El pleno del Congreso del Estado aprobó el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el año 2024, el cual contempla un gasto total por 719 millones 738 mil pesos, de los cuales 215 millones 954 mil pesos corresponden a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
De acuerdo con la distribución del gasto propuesta, el Poder Legislativo Estatal ejercerá 503 millones 783 mil pesos, mientras la cantidad ya citada será para la operatividad de la ASEG.
Como parte del dictamen aprobado que fue turnado por la Comisión de Administración serán cinco los capítulos del gasto en lo que se dividirá el ejercicio de los recursos públicos.
De esta manera de los 719 millones 738 mil pesos, para el capítulo 1000 que se refiere a servicios personales se destinan 510 millones 812 mil pesos, mientras que para el capítulo 2000 de materiales y suministros se prevén 20 millones 766 mil pesos.
El capítulo 3000 se refiere a servicios generales con 152 millones 906 mil pesos y el 4000 a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que contemplan ejercer 30 millones 867 mil pesos y el capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles con 4 millones 385 mil pesos.
El presupuesto a ejercer por el Poder Legislativo Estatal para 2024 contiene una variación de 20 millones 963 mil pesos, en comparación con 2023, cuando se ejercieron 698 millones 775 mil pesos.
El acuerdo aprobado fue turnado al Poder Ejecutivo Estatal para que sea integrado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año 2024.
Propone PRI esquema de prevención en la fiscalización
El grupo parlamentario del PRI formuló a través del diputado, Alejandro Arias Ávila una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y generar un esquema de prevención en la fiscalización.
Al hacer uso de la tribuna, el también coordinador del grupo parlamentario del PRI explicó que se busca incorporar una figura novedosa y previa de resultados preliminares, con la intención de señalar al sujeto fiscalizado, los posibles hallazgos que se detectaron en la revisión fiscal.
“La intención es que se brinde la posibilidad de que se pueda aclarar un hallazgo determinado y que los servidores públicos puedan referir de forma directa sus argumentos como personas ejecutoras del gasto público”, dijo.
Señaló que los entes fiscalizados tendrán la oportunidad de realizar las aclaraciones, manifestaciones o argumentos que recaigan sobre resultados preliminares del proceso de fiscalización y que se fortalezca el proceso de rendición de cuentas.
