SEGURIDAD
En el marco del V Informe de Gobierno, el gobernador del estado Miguel Márquez presentó algunos de los indicadores que permiten evaluar de manera más objetiva los avances en seguridad, aunque con el reconocimiento que es el tema que más preocupa a los ciudadanos y planteó desde su punto de vista, cuáles son aquellos elementos que son necesarios para mejorar el desempeño en el combate a la delincuencia.
En ningún momento se refirió de manera pública a la condición en que el gobierno estatal ha enfrentado los delitos de alto impacto, en especial, aquellos relacionados con la delincuencia organizada y en donde se supone que debería haber una mayor atención por parte del gobierno federal, y que por ley son su atribución enfrentar.
Por ejemplo, se refirió a las acciones que ha tenido que emprender su gobierno para contener el alza de incidencia delictiva, en especial de los homicidios dolosos, robo a hidrocarburos, narcotráfico o portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Posterior al informe, trascendió que el gobernador buscará una reunión con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para conseguir un mayor compromiso de las fuerzas federales para combatir al crimen organizado que se asentó en la región, en especial en los municipios que forman parte del límite con los estados de Jalisco y Michoacán, donde se acentúa más el problema de inseguridad.
En su mensaje del V Informe de Gobierno hizo referencia a la entrega de 700 patrullas nuevas y equipadas a los municipios; la realización de 75 obras de construcción relacionadas con las funciones de seguridad como el Centro de Internación para Adolescentes en León; al reconocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Guanajuato por ocupar el primer lugar nacional en el manejo de su sistema penitenciario y la próxima construcción del cuartel militar en Irapuato, donde estarán 800 elementos de la Policía Militar.
También se refirió a los logros alcanzados en el Grupo de Coordinación Guanajuato, entre los que destacó la detención de 919 personas; el aseguramiento de 2 mil 418 vehículos; la disminución del 50 por ciento de accidentes de tránsito; el aseguramiento de 2.4 millones de litros de hidrocarburos y la reducción en un 95 por ciento de la incidencia delictiva vinculada al robo de mercancías a los vagones del tren en su paso por la entidad.
En su mensaje a los guanajuatenses, refirió a que igual que ellos quiere seguridad, razón por la cual ha insistido en la reforma al Artículo 19 de la Constitución para que aquellas personas que sean detenidas con armas de uso exclusivo del Ejército vayan a la cárcel y no enfrenten el proceso judicial en libertad, al igual de quienes se dedican al robo de combustible.
Miguel Márquez insiste en que estos delincuentes enfrenten su proceso en la cárcel y no sean liberados con el pago de una multa, porque no pueden estar en la calle y continuar haciendo daño a la sociedad, ya que los ciudadanos están cansados de la impunidad.
Habrá que esperar la respuesta que obtenga del presidente Peña Nieto en los planteamientos que se tiene preparados por las autoridades estatales para avanzar más rápido en el combate a la delincuencia organizada y en donde es básica una mayor presencia de elementos federales en la entidad.
CABILDEO
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato, iniciará una serie de gestiones ante el Congreso del Estado para que se apruebe la nueva iniciativa de Ley de Obra Pública del Estado, que adelantó el gobernador Miguel Márquez en su V Informe de Gobierno.
El presidente de la CMIC en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, ha sido uno de los principales impulsores de ajustar la Ley de Obra Pública del Estado para avanzar más en la transparencia y rendición de cuentas, en la asignación de obra por parte del estado y los 46 municipios.
En el foro de la industria de la construcción realizado en 2015, el organismo industrial propuso al gobierno del estado la elaboración de una nueva Ley de Obra Pública para acabar con algunas prácticas que limitaban por un lado, la participación equitativa de las empresas locales en las licitaciones y asignaciones de obra y por otro, mejorar los mecanismos bajo los cuales se ejercían los recursos públicos, en especial, eliminar la viejas prácticas del moche y la aparición de constructoras favoritas sexenales.
En más de dos años, los constructores han realizado gestiones junto con la Secretaría de Obra Pública para involucrar a todos los eslabones de la cadena (arquitectos, ingenieros, constructores, proveedores, entre otros) junto con entidades como la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Sapal, Inifed, entre otros en la integración de la nueva ley.
El jueves pasado, el gobernador Miguel Márquez hizo público que se va a presentar al Congreso del Estado una nueva iniciativa de Ley de Obra Pública, la cual abonaría a la transparencia en los procesos de asignación y establecer mejores condiciones de precio y calidad en las obras.
Los constructores se van a sumar con las dependencias del Poder Ejecutivo para que los legisladores atiendan con prontitud el análisis y revisión de la iniciativa y se apruebe lo más pronto posible. La estimación de los constructores es que el presupuesto estimado de obra para el 2017 sería de 4 mil 500 millones de pesos y sería muy oportuna la nueva Ley para avanzar en las reglas más equitativas para la asignación y licitación de obras.
Algunos de los elementos que contiene la Iniciativa son que se eliminan las fianzas de vicios ocultos y cumplimiento de contrato; en los casos de asignaciones directas se eliminan trámites engorrosos que retrasan las obras; se acotan los lapsos de las estimaciones de 3 meses a una semana; se integra un padrón único para el estado y los municipios; se estandarizan los procesos de asignación de obra pública en el estado; se involucra una mayor participación de los colegios de profesionistas en la supervisión de las obras; se definen los criterios de asignación de obra en los municipios para evitar discrecionalidad en los procesos y se reduce el espacio para los famosos moches, entre otros.
Actualmente hay más de mil 600 empresas constructoras activas en la entidad, quienes han pugnado por procesos de asignaciones más transparentes y equitativas, que es uno de los principales criterios que contempla la nueva Ley de Obra Pública del Estado.
Los constructores tienen confianza en que los legisladores van a agilizar los procesos para la aprobación de la nueva Ley, sobre todo porque se integró con la participación de los agentes económicos que participan en la rama de la construcción.
REVÉS
Es posible que la solicitud que presentó el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato a la Secretaría General del Congreso del Estado, para retirar la representación parlamentaria de ese partido a David Alejandro Landeros, no podrá proceder.
El pasado 28 de febrero, el partido notificó oficialmente al Congreso del Estado que su legislador tiene abierto un procedimiento sancionador en contra de su legislador y que se había dictado una medida cautelar consistente en la suspensión de sus derechos partidarios, según se dio a conocer ese mismo día a los medios de comunicación.
Morena informó al Poder Legislativo que David Alejandro Landeros había dejado de representar ética, política y jurídicamente al partido en el Congreso del Estado, aunque ese planteamiento no tiene la solidez que requieren los legisladores para proceder contra su desafuero.
Según la representación estatal de Morena, en ese partido no se toleran acciones contrarias a sus principios básicos (no mentir, no robar y no traicionar al pueblo) luego de que se diera a conocer un audio del legislador en el que realiza serias acusaciones de uso indebido de recursos públicos del dirigente estatal y sus asesores.
De acuerdo con algunos integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la petición del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto Gallardo, no tiene la validez suficiente para destituir al legislador de ese partido.
Lo único que podría quitar la representación de Morena en el Congreso sería que los resultados de la auditoría que se realiza sobre el ejercicio de los recursos públicos que tiene asignados, arrojara como resultado un uso indebido e ilegal. Pero la auditoría está en proceso y hasta que no se tenga el dictamen del órgano interno de control, pues el legislador de Morena seguirá con la función que tiene asignada por las leyes electorales.
Es posible que la próxima semana se tengan los primeros resultados de la revisión que se hace desde hace dos semanas a los gastos del legislador David Alejandro Landeros y ahí se va a derivar si fue él o su suplente y asesor, a quien identificó como el orquestador de la campaña de Morena para quitarlo del cargo e hicieron un uso indebido del dinero.
El otro tema que está complicado es que el suplente del legislador fue despedido del Congreso del Estado, donde despachaba como asesor de cabecera. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena tendrá que revisar a fondo sus métodos de selección, el anterior fue por sorteo, para evitar que le vuelva a ocurrir en el futuro la bochornosa situación que hoy vive.
En las encuestas que se han realizado en Guanajuato, Morena aparece a ser identificado como una opción por los ciudadanos pero ante la situación que hoy vive será muy complicado que logren mantener una buena imagen.
