernos panistas y cese la cacería a quienes son oposición, porque en el Congreso del Estado es complicado abrir este tipo de investigaciones cuando el PAN se dedica a proteger los casos de corrupción de sus militantes.
