Guanajuato, Gto. Comerciantes de diversas zonas de la ciudad consideraron que no es viable desde el punto de vista legal y jurídico el programa de cobros y descuentos que ofrece la administración municipal, a quienes mantienen adeudos, por lo que por ahora no cumplirían con sus pagos correspondientes.
Grupos de comerciantes fijos y semifijos, así como locatarios de Mercados como Hidalgo y Embajadoras preparan por su cuenta una serie de acciones legales para impugnar el programa ofrecido por el municipio, que desde su punto de vista sólo busca cobrarles a como dé lugar.
“Los pagos que nos piden y los convenios que proponen no tienen sustento legal porque un funcionario como es el tesorero municipal, no puede ni tiene la facultad legal para decidir a quién si se le aplica los descuentos y a quien no”, dijo Roberto Loya Mendoza del Consejo Coordinador de Comerciantes del Mercado Hidalgo.
A esta medida se han unido grupos de comerciantes como lo que laboran en el exterior del Museo de las Momias, el monumento al Pípila y quienes lo hacen en calles como Avenida Juárez, 5 de mayo, alhóndiga, entre otros.
Fue el pasado jueves en sesión del Ayuntamiento, que fue aprobada una modificación a los reglamentos en la materia para que los comerciantes aceptarán los planes de descuentos que ofrece el gobierno municipal.
No obstante, los vendedores aseguraron que el acuerdo ni es viable en la parte legal y tampoco en la operativa, debido a que todos ellos están dispuestos a pagar, pero no como lo plantea el alcalde y que en algunos casos supone aumentos de hasta 300 por ciento a las tarifas por el uso de plaza y espacios públicos.
“En el caso del Mercado Hidalgo nos han informado que se trata de una actualización, debido al valor del inmueble que ocupamos, pero el mismo criterio se aplica para quienes comercian en las calles”, dijo.
Por su parte, 100 comerciantes del Mercado Embajadoras han dado a conocer que ellos no van a atender el llamado del alcalde y desde ahora promoverán amparos para evitar la acción de la justicia, que consideraron como “sesgada”.
Loya Mendoza señaló que los más de 200 comerciantes del Consejo Coordinador que representa han pagado sus aumentos de manera puntual desde hace unos 15 años, sólo que los incrementos nunca fueron más allá del nivel de la inflación, que el año pasado se ubicó en 3.8 por ciento.
“Cada año nos aumentan la tarifa en base a lo que aumenta la inflación y nosotros pagamos porque los consideramos justo, pero en esta ocasión lo vemos como una imposición, un abuso”, afirmó.
También el gobierno municipal ofreció un plazo de hasta 22 meses para que los comerciantes se regularicen y vía la suscripción de un convenio se pongan al corriente en sus adeudos y que también ha sido rechazado.
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