Empresarios confían en la inversión de 5 mil millones de pesos para reactivar de inmediato la economía en el 2020 y evitar el cierre masivo de empresas.
Lo anterior confirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, quien añadió que las autoridades estatales deben de poner mayor atención a dichas problemática que genera desempleo.
“Es muy grave que los empresarios de la construcción tengan 200 empresas en riesgo de cerrar para el próximo año, es lamentable y algo extra tiene que hacer el Gobierno del Estado para que no se llegue a dar esta problemática de mortandad de empresas”, comentó.
Añadió que el endeudamiento del estado para el 2020 será una opción para frenar el cierre masivo de constructores.
“Por eso estamos planeando que el ejercicio del crédito se pulverice para muchas empresas pequeñas y que por lo menos sea un pequeño tanque de oxígeno para ver si esto se compone”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Javier Padilla, comentó que aún tienen la esperanza de que los diputados federales modifiquen los presupuestos de los estados y exista inyección de recursos económicos, pues este año no llegó un solo peso a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al estado.
Sin embargo, agregó que dialogan con los diputados locales para que aceleren el empréstito del estado y en enero rápidamente ya se estén bajando recursos para obras en todo Guanajuato.
“Sobre el empréstito nos hemos acercado y platicado con los diputados encargados de la Comisión de Hacienda, creemos que para el fin de año tendremos una buena noticia para que iniciando el año inmediatamente tengamos acceso a los recursos y se distribuyan”, concluyó.
IRÁN AL CONGRESO
Ante a falta de recurso federal para obras públicas que ha afectado la industria de la construcción en el estado Jesús Torres Ramos presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya señaló que el día lunes irán al congreso del estado y sostendrán una reunión con la comisión de hacienda y fiscalización para conocer a detalle la solicitud de deuda del Gobierno del Estado así como el plan para su aplicación.
«Vamos a conocer y verificar la opinión que han hecho las agencias calificadoras crediticias sobre las nuevas calificaciones que tendría el Gobierno del Estado después del endeudamiento».
Lo que piden es que no se prioricen obras de ‘relumbrón’ sino aquellas que tengan mayor impacto social y que favorezcan a las constructoras pequeñas debido a que son las más afectadas por falta de obra pública.
La intención es que se busquen esquemas para que las obras se asignen a un mayor número de empresas con menores importes.
(Con información de Juan Carlos Romero)
