La semana pasada, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Luis Gerardo González García, denunció el alza en las actividades ilícitas de contrabando y subfacturación de calzado en 2017 en un foro sobre combate al contrabando y delitos en materia de derechos de autor que organizó la Concamin.
El industrial zapatero se refería al creciente ingreso de calzado bajo condiciones ilegales que entraba vía importación por las aduanas del país a pesar de que el SAT y la SHCP cuentan con un instrumento de política pública destinado a proteger a los sectores industriales sensibles del país (calzado, textil y vestido) bajo la figura de un decreto presidencial que se publicó en 2014, y cuya vigencia concluye en diciembre de 2018.
Señalaba a las autoridades federales que al perder vigencia las medidas contra el comercio ilegal que establece el decreto era necesario transformar el instrumento en un nuevo mecanismo legal y establecer una nueva Ley Aduanera para frenar y castigar a los importadores desleales de calzado entre otros productos.
Luego vino una declaración del ex Jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, que participó en un Foro del IMEF Grupo Guanajuato para explicar un poco, desde su perspectiva, qué era lo que pasaba en el sector y qué pudo incrementar el ingreso de calzado bajo condiciones de subfacturación, con un precio por debajo del costo de insumos y mano de obra.
Hace apenas un mes en otro foro que organizó Concanaco, a mediados de septiembre, Núñez Sánchez consideró que era viable la petición de los zapateros de Guanajuato para instrumentar una Ley Aduanera en vez de un decreto porque tendría mas fuerza la acción del gobierno federal contra los importadores que recurrían a prácticas ilegales de comercio.
Adelantaba que aún con el cambio de administración, el SAT, las Secretarías de Economía y Hacienda iban a tener que extender los mecanismos de protección con una serie de instrumentos de política pública de segunda generación.
Pero el jueves, en el marco del Foro IMEF, el ex funcionario federal explicó que el ingreso de calzado bajo condiciones desleales se puede derivar de tres motivos fundamentales: el diseño de nuevos mecanismos de evasión de los importadores, la posible corrupción que pudiera existir en las aduanas del país y la más lamentable, derivada de importaciones de calzado de origen asiático que hacen industriales del gremio del calzado y que no han entendido el daño que generan a la planta productiva nacional.
El señalamiento fue claro porque lo dijo uno de los funcionarios federales más eficaces en los últimos años que le ha tocado combatir las prácticas ilegales de comercio en el sector calzado. Incluso se refirió a denuncias de los propios zapateros en contra de importadores que se alojaban en el gremio y que recurrían a ese tipo de operaciones de importación.
Otro planteamiento del ex Jefe del SAT es que los consumidores podrían contribuir a resolver este problema si se enfocaran a comprar calzado nacional en vez de adquirir un par de zapatos de mala calidad, poca durabilidad y que representa un riesgo para la salud por el contenido de sustancias que no son supervisadas por las autoridades sanitarias cuando ingresan los contenedores a México.
Este problema tendrá que ser revisado con prontitud por las autoridades federales debido a que impacta en la inversión, empleo, ingresos y crecimiento económico de una entidad donde la industria zapatera es uno de los sectores con mayor uso de mano de obra.
La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato tiene ahora una propuesta al gobierno federal y que se acordó con otros sectores industriales en la reunión de hace una semana y media.
En esta se reconoce el grave riesgo para la economía, la productividad y competitividad de la industria; la necesidad de que los tres órdenes de gobierno se involucren en la atención de la problemática para combatir estos delitos de contrabando y subfacturación así como desarrollar un sistema de inteligencia e información para una mayor eficacia en la lucha contra el comercio ilegal.
Finalmente, hay dos propuestas más, una relacionada con reformar las leyes y normatividad vigente para hacer más severos los castigos a los importadores, así como sensibilizar a los consumidores sobre los riesgos que representa adquirir productos apócrifos y de contrabando.
MÉTODO
La Comisión Permanente del PAN aprobó este fin de semana los métodos para seleccionar a sus candidatos a gobernador, diputados federales, senadores, así como la Presidencia de la República, en donde ratificó que en el caso de Guanajuato, serán sus órganos directivos quienes realicen una designación directa.
En el caso de la coalición electoral por la candidatura a la Presidencia de la República, el candidato se elegirá mediante el método que registre el PAN junto con los otros partidos ante el Instituto Nacional Electoral. De manera interna, su candidato propuesto será definido por una elección interna entre los militantes.
En el caso de los candidatos a diputados federales y senadores se elegirá por elección interna de los militantes en los casos de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Sinaloa.
En contraste, las entidades donde será designación directa del Comité Directivo Estatal serán Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas. Salvo el caso de Nuevo León, se registró un método mixto.
Aunque la Comisión Permanente del PAN determinó que cuando el partido concurra a alguna elección a través de cualquier modalidad de asociación con otros partidos, la selección se realizará conforme al convenio registrado ante la autoridad electoral respectiva, según se dio a conocer este viernes.
En el caso de Guanajuato, la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal propuso al PAN nacional que las candidaturas a la gubernatura, diputados federales, senadores, diputados locales, alcaldes e integrantes de los Ayuntamientos sea por designación directa. Es decir, que no habrá método de elección interna como tradicionalmente se realizó en las últimas elecciones.
El lunes pasado, el Presidente del Comité Directivo Estatal, Humberto Andrade Quezada, dio a conocer el acuerdo de su Comisión Permanente para recurrir a la designación directa en todos los puestos de elección popular para el proceso de 2018.
Lo anterior, justificó, derivado de las nuevas exigencias de la ley electoral respecto a los criterios de paridad de género, la elección consecutiva de alcaldes, integrantes de Ayuntamientos y diputados locales, así como la posibilidad de ir en un frente con otros partidos políticos como será a nivel nacional en la elección para candidato a la Presidencia de la República.
Ahora resta, que en el caso de Guanajuato, se defina cuáles serán los mecanismos para definir los perfiles de los aspirantes que pueden representar al partido en las elecciones del 2018.
Ya hay una propuesta que hizo el Senador Fernando Torres Graciano, bajo los criterios que ya han sido utilizados en otras elecciones en los estados, y que abarca mecanismos de evaluación del trabajo de los actuales funcionarios que busquen la reelección, dentro del partido y con la ciudadanía, entre otros esquemas para sacar candidatos competitivos de cara al reto que significa una elección federal, la alianza con otros partidos y repartir las candidaturas en un 50 por ciento para mujeres y otro 50 por ciento para hombres.
Se instalará una mesa de trabajo interna para definir el mecanismo bajo el cual serán evaluados los perfiles y que contenga criterios de equidad y competitividad, a fin de quitar de la percepción pública que el PAN optó por el dedazo vil en la designación de sus candidatos a puestos de elección popular.
En el interior del PAN queda la sensación de que la pelea entre los dos grupos que buscan la candidatura a la gubernatura del estado subirá de nivel en las próximas semanas porque ahora van a pelear cada posición para sus grupos afines.
CONTRAOFENSIVA
La petición de desafuero de la diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, que hizo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato esta semana, por un presunto peculado en que incurrió la ex alcaldesa por un monto de 1.5 millones de pesos, al haberse otorgado durante su administración seis contratos a tres empresas inexistentes, ya tuvo la contraofensiva el viernes.
La ex alcaldesa presentó dos denuncias, una respecto al quebranto al municipio en la administración 2006-2009 por casi 35 millones de pesos mal invertidos en la Metrofinanciera y la segunda por la contratación de personal en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que supuestamente estaba inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.
En el primer caso, la denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato se formuló una vez que este año se confirmó el quebranto del patrimonio municipal tras una larga batalla legal para la recuperación de la inversión que hizo la Tesorería en la administración de Vicente Guerrero Reynoso y que nunca fue recuperada. Fueron casi 35 millones de pesos los que se esfumaron de las arcas públicas sin que se castigara a los funcionarios responsables.
En su argumento, la diputada federal Botello Santibáñez dijo al titular del órgano auditor, Javier Pérez Salazar, que con la misma celeridad con que ha aplicado las auditorias a su administración, se dedique a resolver este tema que representa un quebranto al municipio de León.
Respecto a la segunda denuncia, se pidió al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que se separara del cargo por haber incurrido en una ilegalidad al contratar a una persona que estaba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública. Pérez Salazar contestó que la contratación fue hecha dentro del marco legal y que no había ninguna irregularidad debido a que el nombramiento fue aprobado por el Congreso del Estado.
En este caso se refieren a la contratación de Tomás Hernández Gaytán, quien según la legisladora federal fue nombrado aún cuando tenía un procedimiento de responsabilidad abierto por negligencia administrativa por el entonces Instituto Federal Electoral.
Esta persona habría sido inhabilitada por cinco años al concluir el caso pero no fue separado del cargo por el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, lo que pone en duda el respeto a la legalidad del órgano que supervisa el uso de recursos públicos.
A estas dos denuncias, se suma el pronunciamiento político del Comité Directivo Municipal del PRI en León, en donde se plantea que la acusación contra la ex alcaldesa es un chantaje político del PAN, quiere fichas de cambio ante la denuncia de corrupción contra Ricardo Anaya, presidente nacional del PRI, y porque quieren eliminar su participación como candidata en el 2018.
El regidor del PRI en el Ayuntamiento, Salvador Ramírez Argote, acusó al gobierno estatal y al PAN en Guanajuato de utilizar a la Procuraduría General de Justicia del Estado como instrumento de persecución política contra la ex alcaldesa, mientras que el presidente municipal del PRI, Denny Méndez, denunció la violencia política de género contra la legisladora federal, como lo evidencia el hostigamiento permanente del gobierno municipal y estatal.
Para los priistas lo más grave del asunto es que se utilice a una institución como la Procuraduría General de Justicia del Estado como instrumento de persecución política contra quienes hoy son la oposición del gobierno.
En un régimen democrático, este tipo de conductas ponen en entredicho el respeto a las libertades políticas ya que al final de cuentas, se montó un teatro para acusar de peculado a la ex alcaldesa cuando ni siquiera encuadra la responsabilidad que se argumenta en el caso de las tres empresas inexistentes.
Esta historia no terminará con la solicitud del desafuero y las denuncias presentadas por el PRI ante la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ya que seguirá en la disputa política y con mayor intensidad, en la medida que se acerque el proceso electoral del 2018.
