En 1997 tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, con la finalidad de estudiar el idioma inglés. Recuerdo haber visto, en uno de mis trayectos por las congestionadas vialidades de esa ciudad, una gran obra de infraestructura vial llamada The Bid Dig o la gran excavación. Esta obra había comenzado su construcción en 1991 y no sería concluida sino hasta el año 2007. Su costo ascendió a casi 15 mil millones de dólares y, en su etapa constructiva, ocasionó la muerte de 4 trabajadores, una conductora y serias molestias a los habitantes de esa ciudad. Traigo a colación el tema porque, la gran excavación de Boston, me recuerda a una obra que se ha vuelto un problema al norte de nuestra ciudad y que, dicho sea de paso, de nueva cuenta se ha pospuesto su conclusión: el distribuidor vial Benito Juárez.
El distribuidor vial Benito Juárez, es parte de la llamada Vía Rápida Bicentenario, la cual contemplaba la construcción de 12 puentes vehiculares, a lo largo del bulevar José Ma. Morelos. De acuerdo con el documento del análisis costo beneficio de esta vía rápida, las construcciones de estas obras estaban justificadas porque “los usuarios disminuyen su velocidad, lo cual genera bajas velocidades, largas filas y tiempos de espera, mayores costos de operación y tiempos de recorrido, ocasionando además el incremento en la seguridad de los automovilistas, peatones y ciclistas, a la vez de una disminución permanente en los niveles de servicio.” Cualquiera que transite por este bulevar, puede constatar la diferencia entre los cruces aún semaforizados, y aquellos que cuentan ya con un puente vehicular. Hasta aquí, es incuestionable el beneficio que estos puentes generan.
Sin embargo, tampoco pueden ocultarse las molestias que las obras de construcción ocasionan, lo cual es evidente en el caso del distribuidor en cuestión. El 18 de julio de 2014, la entonces alcaldesa, Bárbara Botello, colocó la primera piedra de lo que ella calificó como la mayor obra de infraestructura vial de su administración, terminando así, con un rezago de más de 20 años. Lamentablemente, han pasado ya prácticamente 3 años, y la obra sigue inconclusa, generando caos vial, retrasos en los tiempos de traslado y un mayor riesgo de accidentes. Aparentemente, el distribuidor debió inaugurarse en diciembre del año pasado. Posteriormente, la fecha se recalendarizó para abril de 2017, para postergarla nuevamente hasta finales de junio de este año. Aunque se percibe ya un gran avance, todavía se aprecia la obra a medio terminar y, con la época de lluvias, parece improbable que pronto vaya a ser concluida.
Lo más frustrante es que nadie se hace responsable por los constantes retrasos en la obra. El fondeo proviene de fuentes federales y, por lo tanto, las instancias municipales dicen no tener injerencia sobre la constructora del distribuidor. Por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes responsabiliza al Municipio, por no llevar a cabo algunas acciones que sí están dentro de su jurisdicción. Al final, los afectados somos los que tenemos que transitar por esta zona diariamente. No solamente es desesperante el perder incontables minutos detenidos en el infernal tráfico, con el correspondiente impacto en la calidad de vida de los ciudadanos afectados, sino que el riesgo de accidentes es sumamente elevado. Basta recordar que, esta obra, recientemente cobró la vida del chofer de un tracto camión. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo la displicencia de nuestras autoridades?
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