VIOLENCIA
Ayer en la mañana, cuando salía a llevar a su hijo a la escuela, fue asesinado el Director de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte, Protección Civil y Bomberos de Apaseo el Grande, Comandante José de Jesús Salgado Ramírez, un hecho que se suma a una larga cadena de muertes en ese corredor del estado.
El alcalde Gonzalo González Centeno salió a dar la cara después de darse a conocer estos lamentables hechos, en un municipio que ha sido azotado por la violencia a pesar de los operativos de los cuerpos estatales y federales en la zona.
En conferencia de prensa, expresó su pesar, al punto de llanto, sobre el deceso de su colaborador directo y amigo, quien perdiera la vida en un ataque directo en su domicilio y prometía dar con los responsables del asesinato.
A pesar de la situación, aseguraba que ahora el compromiso de su administración era más fuerte y que ya había avisado a las Fuerzas de Seguridad del Estado de Guanajuato, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Ejército, quienes llegaron poco después de los trágicos hechos.
Despidió a su colaborador y amigo con un minuto de aplausos y luego respondería a los medios de comunicación que no sabía si había recibido alguna amenaza que pusiera en riesgo su vida. Y finalmente ofrecía que darían el apoyo incondicional a la familia del funcionario asesinado.
Luego, el Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, llegó al municipio para tener una reunión con el alcalde y anunciar una serie de medidas conjuntas con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Prometió que se asignaría el personal necesario para esclarecer de manera ágil el homicidio y dar con los responsables de dar muerte al Director de Seguridad Pública, mientras el personal a su cargo levantaba evidencias y recababa datos en el domicilio del funcionario y se cruzaba información que proporcionaba el grupo de inteligencia de la Procuraduría.
Incluso mencionó que tenían algunas hipótesis para investigar y que no quede impune el asesinato de quien estaba al frente de la seguridad en Apaseo el Grande, lograremos detener a los responsables, se comprometió frente al alcalde.
Sobre los motivos del ataque, refería que en esta zona no había día donde no hubiera operativos y cateos, en los cuales se detenían personas dedicadas a diversas actividades ilícitas, se aseguraban vehículos e hidrocarburo robado. Los operativos eran permanentes y así seguirían.
Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ratificaba que se fortalecerían las acciones conjuntas en las tareas de seguridad y el despliegue necesario para el esclarecimiento del asesinato, bajo el Grupo de Coordinación Guanajuato en Apaseo el Grande y la región, a donde se asignó el personal necesario para ampliar las acciones que restituyan la tranquilidad en el municipio.
Lo que sucedió ayer es grave, por la mecánica del hecho en que se arrebató la vida al Director de Seguridad Pública y por el impacto que tendrá en un municipio que tenía puestos los ojos del mundo por la instalación de una de las armadoras japonesas más importantes a nivel internacional y que ahora se tiñe de sangre a la par de que avanza su crecimiento económico.
EFECTOS
Hasta ahora, la única versión que se ha expresado sobre la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para restituir el fallo sobre la licitación de la basura a petición de una de las empresas que participaron en el proceso, es la que han proporcionado los integrantes del ayuntamiento y el partido político que ostenta la presidencia municipal, pero hay otro punto de vista legal que, al confrontarse con la postura oficial, podría dar luz sobre las consecuencias que tendría para el municipio cambiar el sentido del fallo, entre ellas la posibilidad de incurrir en un abuso de autoridad y por otra enfrentar una demanda millonaria de las empresas que ya habían sido favorecidas por la concesión.
Pero vayamos por partes, en primer lugar, hay que definir, desde el punto de vista legal, los efectos y alcances de la sentencia a cumplir dictada en el juicio que promovió JS Hermanos y las consecuencias del incumplimiento.
El resolutivo del Tribunal declaró la procedencia de la nulidad para los efectos, el fallo, no para reponer todo el proceso de la licitación, es decir que se pidió única y exclusivamente fundar y motivar el fallo bajo el cual se declaró ganadores a Red Recolector y Gisa, lo que implica analizar la propuesta de JS Hermanos en confrontación con estas y se resuelva atendiendo los principios establecidos en el 134 Constitucional.}
La confrontación no podría comprender al resto de las empresas porque la sentencia únicamente benefició a JS Hermanos, empresa que promovió el juicio de nulidad, y en el caso de esta propuesta dentro de la licitación resultó más cara y la que representaba mayor gasto para el municipio.
Por otra parte, declarar desierta la licitación o volver a convocar no sería una opción legal ya que no lo ordenó así el Tribunal, al dejar únicamente sin efectos el fallo de la licitación mientras que el resto de los actos subsisten y surten efecto legal como la justificación técnica y jurídica para otorgar la concesión, la convocatoria, las bases, la junta de aclaraciones, la presentación y apertura de propuestas técnica y económica, el dictamen técnico-financiero-legal-administrativo y los tres títulos de concesión. Apartarse o excederse en el cumplimiento de la sentencia tendría consecuencias para los integrantes del Ayuntamiento.
En el caso de que se entregue la concesión a otra empresa distinta a las actuales prestadoras del servicio tendría consecuencias jurídicas y económicas, ya que Red Recolector y Gisa ya hicieron una inversión para prestar el servicio al municipio y que está amparado con un contrato de concesión.
Si el municipio otorga la concesión a una empresa distinta enfrentaría posiblemente una demanda millonaria por daños y perjuicios ante las inversiones realizadas en adquisición de camiones, acondicionamiento de instalaciones, liquidación de personal y dinero que dejaría de percibir en los siguientes años de la concesión. A esto se agrega demandas de personas con derechos previamente adquiridos y el pago de las penalidades previstas en el contrato.
Falta ver cuáles son los criterios que utilicen las autoridades municipales que ayer, por cierto, acordaron solicitar una prórroga al Tribunal, mayor a los 15 días previstos en la ley, a fin de fundar y motivar el fallo.
REVERSA
La aprobación en el Pleno del Congreso del Estado de la nueva Ley para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos quedó en el aire luego de que las fracciones del PAN y PRD solicitaron regresar a la Comisiones para un nuevo análisis a partir de una observación de inconstitucionalidad que planteó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
En conferencia de prensa, previo a la sesión, los legisladores María del Sagrario Villegas Grimaldo, Araceli Medina Sánchez, Guillermo Aguirre Fonseca e Isodoro Bazaldúa Lugo dijeron que el propósito de votar en contra del dictamen era para generar un debate abierto e incluir la aportación de los actores claves a quien va dirigida la ley.
Y es que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato había enviado en la víspera de la sesión una serie de observaciones a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en la que se precisa que algunos artículos de la Ley contienen criterios que ya han sido declarados como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se advirtió al Congreso del Estado de la existencia de normas o fracciones similares en otras legislaciones en la materia que ya han sido declaradas inconstitucionales, casos que revisó la corte 84/2015 y 87/2015, que están en la esfera de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Una de ellas se refiere a la necesidad de acreditarse como periodista ante la autoridad y otra a los criterios fijados por la autoridad sobre cómo debe ser el ejercicio periodístico.
Por otra parte, se observó que las medidas de protección deben ser más agiles y no seguir la serie de pasos que planteaba la iniciativa elaborada por los legisladores, temas que ya habían sido planteados con anterioridad en las mesas de trabajo convocadas por el Congreso pero que finalmente no habían sido tomadas en cuenta.
Además un grupo numeroso de periodistas se apostó en la Sesión del Pleno a fin de hacer valer su voz y rechazar la iniciativa porque serían objeto de la ley sin haberse tomado en cuenta sus puntos de vista a plenitud.
Por otra parte, ayer en el Congreso del Estado se aprobaron las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para Guanajuato en donde destacan las referentes a la elección consecutiva de los alcaldes, síndicos y regidores además de diputados locales así como la paridad de género.
Ojalá que la pretensión de los partidos políticos por perpetuar en los cargos de elección popular a los legisladores, alcaldes, síndicos y regidores, no vaya a resultar contraproducente porque el hartazgo de los ciudadanos ante la franca ineptitud de quienes hoy desempeñan esas funciones en el Congreso y en los municipios, es más que evidente.
Respecto a la paridad entre los géneros se deberá cuidar que no se pongan a “juanitas” que solo sirvan para que los suplentes arriben al poder sin ir a una elección del voto entre los ciudadanos.
