A pocos días de la llegada de Emmanuel Valenzuela Alcaraz como delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Guanajuato, trabajadores de la dependencia denunciaron despidos que consideran injustificados y anunciaron que emprenderán acciones legales, entre los afectados se encuentran dos adultos mayores.
Hasta el momento, tienen conocimiento de al menos cuatro despidos en la oficina de León y recientemente fueron informados de otros casos en Irapuato.
A las afueras de las oficinas de Profeco, ubicadas en Plaza Galerías, dos de los trabajadores despedidos narraron que fueron notificados de la terminación de su contrato apenas unos días después de que Valenzuela Alcaraz, hijo de la delegada de Programas para el Bienestar en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, asumiera el cargo.
Uno de ellos es Juan Manuel Ramírez Funes, de 75 años de edad, quien recordó que ingresó a la dependencia el 1 de diciembre de 2018. Relató que el pasado 22 de junio fue llamado a la oficina del nuevo delegado, donde le informaron verbalmente que el 30 de junio concluiría su contrato y que éste no sería renovado.
«Tengo 75 años, tengo deudas con el Fovissste, tengo hipotecada mi casa y no sé cómo la voy a pagar. Voy a hacer valer mis derechos conforme a la Ley Federal del Trabajo y la Constitución», expresó.
Ramírez Funes informó que presentará una demanda laboral al considerar que su despido carece de fundamento legal.
«Para nosotros es un despido disfrazado de que se acabó el contrato. En la ley no existen estas figuras para separar a un trabajador de esta manera por eso vamos a defender nuestros derechos», afirmó.
El trabajador explicó que entregó un escrito mediante el cual solicitó una constancia de antigüedad, el fundamento jurídico de la decisión de no renovar su contrato, la confirmación de si la plaza que ocupaba continuará existiendo y el pago de diferencias salariales que, aseguró, se generaron tras una reducción de su sueldo.
También argumentó que, por ser una persona adulta mayor, considera que la determinación podría constituir un acto de discriminación por edad.
«Soy una persona adulta mayor de 75 años y pertenezco a un grupo con protección constitucional. Separarme del servicio sin una causa legal y únicamente con una notificación verbal podría constituir un acto de discriminación por motivo de edad», sostuvo.
Otra de las trabajadoras despedidas es María Teresa Concilión Menchaca, de 67 años, quien aseguró que fue notificada el 16 de junio, el mismo día en que el nuevo delegado asumió funciones.
Relató que primero le preguntaron cuáles eran sus funciones y, minutos después, le informaron verbalmente que su último día de trabajo sería el 30 de junio.
«No me dio ninguna explicación, ni fundada ni motivada; solamente me dijo de manera verbal que mi contrato terminaba», declaró.
Agregó que intentó obtener una respuesta formal mediante un escrito presentado por Oficialía de Partes y solicitó una audiencia con el delegado sin embargo, afirmó que nunca recibió respuesta.
«Me siento totalmente ignorada. Considero que mi despido es injustificado porque en siete años de trabajo nunca incurrí en ninguna irregularidad. Siempre desempeñé mi labor con profesionalismo institucional», señaló.
Menchaca explicó que laboraba como auxiliar en el área de Procedimientos Administrativos de Ejecución y aseguró que su trabajo permitía recuperar más de un millón de pesos al mes por concepto de adeudos a favor de la institución.
«Yo siento que hay una discriminación. Si existe un tema político, yo no soy la culpable. Tengo felicitaciones en mi expediente por mi ética profesional y no se vale que nos despidan de esta manera», expresó.
La trabajadora indicó que también analiza presentar una demanda laboral, ya que, además de considerar injustificado su despido, afirma que enfrenta una situación de vulnerabilidad por su edad y por las obligaciones económicas que aún mantiene.
«Tengo un crédito hipotecario y, aunque una persona tenga preparación y experiencia, a los 67 años no es fácil volver a incorporarse al mercado laboral».
