En el marco del lanzamiento del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones, voceras de colectivos de personas buscadoras en Guanajuato dejaron en claro que “el olvido no es una opción”.
Durante el panel, compartieron sus experiencias y coincidieron en que “ni perdón ni olvido” hasta encontrar a las más de 130 mil personas desaparecidas en el país.
Bibiana Efigenia Mendoza Negrete, vocera del colectivo Hasta Encontrarte, quien busca a su hermano Manuel Ojeda, desaparecido en 2018, señaló que hablar de desapariciones obliga también a hablar del capitalismo, de la historia de México, de la militarización, el crimen organizado, el estigma y el clasismo.
Relató que el “delito” de su hermano fue ser pobre:
“Manuel desde que tenía 11 años dejó la secundaria para ponerse a trabajar, y con su primer salario me compró mis Reyes Magos. Cuando me divorcié, mi esposo me abandonó con mi niño más grande, él me compró un paquete de pañales con un salario mínimo de mil 200 pesos”.
Denunció que un grupo delictivo obligó a su hermano a resguardar huachicol en su terreno:
“A mi hermano lo levantaron junto con el dueño de la granja donde trabajaba, y hasta la fecha no hemos vuelto a saber nada de él”.
Mendoza explicó que al inicio sentía vergüenza de hablar del tema, pues en México se tiende a catalogar a las víctimas como “buenas” o “malas”. Sin embargo, recalcó que lo que realmente existe es la ausencia del Estado, y que esa ausencia ha provocado que niños reclutados se conviertan en sicarios.
Criticó los sistemas de seguridad militarizados y la criminalización hacia las víctimas:
“La gente pide que nuestros desaparecidos sean mártires en un país que nos dio todas las herramientas para no serlo. Y tampoco pidan que las buscadoras seamos mártires perfectas, porque tampoco lo somos”.
Por su parte, Evelina Guzmán Castañeda, representante del colectivo Justicia y Esperanza, quien busca a su hermano Samuel Guzmán, desaparecido en marzo de 2011, recordó las múltiples exigencias que las familias han tenido que hacer para construir instituciones en las que el Estado ha fallado.
“Estas instituciones que hoy existen han sido gracias a que no hemos resistido al olvido. Siempre las familias vamos a estar trabajando y exigiendo, porque no hay pobreza política en nuestra lucha”, subrayó.
Guzmán recalcó la importancia de apoyar a otras mujeres que, como ellas, en su momento perdieron el miedo de enfrentarse al Estado. Sin embargo, lamentó que la falta de respuestas ha multiplicado la presencia de más buscadoras en las mesas de trabajo.
Exigió también la creación de un registro para personas migrantes desaparecidas:
“Después de dos años de trabajo se implementó un mecanismo extraordinario de apoyo exterior en 2022, pero aún hoy siguen sin reconocerlos”.
Denunció que las buscadoras enfrentan amenazas y asesinatos:
“Prácticamente la mayoría hemos sido amenazadas, y tristemente varios compañeros han sido asesinados. Vamos para 15 años sin verdad y sin justicia. Si no hay verdad, no hay justicia; y si no hay justicia, no hay verdad”.
Finalmente, enfatizó que la resistencia y la resiliencia son las herramientas que les han permitido sobrevivir ante la ausencia de un Estado que, hasta ahora, sigue evadiendo su responsabilidad.
Para las familias buscadoras, la vida cotidiana nunca vuelve a ser igual. Así lo expresó Isabela Berenice Olimpia Montoya Juárez, integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda, quien desde 2017 busca a su hermano Marco Antonio.
Durante su participación en el Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones, Montoya lamentó que, a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición fue promulgada en 2017 con la esperanza de contar con una herramienta eficaz como el Banco Nacional de Datos Forenses, este aún no es funcional.
“Tristemente, el Banco Nacional aún no opera, pese a que incluso interpusimos un amparo para que fuera creado”, denunció. Explicó que la búsqueda de su hermano está únicamente en manos de la Fiscalía General de la República, ya que en Guanajuato la carpeta fue declinada por incompetencia.
Montoya señaló que las familias se enfrentan a un laberinto burocrático:
“Todavía navegamos con una hoja de un perfil genético de Estado a Estado para que sea comparado en otras bases de datos, pero lo que no nos dicen las fiscalías es que muchas veces no son compatibles, porque los sistemas usan diferentes marcadores genéticos”.
Añadió que, aunque oficialmente en Guanajuato existen más de 5 mil personas desaparecidas, la cifra real es mayor debido a quienes no denuncian por miedo:
“Imagínense, mi mamá tiene 78 años; no la veo viajando a cada estado para dar su perfil genético. Esa misión la acepté yo, pero ningún ser humano merece esto. Ninguna persona merece vivir así”.
La buscadora recordó que en 2021, tras un amparo nacional, se reconoció que el Banco Nacional no estaba creado ni operaba como debía. Fue hasta 2023 cuando la FGR quedó obligada a conformarlo. No obstante, afirmó que sigue sin funcionar como una herramienta real para las familias.
En contraste, Héctor Díaz Ezquerra, comisionado estatal de Búsqueda de Personas en Guanajuato, destacó las acciones realizadas en el estado desde 2020, cuando se creó la comisión local. Informó que en cinco años se han realizado más de 2 mil acciones de búsqueda, entre ellas la visita a 304 centros de rehabilitación, donde se han logrado identificaciones e incluso reintegraciones familiares.
“Este año hemos recibido 2 mil 793 reportes de desaparición; actualmente seguimos buscando a 1 mil 453 personas. Se han localizado con vida el 43% de los casos”, detalló.
Díaz Ezquerra subrayó que más del 60% de las localizaciones con vida en Guanajuato se logran gracias a las células municipales de búsqueda, un mecanismo que no existe en otros estados.
