La diputada federal Cristina Márquez Alcalá presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de proteger la autonomía, el patrimonio y la capacidad de decisión de las personas con discapacidad.
La propuesta surge ante la problemática de que cuidadores o familiares tomen decisiones sobre bienes, dinero o salud sin consultar a los titulares. De aprobarse la reforma, se establecerá legalmente que las figuras de apoyo únicamente podrán acompañar y orientar, mas no suplantar la firma ni la voluntad de quienes reciben dicha asistencia.
Asimismo, la iniciativa contempla facultar a los jueces para vigilar el desempeño de los auxiliares. En caso de detectarse abusos de confianza, cobros indebidos o si la persona decide cambiar de acompañante, la autoridad judicial tendrá la atribución de revocar la designación para salvaguardar el patrimonio del ciudadano.
Finalmente, la legisladora precisó que las valoraciones médicas y de especialistas servirán exclusivamente para definir el tipo de apoyo cotidiano necesario, descartando que estas evaluaciones puedan ser utilizadas para declarar la incapacidad jurídica de los individuos o despojarlos de sus derechos civiles.
