El alcalde Héctor López Santillana confirmó ayer la entrega de los 100 millones de pesos que estaban destinados al Fideicomiso para la Seguridad Pública de León (para reforzar la Corporación de Policía, la estrategia de inteligencia y la reconstrucción del tejido social), a la construcción de un cuartel militar en Irapuato, que tendrá hoy temprano una respuesta por parte de los organismos del sector privado y organizaciones de la sociedad civil que no están de acuerdo con esta medida.
Ayer, algunos de los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia alistaban una respuesta puntual a la decisión preliminar que anunciaron las autoridades estatales y municipales en corto a quienes asistieron a la visita del cuartel militar de Apocada, Nuevo León, y donde lo único seguro es que van a alzar la voz porque no se respetó un acuerdo en el que se invirtió tiempo, dinero y esfuerzo por parte de la sociedad civil.
El Consejo Coordinador Empresarial de León había anticipado que dar marcha atrás a la entrega de recursos de los proyectos estratégicos que administraría el fideicomiso sería muy costoso para los leoneses porque se perdería la credibilidad en las autoridades, quienes ahora enfrentan el reto de reducir el alza en los índices de inseguridad.
Dentro del grupo de análisis de la Mesa de Seguridad y Justicia se planteaban algunas alternativas para que no se quitaran todos los recursos estatales y municipales ofrecidos al fideicomiso, 50 millones de pesos cada una de las partes, luego de que se condicionó mantener el esquema a cambio de una aportación peso a peso entre empresarios y autoridades.
Por otra parte, se cuestionaba cuál sería el costo-beneficio que tendría el cuartel militar en la ciudad de Irapuato para los leoneses, y cómo incidiría la presencia del Ejército en la reducción de los delitos que toca atender a las policías locales.
Algunos de los integrantes de la Mesa externaron su preocupación sobre que la base militar se convierta en otro proyecto sin los resultados esperados como la plataforma tecnológica que se ofreció al arranque de la administración y que no ha permitido reducir la incidencia delictiva en la entidad, en especial, en los municipios de León, Irapuato y Celaya, que están consideradas como tres de las 50 ciudades más peligrosas en el país.
Pero también hay una corriente dentro del organismo ciudadano que tomó con tranquilidad la decisión de las autoridades y empezó a correr el lápiz para buscar alguna alternativa que permita mantener el fideicomiso para la seguridad y los tres proyectos estratégicos que ya se tienen bastante avanzados para su instrumentación.
Al final de cuentas, la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos es de los tres órdenes de gobierno y los recursos que aporta la sociedad a través de sus impuestos deben estar reflejados en los presupuestos que ayuden a combatir la violencia e inseguridad que azota esta ciudad.
Ojalá este tema no vaya a polarizar las posturas de las autoridades y ciudadanos frente a la delincuencia organizada porque las consecuencias serán poco favorables para la sociedad al cierre de la administración gubernamental y de cara al próximo proceso electoral.
Por lo pronto, las autoridades municipales justificaron que la construcción del cuartel militar, que iba a estar en León y luego se canceló, era una acción emergente y estratégica en vez de reforzar los cuerpos de seguridad pública, recomponer el tejido social y fortalecer la inteligencia de quienes enfrentan la delincuencia.
Quizás pueda quedar alguna posibilidad de que el Fideicomiso para la Seguridad Pública de León no desaparezca definitivamente aunque falta ver si los organismos empresariales y organizaciones no gubernamentales siguen con este proyecto o lo dejan de lado. Esto se sabrá con mayor precisión este viernes temprano.
Para algunos será incomprensible la decisión de quitar el dinero para fortalecer los cuerpos de seguridad pública e invertirlo en instalar la base militar en el estado y para otros traer a la Policía Militar es la única esperanza de que se recomponga la seguridad en el estado luego del deterioro de los índices delictivos.
Una vez más los actores sociales y políticos estarán a prueba y serán observados por los ciudadanos, porque para alcanzar un consenso se requiere de diálogo sin condicionamientos, y más en temas relacionados con la seguridad. Si cada quien va por su lado, todos perdemos, eso no lo deben perder de vista.
POSTURAS
Ayer, la legisladora federal del PAN, Alejandra Gutiérrez, presentó a nombre de los diputados panistas de Guanajuato una iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional para establecer prisión preventiva por portar armas de uso exclusivo del Ejército o las Fuerzas Armadas sin el permiso correspondiente.
El propósito de la reforma es que las instituciones de procuración y administración de justicia dispongan de herramientas que permitan combatir con mayor eficiencia la delincuencia organizada y castigar con leyes más severas a quienes cometen delitos graves y abatir la impunidad.
Refirió que dadas las características de tipificación del delito hay presuntos delincuentes que hacen uso de armas de fuego y enfrentan su proceso penal en libertad, al no ser un delito grave que amerite prisión preventiva oficiosa. En el mejor de los casos, únicamente se aplica una multa como sanción.
Detalló que la propia Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del año 2015, apunta a que un 45 por ciento de los 17 millones de delitos cometidos en el país fueron realizados con armas de fuego. Por otra parte, existen estadísticas que indican que solo una de cada 300 armas en el país están registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Casi después de que se presentó esta iniciativa de reforma y se turnó para su análisis, la diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, contestó a sus compañeros del PAN en la Cámara de Diputados para aclarar que uno de los párrafos de este artículo que se pide cambiar ya hace referencia a los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en donde el juez debe ordenar la prisión preventiva de oficio.
Detalló que el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevé que quien porte sin permiso un arma de uso exclusivo del Ejército será sancionado con penas de prisión que van de los tres meses hasta los 15 años.
Refirió que esta iniciativa de los panistas, muestra su desconocimiento de la ley y que trata de justificar la falta de atención al aumento de homicidios y la debilidad de las instituciones de seguridad en la entidad.
Según sus cifras, la incidencia delictiva aumentó en el primer trimestre del 2017, en comparación con los datos registrados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
ADUANA
La directora del DIF Municipal, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, tuvo una aduana complicada en su comparecencia ante los integrantes del Ayuntamiento, principalmente ante representantes de los partidos de oposición (PRI y PVEM) durante la mañana de este jueves.
El objetivo de la comparecencia solicitada por los regidores de oposición al PAN fue que explicará los programas, metas e indicadores y algunos aspectos relevantes del proceso de homologación de perfiles dentro del organismo municipal.
La primera parte de la presentación sirvió para presentar que es el DIF y cuáles son sus principales programas y estructuras de operación que tiene para atender a los grupos más necesitados y vulnerables que viven en esta ciudad.
Explicó que tiene 28 programas bajo su cargo, seis direcciones con 417 empleados, servicios como estancias infantiles, preescolar, desayunos escolares, talleres de desarrollo humano, centros de apoyo contra la violencia intrafamiliar y contra la mujer, atención a personas con discapacidad y adultos mayores, asistencia jurídica y social entre otras actividades que le permitieron el año pasado atender a 134 mil personas con 290 mil servicios.
Al entrar el tema de la homologación detalló cuánto ganaba una licenciada en educación, seis mil 207 pesos mensuales y ahora subió a 10 mil 200 pesos; un técnico radiólogo que ganaba 4 mil 424 pesos y ahora 10 mil 206 pesos o un coordinador jurídico 11 mil pesos y ahora 22 mil 44 pesos.
Afirmó que solamente se crearon 19 plazas nuevas y se dieron de baja 14, de las cuales cuatro estaban vacantes, cuatro en proceso de jubilación, tres como asociados participativos, dos en proceso de liquidación y una reubicación. Nada más y nada menos.
Las dos primeras intervenciones de los regidores del PAN, Ana María Esquivel y Jorge Cabrera, de nada sirvieron para atenuar las críticas que le hicieron luego tanto Sergio Contreras del PVEM o Norma Patricia Zúñiga del PRI.
Evidenciaron que no había datos precisos; que las respuestas eran bastante vagas porque se carecía de la información financiera básica que explicara algunos detalles de la estructura de programas y personal; del costo del abogado laborista que hizo la negociación con empleados y hasta se cuestionó cuál era la misión social del DIF, tener un rostro humano, cuando se despide a un trabajador con 23 años de estar laborando en la institución y a poco menos de un año de iniciar su proceso de jubilación por la reestructura salarial que no aceptó.
La falta de respuestas fue aprovechada por los regidores de oposición que de plano se ensañaron con la funcionaria municipal. Tuvo que venir el responsable del proceso de homologación para decirle que la información estaba en el portal de transparencia del municipio desde hace tres semanas o dar como salida que esas preguntas no eran el motivo de la comparecencia y que podrían citarla a otra para explicar el tema financiero y operativo de los programas.
La intervención del regidor Jesús Vázquez fue oportuna para ofrecer una salida a la funcionaria, pidió que sea el Consejo de la Contraloría Social quien evalúe los programas y metas del DIF y sean ellos quienes emitan recomendaciones para mejorar su desempeño. Finalmente, el alcalde hizo lo propio, ofreció una mesa de información financiera para disipar todas las dudas de los regidores de oposición que de plano, al ver la falta de datos, buscaron exhibir a Rodríguez Vallejo.
