CAPÍTULO
Este miércoles se va a escribir un nuevo capítulo en la historia por la disputa del estadio León entre las autoridades municipales, los dueños de los palcos y plateas, junto con la asociación civil Club Social y Deportivo León, donde quedará en manos de los magistrados del Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito (Poder Judicial de la Federación) ratificar o no la sentencia que quitaría a la ciudad el inmueble.
Hay dos posibles escenarios que se pueden presentar esta mañana en la sala donde se reúnen los magistrados Juan Solórzano Zavala, José López Campos y David del Toro Arreola, integrantes del Tribunal: el primero es que se ratifique la sentencia a favor de la asociación civil y pase a sus manos el estadio y el segundo, que se valide la tesis de uno de los magistrados para prolongar la decisión hasta no revisar los amparos que interpusieron los dueños de los palcos, quienes verían afectados sus derechos si se resuelve a favor de los particulares que pelean el inmueble al municipio.
La Secretaría del Ayuntamiento tiene una estrategia jurídica que podría alargar más el proceso legal, y que concuerda con la revisión de los amparos de los dueños de los palcos otorgados por un juzgado federal, aunque todo dependerá de la postura de los magistrados en la discusión de este miércoles.
A la disputa entre las autoridades, los dueños de los palcos y quienes reclaman la propiedad del estadio se sumó esta semana el amague del dueño del Club León, quien primero dio a conocer que si el municipio pierde el estadio llevarían el equipo a otra plaza y luego se retractó al afirmar que el equipo debería jugar aquí. Hay una presión social extra y evidente a los magistrados para que valoren bien su decisión final sobre este litigio.
Hay dos magistrados que coinciden con la tesis expuesta por la Asociación Civil que reclama el estadio, tras haber finiquitado antes del plazo legal el fideicomiso que constituyó el municipio y que cedió Roberto Zermeño, y uno que argumentó en la sesión pasada que era necesario revisar los amparos interpuestos por los propietarios de los títulos de palcos y plateas.
El vicepresidente de la Asociación Civil, Roberto Zermeño Reyes, ha insistido en tres puntos fundamentales sobre el caso, el primero es que hay una táctica legal dilatoria con los amparos de los dueños de los palcos y que impide la sentencia definitiva del Tribunal a su favor; el segundo, que los palcos y plateas no son objeto del juicio que interpuso con el municipio y donde el Tribunal había fallado a su favor y el tercero que ofrecía ante notario público que los titulares de los palcos y plateas no serían afectados por la decisión de los magistrados.
El municipio ha sostenido que el estadio se constituyó con recursos del gobierno del estado y de los fundadores del Club León, así como que se había cedido una contraprestación de 10 mil metros cuadrados de los terrenos donde está el inmueble a Roberto Zermeño a cambio del estadio y el resto del predio, así como que la extinción del fideicomiso que dio sustento a las anteriores operaciones se hizo conforme a la ley.
Por su parte, los dueños de los palcos han agilizado la solicitud de amparos al considerar que está en riesgo su patrimonio y ya fueron aceptados los primeros, lo que dificulta la decisión final de los magistrados. Aunque son pocos quienes han recurrido a este mecanismo legal.
La decisión final podría darse este miércoles o también podría prolongarse, aunque recobró fuerza una salida de construir un nuevo estadio pero para eso falta dinero y tiempo, elementos que juegan en contra de las autoridades y los dueños del Club León.
Sobre la posible expropiación, es una alternativa que se ha comentado, pero en ese escenario de todas formas ganaría la Asociación Civil que hoy reclama el estadio y los terrenos aledaños como suyos.
La decisión de los magistrados acarreará consecuencias deportivas, legales y hasta políticas porque un tema como este, vino a poner en evidencia lo frágil del sistema legal cuando existen intereses económicos que se pelean bajo trampas judiciales.
RETRASO
De acuerdo con las cuentas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Guanajuato, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) arrastra un adeudo de 100 millones de pesos a cerca de 80 empresas del estado que no han podido cobrar las estimaciones de las obras que les fueron asignadas debido a la burocracia de sus procesos.
El presidente de la CMIC en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, explicó que ya se propuso al responsable del INIFEG (organismo que depende del gobierno del estado), Pedro Peredo, que se realicen las gestiones ante el INIFED (organismo federal) para que agilice la liberación de recursos que tienen atorados entre tanto trámite administrativo.
Ayer, en conferencia de prensa, el representante de los constructores guanajuatenses explicó que este año se tiene contemplado un paquete de obras cercano a los 800 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura educativa, dentro del marco de Escuelas al CIEN que anunció la Secretaría de Educación Pública en colaboración con el gobierno del estado de Guanajuato.
De acuerdo con la versión que ofreció el empresario, las compañías contratadas para la desarrollar la infraestructura educativa iniciaron desde el año pasado las obras, en octubre se asignaron, y presentaron las estimaciones de los conceptos de obra a los supervisores para que se liberaran los primeros recursos y hay pasado tres meses sin obtener una respuesta positiva a su planteamiento. Ni siquiera se ha recibido el anticipo de la obra.
En muchos casos, en este lapso de tiempo ya debieron haber terminado las obras pero ni siquiera han recibido los recursos de las primeras estimaciones del arranque de los trabajos, situación que deja en una condición vulnerable a las empresas afectadas.
Uno de los puntos fundamentales que tiene atorado el proceso, es que el INIFED cambia constantemente los formatos para que las empresas agreguen los conceptos de obra pública y esto retarda el proceso de liberación de recursos. Actualmente, este proceso de trámite para la liberación de recursos tarda 63 días y es necesario reducirlo.
La propuesta de la CMIC en Guanajuato es que el gobierno federal a través del INIFED libere los recursos directamente al INIFEG y se agilice la liberación de los recursos, tomando en cuenta que el programa de infraestructura educativa es uno de los más importantes para ampliar la capacidad instalada del sector educativo.
Los constructores consideran que hay una burocracia excesiva en la liberación de los recursos para infraestructura educativa y mientras se retarden los anticipos será muy complicado cumplir con los tiempos que marcan los contratos de obra.
Para ejemplificar lo complejo de los trámites, Ramos Mena detalló que una vez que se determinan los conceptos de la obra por las empresas se pasan al supervisor en Guanajuato y este a su vez, los autoriza y los concentra en el INIFEG, quien los revisa y los reenvía al INIFED y cuando están listos, inicia el proceso de pago para ordenar al fideicomiso la liberación de los recursos que luego se envían nuevamente al INIFEG para entregar los anticipos a las empresas.
La situación tiene desesperados a los constructores que de plano ya pidieron a Pedro Peredo del INIFEG que se promueva una reunión entre el gobernador del estado, Miguel Márquez, y el director del INIFED, para acabar con el martirio que representan los trámites para recibir el anticipo de las obras de infraestructura educativa.
LISTO
Las comisiones de Gobierno y Hacienda aprobaron por mayoría, este martes, el fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (FIFOSEC), y que tendría un monto inicial de 100 millones de pesos para fortalecer el desarrollo de capital humano, mecanismos de inteligencia policíaca y prevención de la violencia y delincuencia en la ciudad.
El síndico Luis Ernesto Ayala Torres y los regidores Alejandro Alaniz, José Luis Manrique, Ana María Carpio, Federico Zermeño y Jorge González votaron a favor, mientras que el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, fue el único que lo hizo en contra. Faltaron el síndico Carlos Medina Plascencia y el regidor Sergio Contreras.
En la reunión estuvo presente el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña y personal de la Secretaría del Ayuntamiento, quienes presentaron los alcances del nuevo fideicomiso.
Durante el análisis de fideicomiso, el regidor del PRI, Ramírez Argote, planteó la necesidad de que se informe con claridad cómo se van a invertir los recursos y ver cuál será la aportación que realicen las organizaciones de la sociedad civil que se sumen al proyecto que permita reforzar la seguridad en León, aunque consideró que no era necesaria crear esa figura jurídica.
El regidor del PAN, José Luis Manrique, pidió antes de la aprobación del fideicomiso que se revisará el destino de los recursos para evitar que se dispersen los esfuerzos de las instancias que hoy son responsables de atender el tema de seguridad en el municipio, en especial, respecto a los organismos ciudadanos que participan en el Consejo Municipal y en la Mesa de Seguridad y Justicia.
Por su parte, el regidor del PAN, Federico Zermeño, expuso la necesidad de que los recursos no se gasten en comprar más armas y patrullas, sino en enfocar la atención a socializar el problema de la inseguridad y ofrecer herramientas a los ciudadanos para que contribuyan a ser parte de la solución.
Uno de los temas que no quedó muy claro es de dónde vendrán los 50 millones de pesos que tendrá que aportar el gobierno municipal, el fideicomiso se constituyó emblemáticamente con un peso, y lo que sí está asegurado por ahora es la aportación del gobierno del estado. También se planteó la necesidad de conocer cuáles serán las aportaciones del sector privado, si serían10 millones de pesos como se pidió por las autoridades en su momento o más.
El siguiente paso es la aprobación esta mañana, del fideicomiso por parte del Pleno del Ayuntamiento y posteriormente se tendrá que agendar su presentación para socializar el tema entre los leoneses, como lo pidió Federico Zermeño.
El Comité Técnico que administrará el FIFOSEC estará constituido por el presidente de la Comisión de Gobierno, el síndico Luis Ernesto Ayala Torres; el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña; el tesorero municipal, Gilberto Enríquez Sánchez; el contralor municipal, Esteban Ramírez junto con un representante del gobierno del estado y otro de la institución fiduciaria. Se agregan los representantes de la sociedad civil como Antonio García Gómez, Jaime Gallardo, Rene Solano, Alfonso Morales y José Ignacio Morales.
