Cuando recientemente me percaté de una nota que transmitieron en los noticieros de televisión, en la que se relataba que había un tráiler itinerante con cuerpos de cadáveres, simplemente me pareció increíble. De momento no tenía idea de por qué podía exisitir una situación tan sorprendente y a la vez, tan irregular como ésa. Sin embargo, al saber el por qué, quise reaccionar con cierta lógica. Según explicaciones del gobierno Jaliscience, responsable de la decisión de contar con una “morgue móvil”, los 150 cuerpos que se encontraban dentro de contenedores que servían para transportarlos, es resultado de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, que desde 2016, obliga a conservar los cuerpos y restos humanos vinculados con algún delito. En los mismos términos se encuentra la “Ley General contra la Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y el Mecanismo Nacional de Búsqueda”.
Con las reformas a la legislación, se pretendió combatir los niveles de impunidad ante la creciente violencia en el país. Y es que muchas investigaciones penales, no prosperaron porque los cadáveres fueron incinerados. Por otro lado, el objetivo de la segunda ley citada, es facilitar la localización de personas desaparecidas. Lamentablemente, y aun cuando quiero entender, que el objetivo tanto de las señaladas normas, como de los criterios para cumplir con ella, no fueron “malintencionados”, las decisiones de la autoridad, no fueron las mejores.
Lo terrible es que no sólo los medios nacionales se mostraron interesados en esta situación, sino también los internacionales, y no es para menos. Quizás se buscó una solución aparentemente práctica, a un problema que ameritaba un desenlace distinto. Este escándalo, se ha sumado a la avalancha de críticas al gobernador tapatío, Aristóteles Sandoval. Aun cuando muchos de esos cadáveres estaban destinados a la fosa común por no haber sido reclamados, existían otros tantos que estaban identificados y cuyo tratamiento no fue el adecuado.
Imagine usted, que algún familiar suyo fuera hallado sin vida y cuyo cuerpo aún sirviera como materia de pruebas periciales. ¿Le hubiera gustado a Usted, que lo trajeran de un lado al otro, por toda la ciudad de Guadalajara? ¿Que no se le haya dado un trato digno a los restos de su allegado? Y aunque tales cuerpos pertenecieran a un desconocido, nadie merece que sus vestigios sean tratados así. Fue hasta que los vecinos de las zonas en donde se situaba la citada “morgue móvil” comenzaron a quejarse del fétido olor que despedía el contenedor, que la autoridad decidió actuar. Según lo publicado en los medios, no se trata de un problema privativo de Jalisco. En Guerrero, la capacidad de las morgues se ha visto rebasada y los refrigeradores para conservar los cadáveres, son insuficientes.
El problema se atribuye a la fuerte ola de violencia que ha azotado no sólo a Jalisco y a Guerrero, sino a otras entidades en las que el número de homicidios se ha multiplicado. Según opiniones publicadas en los medios, el número de muertos por homicidio, tiene una relación directa con el aumento de las tomas clandestinas de combustible o con el control del narcotráfico en varias zonas del país.
El gobernador de Jalisco, trató de solucionar el conflicto, despidiendo a los responsables directos, pero quizás tal decisión, no fue suficiente. Aun cuando se trate de un problema que afecta a una entidad vecina a la nuestra, quizás nos convenga a los guanajuatenses, tomar nota. No vaya a ser que necesitemos más espacios, para los cuerpos de tantas víctimas.
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