PANORAMA

Este año será muy complicado en materia económica y social, tal y como se ha visto en las dos primeras semanas de enero (depreciación del peso, movilizaciones, protestas), y habrá factores externos y locales que van a incidir en la definición del rumbo que seguirá el gobierno, los partidos, las empresas y las familias a fin de afrontar la nueva realidad.

En 2016, nos sorprendieron hechos como el anuncio de la salida la Gran Bretaña de la Unión Europea; el resurgimiento del proteccionismo comercial y económico en diversas regiones del mundo como Asia; el recrudecimiento de los actos terroristas en países europeos; la muerte del líder de la revolución cubana, Fidel Castro; la visita del Papa Francisco a México y su duro mensaje sobre la opresión, pobreza y desigualdad que se vive aquí y el triunfo del republicano Donald Trump, junto con sus amenazas de construir un muro fronterizo que pagarían los mexicanos, la repatriación de ilegales y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Estos hechos invariablemente tendrán su efecto en México, donde la economía contrajo su crecimiento, se devaluó el peso frente al dólar y las empresas norteamericanas iniciaron la revisión de sus planes de inversión en nuestro país, como acciones inmediatas de lo que depara este año.

En el entorno nacional, 2016 fue el año que el PRI perdió el control político de las gubernaturas tras perder 7 de 12 que estuvieron en juego y donde el PAN se llevó la mayor parte de las posiciones políticas aunque el Senado y la Cámara de Diputados seguirán bajo su control lo que resta de la administración federal. El perdón que pidió el presidente de la República por los escándalos de corrupción no le sirvió de mucho y se destaparon más casos de gobernadores priístas.

El régimen de gobierno no goza de credibilidad para sacar adelante sus políticas y programas de gobierno, el gasolinazo fue una evidente causa de descontento social que derivó en actos de vandalismo y saqueo en algunas regiones del país. Los casos sonados de corrupción de exgobernadores priístas registrados en Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua junto con el de panistas en Sonora, mantienen incrédulos a los ciudadanos sobre la efectiva aplicación de la ley contra la impunidad de los servidores públicos, aún con un sistema anticorrupción.

Las disputas dentro de los partidos políticos por la sucesión presidencial se hicieron evidentes antes de tiempo y en 2017 serán las definiciones más importantes, que sumado a las condiciones económicas que prevalecen, serán otra válvula de presión social que ya se vive en el país.

Las reformas estructurales aún no aterrizan completamente en beneficios concretos para los ciudadanos a pesar de que fueron logradas con el consenso de las distintas fuerzas políticas en el Congreso y la fragilidad del Estado de Derecho, el caso de Guerrero es el más alarmante, se vive a diario con una creciente inseguridad y violencia que ha aumentado nuevamente la incidencia delictiva a pesar de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno por contenerla.

La pérdida de poder adquisitivo de la población, el aumento de la pobreza, la falta de oportunidades de desarrollo y el descontento social fueron evidentes al cierre de año pero se acentuarán conforme pasen los días del 2017.

El gasolinazo despertó el descontento y lo llevó a la calle mientras que la respuesta gubernamental obligó a sacar un Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía de las Familias que no firmó el sector patronal, al no atender el problema de fondo de la crisis que se avecina.

En este entorno, el estado de Guanajuato enfrenta uno de los mayores retos, derivado de factores arriba mencionados, y el boom del sector automotriz en el Bajío se podría transformar en una seria pesadilla por las amenazas comerciales que ha anunciado el presidente electo Donald Trump una vez que inicie su gestión el 20 de enero próximo.

La amenaza a General Motors y Toyota se van a mantener en los meses siguientes, luego de que la armadora de Ford en San Luis Potosí decidió cancelar su proyecto en México, y que sin duda iba a acrecentar la actividad de la industria de autopartes en el Bajío.

En la entidad seguirá la presión sobre mayores resultados en materia de seguridad; el año que cierra se cambió la estrategia de atención al tema y se logró una mejor coordinación de los cuerpos federales, el Ejército Mexicano y las policías estatales y municipales en el combate al robo a los vagones del tren pero sigue pendiente resolver el robo de combustibles y en carreteras federales.

En el ámbito político local, siguen los pleitos del PAN y el PRI, los cuales se van a intensificar a medida que se llegue la hora de la definición del 2018. Dentro de los partidos también habrá una guerra sin cuartel por las posiciones en las candidaturas a presidentes municipales, diputados locales y federales junto con la gubernatura.

El arranque del año sorprendió a los funcionarios municipales con las protestas y manifestaciones por el alza al transporte público y un fenómeno de pánico por miedo al saqueo que se extendió rápidamente del centro a la periferia de la ciudad en centros comerciales, plazas, tianguis y mercados.

Hay conflictos legales como la concesión de la recolección y traslado de la basura, la posesión del Estadio León, un predio de 10 mil metros del Parque Metropolitano y las denuncias penales contra exfuncionarios públicos que van a definirse este 2017. Estos casos van a incidir en la percepción de los ciudadanos sobre el desempeño de su gobierno.

A esto se agrega la falta de una estrategia efectiva en materia de seguridad, a pesar de que se cambió al responsable de la Dirección de Policía, sigue el crecimiento de robos a comercio y de homicidios dolosos, en especial, aquellos de alto impacto que han sacudido a los leoneses.

La sociedad está insatisfecha con sus políticos y los partidos, con el gobierno y sus funcionarios, con Donald Trump y sus nuevas políticas contra los migrantes y sus amenazas al comercio. Los ciudadanos están desalentados porque no ven que se reduzca la corrupción e impunidad en los gobiernos y partidos y porque se ve una incapacidad de dar respuestas efectivas a los retos que plantea este año.

Pero las crisis también son un área de oportunidad para replantear desde lo individual y luego en lo colectivo, los cambios que necesita la ciudad, el estado y el país. Empiezan en el hogar, en la colonia y en la ciudad con trabajo, honestidad, con esperanza para reconstruir lo bueno que aún nos queda como ciudadanos.

Mal harían los ciudadanos en dejar todo en manos de sus autoridades, que han mostrado hasta el cansancio su insensibilidad ante la situación crítica que se vive, y no pueden perder la esperanza a pesar de un entorno complicado y donde falta una atención más eficaz de quienes son responsables de llevar a buen puerto a la sociedad. Frente a la nueva circunstancia que se vivirá, cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le toca.

REVISIÓN
El Congreso del Estado tiene pendiente la definición de cuáles serán las medidas que van a aplicar para reducir el gasto millonario que ejercen cada año, y del cual la ciudadanía no está muy convencida de su utilidad.

Los Poderes Judicial y Ejecutivo ya dieron un primer paso, aunque no suficiente ni el necesario, y resta que los legisladores revisen sus procesos para determinar cuáles son aquellos que agregan valor a los ciudadanos y cuáles son improductivos.

Este año, los legisladores se aprobaron un presupuesto de 670 millones 901 mil 264 pesos con 36 centavos, de los cuales van más de 155 millones de pesos para la Dirección General de Administración; 5.9 millones de pesos la Contraloría Interna; 22.5 millones de pesos la Administración de la Secretaría General; 29.9 millones de pesos para apoyar las labores legislativas y 231.1 millones de pesos para las labores de representación (36 casas).

También se programó un gasto de 25.7 millones de pesos para labores de transparencia; 11.8 millones de pesos para concluir una vialidad noreste de la sede legislativa, adquirir paneles de energía fotovoltaica e instalar un sistema de re uso de agua pluvial así como 188.6 millones de pesos para la administración de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2017, un diputado tendrá una remuneración integrada unitaria superior a los 2 millones 129 mil pesos; el secretario general y el auditor tendrán un ingreso superior a 1 millón 718 mil pesos; un director general ganaría 1 millón 349 mil pesos, un director general A sería 1 millón 169 mil pesos y un director general B más de 1 millón 61 mil pesos; un director 880 mil 749 mil pesos, un coordinador A 658 mil pesos, un coordinador B 550 mil pesos y un asesor directivo 764 mil pesos.

Estas cifras pueden dar alguna orientación para ajustar el gasto de los recursos públicos a los 36 legisladores que, por el simple hecho de representar a los ciudadanos, se embolsan más de 6 millones de pesos en sus tres años de gestión, sin incluir otros beneficios monetarios, materiales y políticos que adquieren por representar a los que menos tienen.

GALLINAZO
En el marco del evento de Prestaciones Sociales para el Blindaje de la Economía Familiar, el pasado 12 de enero, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reiteró que el gasolinazo es una medida dolorosa pero responsable al dejar de subsidiar el precio de la gasolina para dedicarlo al gasto social.

Su argumento central de la medida que tiene inconformes a los mexicanos es que se ajustó el precio de la gasolina al mercado internacional y no esperar a que el gobierno no tuviera otra alternativa, cuando eventualmente el petróleo se acabará.

Enseguida soltó su enésima justificación sobre el alza a los combustibles y a propósito de la baja de producción de petróleo: “la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando”. Entonces, se bajó la producción y cuando el precio del petróleo estaba alto, el gobierno tenía excedentes que también se acabaron, reconoció.

Lo que le faltó agregar a Peña Nieto es que quienes secaron la gallina de los huevos de oro no fueron los ciudadanos sino la clase política, entre ellos los directivos de Pemex, el sindicato petrolero, los presidentes y secretarios de Estado responsables de su administración, junto con una red de proveedores de la entonces paraestatal quienes hicieron grandes fortunas personales a costa de la corrupción y el dispendio de recursos públicos que generaba la producción de petróleo en México.

Fueron ellos quienes secaron los recursos de Pemex, por lo que endosar a los ciudadanos ahora los costos de la impunidad con que manejaron los recursos públicos es echarle más fuego al gasolinazo.

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