La ex alcaldesa, Bárbara Botello Santibáñez, acudió ayer a la Presidencia Municipal para atender la notificación que recibió de la Contraloría sobre el proceso de responsabilidades administrativas que aprobó el Ayuntamiento actual, ante los resultados que presentó la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) por la licitación del servicio de limpia.
Afirmó que se trata de una persecución política porque es una «aberración jurídica», el proceso contra los ex funcionarios recomendado por la ASEG al haberse extralimitado de sus funciones que tiene por ley.
Al respecto, el alcalde Héctor López Santillana negó que se tratara de una persecución y venganza política, una vez que ofreció una actuación de su gobierno con apego a la legalidad y con el claro compromiso de que se combata la impunidad.
«Si hubiera querido hacerlo, no me hubiera esperado año y medio, este tiempo transcurrido, habla de que cuidamos los tiempos, las instancias jurídicas y el respeto al derecho y a los procedimientos formales», declaró.
Sobre este proceso, la Contraloría municipal ha notificado a 22 ex funcionarios municipales a declarar sobre las observaciones emitidas por la ASEG respecto al proceso de licitación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y la entrega de la concesión a dos empresas que participaron y ganaron el contrato, Gisa y Red Recolector.
Finalmente, sobre un nuevo proceso de responsabilidades administrativas contra los integrantes del anterior cabildo y del entonces Comité de Adquisiciones, que autorizaron la compra de un predio para la construcción del SIT en la estación de Timoteo Lozano, la actual diputada federal del PRI, aseguró que el PAN tiene temor de que sea candidata por su partido en 2018 y buscan descalificar el gobierno que encabezó.
Chocan Bárbara y el Municipio por auditoría
La ex primera edil fue citada a comparecer dentro del proceso de investigación ante los resultados de la ASEG por la licitación del servicio de limpia
