Inicio Columnas Mirilla 19/07/2017

Mirilla 19/07/2017

0

Los consejeros ciudadanos del Consejo Directivo del Fórum Cultural Guanajuato siguen sin dar la cara y, a través de un desplegado, expusieron a la opinión pública sus razones para despedir al director del Teatro del Bicentenario, Alonso Escalante, seis días después de que tomaron la decisión.
Califican la labor del director como personalista, egocéntrica, despectiva, arrogante, conflictiva y falta de lealtad para promover acciones que dañan su prestigio y del director del Fórum Cultural Guanajuato, quien por andar en “comisiones” tampoco ha dado la cara.
Explican que Alonso Escalante quería desprestigiar al director del Fórum para que fuera destituido; que los consejeros recibieron numerosos ataques firmados con seudónimos; que incurrió en desacato de las disposiciones del gobierno del estado; que señaló de manera despectiva hacia la comunidad que sólo hay zapateros, nuevos ricos y provincianos ignorantes; que empleados del teatro denunciaron acoso laboral y que afectó los derechos humanos del director del coro del teatro y que quería que los recursos destinados al Fórum fueran aplicados exclusivamente al área bajo su cargo.
En resumen, éstas son las conductas bajo las cuales, los integrantes del consejo ciudadano decidieron, por mayoría absoluta, no seguir tolerando los ataques y desprestigios contra ellos y el director del Fórum y lo despidieron.
Pero lejos de aclarar la situación, que podría empeorar este miércoles cuando se manifiesten los ciudadanos que se oponen a esa decisión, los consejeros ciudadanos lograron nuevamente unir a la opinión pública en su contra.
Y mienten porque, según lo expresado por el propio Alonso Escalante y el comunicado oficial que se envió el jueves pasado, en la noche se indica que había cerrado el ciclo del director del Teatro Bicentenario. Aunque dos días después el director del Fórum Cultural Guanajuato, Arturo Joel Padilla Córdova, detalló que la conducta soberbia del director que tenía siete años al frente del teatro era una de las razones fundamentales de su despido.
Alonso Escalante ha logrado algo no visto en la vida política y cultural de Guanajuato en las últimas décadas: unir a la opinión pública contra la decisión autoritaria de los integrantes del consejo ciudadano, que no rinden cuentas a nadie y permanecen con cargos vitalicios sin abrir espacios a la participación de otros actores sociales por ser un ejemplo de sumisión y complicidad del gobierno en turno.
Los resultados que ha tenido el Teatro del Bicentenario, al convertirse en un referente nacional e internacional de la ópera, son reconocidos por artistas mexicanos que nada tienen que ver con las relaciones de poder que prevalecen en Guanajuato ni entre quienes ostentan un poder plenipotenciario sobre el destino cultural de la entidad.
Hasta el Observatorio Ciudadano de León cuestionó la decisión “oscura” que tomaron los consejeros dizque ciudadanos que participan en el Fórum Cultural Guanajuato. El punto central del debate es ahora con quienes consultaron la decisión de correr al primer director del Teatro del Bicentenario, quien ha tenido sin duda una gestión exitosa porque acercó a los leoneses a expresiones artísticas de gran calidad.
Quizás es tiempo de renovar el consejo ciudadano del Fórum Cultural Guanajuato porque con esas ideas feudales contrarias al propio espíritu de libertad que ofrecen las artes, lo único que corroboran es la afirmación que les causó enojo: el teatro no puede ser administrado como una fábrica de zapatos ni donde los nuevos ricos tomen decisiones con plena ignorancia de lo que significa la cultura y las artes para el desarrollo de los leoneses.
ADHERIDOS
Ayer, tras la presentación de las actividades de #VamosPorMás, movimiento ciudadano que lucha contra la corrupción e impunidad en el país, el presidente de la Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez Hernández; de la Coparmez Celaya-Laja Bajío, Juan Yúdico Herrasti y de la Coparmex Irapuato-Salamanca, Javier Campos Vaca, firmaron su adhesión a la iniciativa.
Este martes concluyó el plazo para que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales Anticorrupción en las entidades del país, que tuvo su origen en una cruzada ciudadana contra la corrupción e impunidad, en una de las movilizaciones sociales mejor vertebradas en México en las últimas décadas.
La primera etapa del proceso fue la reforma constitucional del 28 de mayo de 2015 en donde se mandató la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y que concluyó el 16 de julio de 2016 con la promulgación de las siete leyes que darían sustento a la operación de este sistema. Luego de 14 meses, la sociedad logró incorporar a la agenda política del país la agenda anticorrupción y ayer debió haber entrado en vigor la segunda etapa con la construcción del andamiaje legal del sistema.
Para llegar a esta fecha fueron necesarias 634 mil firmas de ciudadano en apoyo a la Ley 3 de 3 que obliga a los servidores públicos a hacer sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses para que los ciudadanos den seguimiento puntual a sus cargos y evitar que usen los recursos públicos para enriquecerse.
También fue necesario conformar la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana, donde la sociedad determinó los mecanismos para la designación de quienes encabezarán los órganos colegiados que darán vida al sistema. Este tema generó una resistencia y debate público respecto a los esfuerzos por desprestigiar a los ciudadanos que integraron el comité.
Pero el Senado de la República no cumplió con su responsabilidad de elegir a tiempo al Fiscal Especial Anticorrupción ni en la designación de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes serán los responsables de juzgar los hechos de corrupción. En este proceso, los ciudadanos han buscado cerrar el paso a las componendas del gobierno y los partidos a fin de garantizar una efectiva aplicación de la ley y el combate a la impunidad en los casos donde se demuestre el uso ilegal de los recursos públicos y otras conductas tipificadas en el código administrativo y penal.
En el caso de los Sistemas Locales Anticorrupción, hay entidades donde se tiene un avance importante en la aprobación de un marco legal por parte de los Congresos y en la definición de los órganos que darán sustento a su aplicación, privilegiando la participación ciudadana a pesar de las resistencias que prevalecen. En el caso de Guanajuato, apenas el lunes se integró la comisión de ciudadanos que seleccionará el Comité de Participación Ciudadana, y que tomará parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
Ahora viene un nuevo movimiento de la sociedad que se caracteriza por la solidaridad entre las agendas de las organizaciones sociales, académicas y empresariales ocupadas en combatir la corrupción. El lunes 17 de julio estas organizaciones lanzaron el colectivo #VamosPorMas, que entre sus propósitos busca ir por una nueva generación de reformas legales que harán que México sea una nación donde exista un auténtico Estado de Derecho.
Esta iniciativa es a la que se adhirieron ayer los organismos del sector patronal en Guanajuato, en la búsqueda de que se instrumente adecuadamente el Sistema Local Anticorrupción y no quede en una ley más.
La agenda que tendrá Coparmex en Guanajuato, una vez que se sumó a la iniciativa ciudadana será pugnar por que la Fiscalía General sea autónoma, independiente, eficaz y con los controles democráticos adecuados; que los nombramientos de los responsables de los órganos que sancionarán la corrupción sean apegados a las mejores prácticas y que se aseguren recursos suficientes que garanticen la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana y el Sistema Estatal Anticorrupción. Además que se realicen otras reformas legislativas que incluyen las leyes de adquisiciones y obra pública, las relativas a las finanzas de los partidos y revisar la figura del fuero federal para funcionarios, legisladores y gobernadores para evitar la impunidad además de promover la denuncia, procuración e impartición de justicia hasta la reparación del daño y la rehabilitación.
Si los legisladores locales pensaban que con sacar esta ley anticorrupción habían cumplido pues no será así, todavía les toca atender estos pendientes en donde la Coparmex estará pendiente de que cumplan.
VISITA
Este miércoles está programada la visita a León del Senador independiente Armando Ríos Piter, y tiene programada una reunión con los medios de comunicación para exponer su propuesta legislativa denominada “subir salarios, no muros”, que tiene como finalidad que se homologuen los sueldos y permitir una libre movilidad de fuerza laboral en la región del TLCAN, instrumento comercial que está bajo renegociación entre los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá.
La iniciativa busca aprobar una ley reglamentaria que elimine la divergencia salarial, al ser uno de los orígenes de la emigración indocumentada de México hacia Estados Unidos y ajustar progresivamente los salarios mínimos en el país, en un plazo de seis años.
Apenas el lunes, el gobierno de los Estados Unidos reveló los objetivos que buscará con la modernización del acuerdo comercial con México y Canadá, una vez que en México el periodo de consultas públicas finaliza el 31 de julio, empezó el primero de febrero de este año, para hacer frente a los nuevos retos que plantean los sectores productivos del país.
Previo a su encuentro con los medios de comunicación, el Senador Rios Piter se reunirá con los sectores productivos de Guanajuato para conocer sus puntos de vista sobre el acuerdo y las implicaciones de su propuesta.
En el caso de Guanajuato hay sectores que tienen un especial interés por los ajustes que pudiera tener el TLCAN, el principal: el automotriz, por las implicaciones que tiene en las nuevas reglas comerciales que se preparan, y el agroalimentario y calzado, dos de los pilares de las exportaciones por el número de empleos y valor de exportaciones que mantienen con este acuerdo.
Los empresarios locales quizás puedan sumar un aliado en el Senado a la hora de ratificar la renegociación comercial una vez que ha expresado que el gobierno federal no tiene claridad sobre cuáles son los puntos centrales y posiciones que se van a revisar por las autoridades de los tres países.
Quizás la revisión de la propuesta en materia laboral en el marco del TLCAN del Senador Armando Ríos Piter sea únicamente el pretexto, porque en el fondo tiene interés en que lo conozcan en el país ahora que manifestó sus aspiraciones a convertirse en candidato a la Presidencia de la República en 2018 por la vía independiente.
El senador independiente por Guerrero fue uno de los pilares del programa Operación Monarca, donde su compañero senador panista Juan Carlos Romero Hicks tuvo una participación importante, para apoyar a la comunidad migrante en ambos lados de la frontera. Así que será interesante conocer su planteamiento este miércoles con los empresarios de Guanajuato.

Salir de la versión móvil