A tres años de que salió a la luz el fraude inmobiliario cometido por el despacho jurídico Punto Legal, decenas de víctimas bloquearon este viernes el bulevar Hermanos Aldama, a la altura de la Central de Abastos y de la Fiscalía Regional A, para exigir que las autoridades informen qué ocurrió con los millones de pesos entregados para la compra de casas y cuáles son los avances en la recuperación del dinero en el caso.
La movilización inició alrededor de las 10:30 de la mañana. Con lonas, pancartas y consignas como «¡Edgar, ratero, regresa el dinero!», los manifestantes caminaron sobre el bulevar Hermanos Aldama. Entre los asistentes había personas adultas mayores que participaron en silla de ruedas y con andaderas.
Los afectados recordaron que, aunque Edgar Francisco «N» ya fue sentenciado a más de mil años de prisión por el fraude inmobiliario, la reparación del daño continúa sin resolverse y hasta ahora desconocen el paradero del dinero que entregaron al despacho.
Alrededor de las 11:00 de la mañana, los manifestantes llegaron a las instalaciones de la Fiscalía Regional A, donde bloquearon ambos sentidos de la vialidad durante más de 30 minutos para exigir ser atendidos por las autoridades.
Fue poco después del mediodía cuando el bloqueo fue retirado, luego de que personal de la Fiscalía accediera a recibir a los más de 40 afectados para sostener una mesa de diálogo.
El abogado de las víctimas, Baccelli Lira, aseguró que el monto del fraude asciende a varios millones de pesos y criticó que, pese a la sentencia obtenida contra Edgar Francisco «N», la Fiscalía General del Estado no ha transparentado el seguimiento del dinero.
«Ya existe una sentencia, pero no sabemos dónde está el dinero. Eso es precisamente lo que buscan las víctimas: que la Fiscalía nos diga cuál fue la ruta de esos recursos, en qué cuentas estuvieron y qué posibilidades reales existen de recuperarlos.»
Cuestionó que familiares del principal sentenciado continúen en libertad y, según dijo, mantengan un elevado nivel de vida.
«Siguen viviendo en opulencia y siguen teniendo una protección particular. Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero? Con los ingresos que reportan sería imposible sostener el nivel de vida que llevan.»
Señaló que la representación legal de las víctimas no ha recibido información suficiente sobre las investigaciones
«Ni siquiera nosotros, como abogados de las víctimas, tenemos acceso a toda la información. La Fiscalía prometió reuniones mensuales para informar avances, pero únicamente se realizaron dos y después dejaron de convocarnos.»
Baccelli Lira explicó que actualmente existen alrededor de 50 carpetas de investigación por bloque de víctimas, aunque cada una puede incluir a varias personas, ya que algunos afectados adquirieron más de una propiedad.
Añadió que únicamente en una de las carpetas se documentó un monto cercano a 15 millones de pesos, por lo que el daño patrimonial podría alcanzar cifras mucho mayores.
El abogado recordó que, aunque la condena impuesta supera los mil años de prisión, la legislación mexicana establece un máximo de 40 años de cumplimiento efectivo.
«Los más de mil años de prisión existen en la sentencia porque así lo determinó el juez por la suma de los delitos. Sin embargo, en México nadie puede compurgar más de 40 años de cárcel.»
Advirtió que la principal preocupación de las víctimas no es únicamente la pena de prisión, sino la falta de garantías para recuperar su patrimonio. Por ahora los afectados solo se preguntan ¿Dónde está el dinero? Pues a tres años de hacer público el fraude y a pesar de existir una sentencia contra Edgar N continúan a la deriva.
El caso de Punto Legal se hizo público en 2023, cuando se estimaba que más de 200 personas habían sido víctimas del presunto fraude inmobiliario.
