Las siete cámaras y asociaciones que tienen voz y voto en la elección de nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, definieron ayer el perfil del cargo para el periodo 2017-2019, en sustitución de Gustavo Guraieb Ranth.
En una reunión que se celebró ayer, en el Poliforum León, los representantes de Ciceg, Luis Gerardo González García; Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez; de Canacintra León, René Solano Urban; de Canaco, Gabino Fernández; de Cicur, Ernesto Vega Guillot; de Apimex, Daniel Tavares Romero y de Cmic Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, acordaron revisar cinco candidatos a ocupar el cargo del nuevo presidente del Consejo.
La versión abreviada del perfil del nuevo representante del sector empresarial de León, señala que debe disponer de tiempo suficiente para ejercer la representación; actitud crítica pero propositiva y sustentada, así como valor civil para señalar y sensatez para no romper ni confrontar.
Además debe ejercer un liderazgo fuerte, producto de la unidad que genera el consenso; promotor incansable para sumar voluntades, alinear visiones y articular esfuerzos dentro y fuera del Consejo, y tener muy claros los retos del empresariado y de la sociedad para incidir eficazmente en las políticas públicas de desarrollo económico, político y social.
También se requiere que tenga capacidad para el óptimo aprovechamiento de los medios de comunicación y de las redes sociales, generar mensajes que den certidumbre y establezca estándares de exigencia al desempeño de las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y de los tres Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
El requerimiento más importante es que no tenga un compromiso partidista y que no vaya a salir como otros liderazgos empresariales que no tardan en concluir sus encargos dentro de la iniciativa privada, cuando luego aparecen como candidatos de los partidos políticos en las elecciones municipales y a diputados locales o federales.
Aunque no tienen un plazo definido para elegir al nuevo presidente del Consejo, sí quieren acelerar este proceso antes de que termine noviembre. Mientras llegan a la decisión por unanimidad, es decir, con el voto a favor de los siete presidentes de las cámaras y asociaciones que integran el Consejo, Guraieb Ranth los ha representado en los últimos actos públicos donde ha sido convocado el organismo; el martes estuvo en el Congreso del Estado para plantear las necesidades de las empresas, respecto a los programas y recursos que se destinan para ciencia y tecnología.
Al concluir la reunión de ayer, los empresarios se mostraron confiados en que van a encontrar un personaje que reúna las características que requieren para afrontar los retos que plantea el 2018, cuando habrá elecciones.
Había buen ánimo entre los integrantes del Consejo que hasta se dieron tiempo de revisar el perfil que necesitan, y los primeros tres candidatos que se pusieron sobre la mesa, mientras compartían el pan de muerto que llevaron al encuentro. No hay prisa, no hay presiones pero tampoco hay acuerdos.
Donde están preocupados es en las esferas de poder, porque no quieren que llegue otro empresario de la misma actitud y línea crítica, que el actual presidente, porque no son pocas las veces en que causó enojo a la clase política y gubernamental con sus señalamientos, en especial, en temas claves como inseguridad, corrupción, falta de infraestructura, impunidad, pobreza y marginación social, entre otros.
DEFINICIONES
En el pasado proceso electoral, una de las principales sanciones que recibieron los partidos políticos en Guanajuato, fue por haber violado las nuevas disposiciones en materia de aportaciones de dinero o en especie para sostener su financiamiento en campañas políticas. Algunos partidos aún pagan de sus prerrogativas destinadas a 2017, la sanción económica que impusieron los órganos electorales.
Ayer, en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se aprobó un acuerdo que modifica el límite de aportaciones en dinero o especie de los militantes para el financiamiento a los partidos políticos, podrán obtener una cantidad económica mayor por esta vía pero con un tope, aunque ajustado a los criterios del principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado.
Al PAN se le autorizó un límite de aportaciones por 14.2 millones de pesos; al PRI una cantidad de 14.2 millones de pesos; al PRD un monto de 11.3 millones de pesos; al PVEM un tope de 14.2 millones de pesos; a Movimiento Ciudadano 8.6 millones de pesos; a Nueva Alianza 9.6 millones de pesos y a Morena 8.9 millones de pesos.
Este es un tema que se debe cuidar con lupa por los órganos electorales en Guanajuato, porque los partidos casi siempre incumplen el rubro de gastos autorizados para las campañas políticas. La evidencia apunta a que hacen trampa para gastar más dinero del que permite una contienda equitativa y acorde a las reglas que establece el Instituto Electoral.
En esta sesión, el Consejo General del Instituto también aprobó la aplicación móvil para uso de candidatos independientes, la cual, fue desarrollada por el Instituto Nacional Electoral y que sirve para recabar el apoyo ciudadano a quienes aspiran a registrarse por esta vía en el proceso electoral del 2018.
La aplicación móvil sustituye los formatos de cédulas de respaldo que estaban vigentes en Guanajuato, para el respaldo en la postulación de candidaturas independientes en cargos de la gubernatura, diputaciones bajo el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos. Cuando existan limitantes en el uso de la tecnología se podrá solicitar el uso de la cédula física en las secciones que se requiera.
Seguramente cambiar de papel a una App, para capturar las imágenes de las credenciales electorales para votar originales, va a agilizar y facilitar la acreditación del porcentaje que requieren por ley, para quedar formalmente registrados bajo los requisitos que establecen los órganos electorales.
Para usar esta aplicación se requiere conexión a internet y descargarla, para enviar los respaldos en un solo envío según se explicó en la sesión extraordinaria del Consejo que se celebró ayer.
Los aspirantes tendrán un correo electrónico para notificar el número de respaldos enviados al usar la aplicación y las autoridades electorales, llevaran cuenta de los porcentajes de apoyo ciudadano que se requieren para el registro de las candidaturas independientes.
Finalmente, el Consejo resolvió la duda de Morena respecto a qué pasaría si primero se registran sus procesos internos y criterios de paridad, antes del 7 de noviembre y posterior a esa fecha se registra un convenio de coalición y si éste último revoca los criterios previamente notificados a la autoridad electoral.
La respuesta fue que cada partido debe comunicar sus criterios de paridad de género y elección consecutiva para la selección y postulación de candidaturas sobre sus procesos internos entre el 1 y 7 de noviembre; si hay coalición se debe comunicar ambos criterios al Instituto, y quedarían sin efecto las que hayan presentado cada partido que integra la coalición. Respecto a la decisión de presentar listas de candidatos de representación proporcional postulados bajo el mismo método de selección que los candidatos de mayoría relativa, estos estarán en el ámbito de la vida interna de los propios partidos.
TRAMPA
La Coparmex Zona Metropolitana de León advirtió a quienes podrían convertirse en los cinco representantes de la sociedad civil, que pudieran ser electos como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Comité Estatal Anticorrupción, que no caigan en la trampa de convertirse en funcionarios públicos, al recibir un salario y prestaciones por su función.
El debate sobre el tema surgió hace unos días cuando se abordó el asunto de la definición de los cinco candidatos que serían presentados ante el Congreso, para su aprobación y se mencionó que el proceso estaba detenido, porque aún no se determinaba la parte salarial y prestaciones que tendrían quienes ocupen esos cargos.
El presidente del organismo patronal en León, Jorge Ramírez Hernández, fue muy claro en señalar ayer, al concluir un encuentro del Consejo Coordinador Empresarial local, que convertir a los ciudadanos en funcionarios públicos dentro del Sistema Local Anticorrupción, es riesgoso porque quitaría la autoridad moral y fortaleza a la participación social.
Esto no abona a la transparencia ni rendición de cuentas mucho menos a combatir la impunidad en los casos de corrupción, si los casos quedan nuevamente bajo las manos de funcionarios públicos en vez de una sociedad autónoma y sin compromisos partidistas con nadie.
Si se pone a trabajar de tiempo completo a los consejeros ciudadanos y se les asignan salarios y prestaciones pues se convierten en funcionarios públicos y ese no es el espíritu ni el propósito del sistema legal, que va a combatir la corrupción en el gobierno.
El sector patronal adelantó que va a investigar si la determinación de pagar salarios y prestaciones a los consejeros que integren el Comité de Participación Ciudadana, es una decisión del Poder Ejecutivo o viene contemplada dentro del marco legal que estableció el Congreso del Estado para el sistema anticorrupción.
Las autoridades no deben perder de vista que un ciudadano tiene mayor peso moral, entre más independencia tenga en su actuación y no se convierta en un funcionario público porque eso no garantiza la aplicación de sanciones cuando sea necesario.
Esta semana se darían a conocer los nombres de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero se pospuso la resolución una vez que se requería conocer las condiciones de los salarios, prestaciones y contrato laboral que se ofrecería a estas personas.
El sector patronal de León sugiere que debe haber recursos para facilitar la operación de los Comités, pero no convertir a los ciudadanos que los integran en servidores públicos, al incluirlos en la nómina porque acabarán obedeciendo a quien les paga y no a la sociedad, que los propuso.
Cada vez hay más señales de que el Sistema Local Anticorrupción fue diseñado para cumplir formalmente con un requisito constitucional, pero sin atender el fondo del asunto que es combatir la impunidad que generan las conductas ilícitas de los funcionarios públicos.
Otros organismos de la sociedad civil también ven que hay mecanismos amañados, para cooptar a quienes integren los principales órganos que darán sustento al combate a la corrupción, desde la fiscalía especializada hasta los esquemas de participación ciudadana.
