En la historia del sistema político mexicano, el estado de derecho ha sido una asignatura pendiente durante el paso del tiempo. Ha dado lo mismo tener más de 70 años del gobierno del PRI-, la alternancia del PAN y no se diga, la llegada del actual gobierno populista de izquierda de MORENA, para menospreciar la ley, pisotearla, escupirla y torcerla a manera y forma como el gobierno en turno la interpreta y la aplica. Todo esto nos ha llevado a ser una sociedad primitiva donde la ley es del poderoso, por supuesto, de aquellos que tienen dinero y conexiones con el poder.

Por consiguiente, ese “famoso” y manoseado término llamado impunidad, que utilizan todos los políticos sin excepción, para llenarse la boca de buenos propósitos y prometer cumplir la ley, cuando es una obligación constitucional que va, desde el presidente de México, los gobernadores de las 32 entidades federativas y los alcaldes del país, pasando por todas las instituciones públicas encargadas de aplicar el estado de derecho, han convertido un Estado ausente sin ley.

La impunidad no es otra cosa que la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal de los autores de violaciones a la ley, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque eluden y burlan toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser sancionados, no paguen las consecuencias de sus actos. En pocas palabras, no reciben castigo alguno ante la complicidad corrupta de la propia autoridad o gobierno.

Así ha transcurrido la historia política, social y jurídica de nuestro país a lo largo de generaciones de mexicanos que han visto, sufrido, padecido y ejercido el poder para beneficio de unos y perjuicio de otros. Lo más triste y vergonzoso ha sido, y sigue siendo, que la propia autoridad es la primera en torcer la ley en beneficio propio. Por todo esto, es que somos una sociedad que no respeta nada, ni a nadie. Donde la ley del más fuerte y poderoso se impone ante el miedo del débil y desprotegido, imperando la corrupción en todos los estamentos de la sociedad.

Derivado de todo ello, es el resultado de esta barbarie en que el actual gobierno de la llamada Cuarta Transformación, ha convertido a México entero en un país sin ley ni orden alguno. Donde todas las autoridades de todos los niveles de gobierno, hacen y deshacen a su antojo, quedando el pueblo desprotegido y de rodillas ante toda clase de tropelías. De tal suerte, que en esta semana se dio a conocer el IED (Índice de Estado de Derecho) 2021-2022. Mostrando un destrozo respecto a la aplicación de la ley en todo el país.

Estos resultados que comparto con todos ustedes, son la cuarta edición u ocasión que el IED, mide a los 32 estados de la república sin distinción alguna de ideologías o partidos políticos. El Índice de Estado de Derecho considera ocho factores a considerar: Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

La calificación va de 0 a 1, donde cero significa ausencia total de Estado de Derecho y uno, máxima adhesión al orden constitucional. Los puntajes de esta edición continúan mostrando un estancamiento, incluso un deterioro en materia de Estado de Derecho en los distintos estados del país. (Ver el presente trabajo en la página World Justice Project).
Uno de los factores que más deterioro sufrió en el último año, es el relacionado con el contrapeso al poder de los ejecutivos estatales, ya que hubo un debilitamiento en los poderes Legislativo y Judicial, así como en los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación.

Desde luego que hay una serie de factores para poder entender este deterioro en el estudio en cuestión, pero sin duda, una de las causas de esta grave descomposición, obedece al comportamiento del Titular del Ejecutivo Federal y todo su gobierno, donde ha concentrado una serie de facultades meta constitucionales, enviando señales de autoritarismo y corrupción, con ejemplos claros de falta de cumplimiento al Estado de Derecho, donde la consecuencia se replica en los estados de la república con gobernantes que de una u otra forma, hacen lo mismo o muy parecido.
¿No cree usted?

ESCRIBE UN COMENTARIO