Apreciable lector, siendo esta mi primera colaboración del año, la aprovecho para manifestarle mis mejores deseos, esperando que los meses siguientes sean de abundancia – prosperidad y bienestar según la RAE– en todos los sentidos. Y hablando de abundancia –entendiéndola como gran cantidad– resulta que, el gobierno de la 4T, busca incrementar la inclusión financiera mediante la construcción de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar. Esta enorme cantidad de sucursales bancarias, estarían ofreciendo sus servicios en dos años: 1,350 sucursales en 2020 y el resto en 2021. La inversión necesaria para el proyecto, unos 10 mil millones de pesos, se estarían obteniendo de los ahorros generados por el gobierno.

Vamos por partes. El Banco del Bienestar, según el artículo 3 de su Ley Orgánica, “realizará funciones de banca social, para lo cual tendrá por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el uso y fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar mejores condiciones a los integrantes del sector”. De acuerdo con un comunicado del Gobierno de México, la finalidad del Banco del Bienestar es la de entregar, de forma transparente, los recursos de todos los programas sociales del gobierno a más de 20 millones de beneficiarios. Más allá de cualquier otra pretensión, quizás la más importante para el gobierno sea la de dispersar los recursos directamente a los beneficiarios.

Es importante entender entonces que, para que el Banco del Bienestar logre sus objetivos, necesita estar cerca de sus usuarios potenciales. Un estudio de la FUNDEF, cuya autoría corresponde a Jorge Sánchez Tello y Guillermo Zamparripa, enfatiza que el sistema bancario apoya el proceso de desarrollo y crecimiento económico, movilizando el ahorro para financiar proyectos productivos. Para ello, debe contar con la infraestructura para ofrecer sus servicios de manera rápida y conveniente. En este punto es que la inclusión financiera cobra sentido. El citado documento señala que la inclusión financiera busca que la mayor parte de la población tenga acceso y pueda utilizar los diversos servicios financieros ofrecidos por la banca; y esto se logra a través de la infraestructura básica de los bancos: las sucursales bancarias.

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La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 indica que solamente el 47 por ciento de los mexicanos en edad adulta, tienen una cuenta bancaria. Esto puede deberse, al menos en parte, al acceso –o falta de él– a una sucursal bancaria. El Panorama de Inclusión Financiera 2019, de la CNBV, muestra que, en México, hay poco más de 17 mil sucursales; y que el 87 por ciento de la población objetivo habita en una localidad con al menos un punto de acceso financiero en un radio de 4 km. No obstante, según lo revela el estudio de la FUNDEF, hay una distribución heterogénea de las sucursales bancarias a lo largo y ancho del país, teniendo municipios en los cuales no existe cobertura de servicios financieros.

Lo señalado anteriormente podría llevarnos a concluir que el proyecto del presidente López Obrador es necesario. Sin embargo, debemos reflexionar seriamente sobre la pretensión del Gobierno Federal; y cuestionar la viabilidad financiera y la rentabilidad social del proyecto. Destinando 10 mil millones de pesos a un proyecto para desarrollar 2,700 sucursales bancarias, implicaría destinar 3.7 millones a cada una de ellas. Una nota de El Financiero reseña que BBVA cuenta con 1,800 sucursales en el país. El Banco del Bienestar llegaría a tener 50 por ciento más sucursales que el principal grupo financiero en el país. No olvidemos además que, el sector financiero está tendiendo al uso de medios digitales para bancarizar a la población. Si bien el objetivo del proyecto es loable, la ejecución del proyecto podría ser equivocada.

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