Hace más de una década, el tiradero municipal de basura dejó de operar en Bajío de Bonillas y fue reubicado en el Ejido de Nápoles, a unos metros del entronque Silao-San Felipe-Puerto Interior.
Actualmente es operado por Veolia a través de Proactiva/Setasa.
El vertedero a cielo abierto se hallaba a menos de un kilómetro de la intersección del entonces camino Romita-Silao rumbo a la Carretera Federal 45, en Bajío de Bonillas.
Según sus habitantes, el terreno era propiedad de una familia conocida como “Los Colorado”, a quienes se les pagaba una renta mensual.
Ante las condiciones de este sitio, el Municipio recibió varias multas, lo que lo llevó a adquirir un predio de 10 hectáreas en el kilómetro 4 de la carretera Silao-San Felipe para un relleno sanitario.
Se inició la construcción de una primera celda el 16 de junio del 2000; quedó inconclusa y provocó que Silao tuviera ahora dos tiraderos a cielo abierto.
La administración 1998-2000, encabezada por Luis Gerardo Valdovino Fuentes, no contaba con la capacidad administrativa ni económica y técnica para atender la situación, por lo que durante una sesión celebrada por el Ayuntamiento, en agosto del 2000, se formalizó brindar el servicio público de limpia a la ciudadanía a través de una concesión que incluía el confinamiento, construcción y operación de un relleno.
Los dos vertederos existentes serían saneados y clausurados.
El 17 de agosto del 2000, el Ayuntamiento pidió al Congreso del Estado una autorización para otorgar la concesión por un plazo de 15 años, situación que se prolongó hasta 2001 y correspondió hacerse cargo a la administración 2001-2003, presidida por Carlos García Villaseñor.
Resultó ganadora de la convocatoria la empresa “Urbanizadora, Promotora y Diseños Caba” y en el Pleno del Ayuntamiento, el 25 de abril de 2001 se aprobó entregarle la concesión: Se encargaría del barrido, recolección aprovechamiento y disposición final de la basura, además de clausurar reglamentariamente los tiraderos.
Por circunstancias financieras, “Caba» dijo no estar en condiciones para cumplir con el compromiso y cedió los derechos a “Servicios de Tecnología Ambiental”, conocida como “Setasa”.
Fue entonces que en abril del mismo año, con la autorización del Ayuntamiento, se hizo un convenio para modificar el título de concesión número MSI/DUE/02-2000.
Este acuerdo implicaba considerable costo para el Municipio, por lo que según un acta de Ayuntamiento de febrero de 2002, se buscó negociar con “Setasa” y el mes siguiente se firmó un documento que reformaba totalmente el título de concesión original.
Los 15 años comenzaron a correr a partir del 1 de marzo, con ajustes a las tarifas; la empresa pagó 800 mil pesos para liquidar a la mayoría de los empleados municipales de Limpia y el resto sería contratado por ésta.
Cumplió con la clausura de los rellenos y comenzó la construcción de una celda.
Las tarifas tendrían que actualizarse en noviembre de cada año y estarían vigentes al año siguiente. También se acordó que cada nueva administración municipal debía ratificar la concesión a más tardar a los dos meses de haber tomado posesión.
Se pactó el pago del primer año por 11 millones 700 mil pesos, y el 5 de diciembre, el Cuerpo Edilicio determinó suspender pagos a la empresa porque aparentemente había realizado cobros indebidos, según observaciones del Congreso en turno; tras hacer aclaraciones, se cubrieron los montos hasta noviembre.
PROYECTO REGIONAL
A principios del 2003 el Municipio de Guanajuato mostró al Ayuntamiento interés de hacer uso del nuevo relleno para depositar su basura, ya que como hasta hoy en día, siempre había presentado problemas relacionados con el confinamiento y constantes incendios.
En el mes de marzo, se expuso, en sesión de Ayuntamiento, que el gobierno estatal a través del Instituto de Ecología y la Secretaría de Gobierno, así como la Procuraduría de Protección al Ambiente, estaban interesados en que el relleno adquiriera la calidad de regional.
El municipio de Romita fue sancionado por tener un tiradero a cielo abierto entre las comunidades San Antonio del Pochote y El Escoplo, en territorio silaoense.
En abril de 2003, Guanajuato firmó convenio con Silao para hacer uso de su relleno sanitario, motivo por el que se agregaron aspectos al convenio que modificó el título de concesión para recibir los desechos del municipio capitalino; el cual representaría un ahorro para Silao del 20%.
Dado que Guanajuato no había considerado costos de traslado, posteriormente optó por ya no participar, situación que provocó un déficit a Silao respecto a los pagos de julio y agosto de 2003.
La Contaduría Mayor de Hacienda del entonces Congreso hizo observaciones por “cobros indebidos” por parte de la concesionaria, a quien se le pidió devolver a la Tesorería Municipal un millón 245 mil 562 pesos, cuya cantidad se tomará de facturas pendientes de pagar.
CANCELAN ACUERDO
A finales de octubre del mismo año, la empresa se dijo inconforme con los descuentos que se le realizaron y señaló que no se le dio derecho de audiencia.
Ya había rendido protesta como alcalde, Guillermo Aguirre Velázquez (2003-2006), y el 19 de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento negó la ratificación para que continuara la concesión y se dio aviso a “Setasa”.
Ese mismo mes debía hablarse sobre los ajustes de tarifa, cifras que fueron entregadas al Municipio.
Sin embargo, con la fuerza pública, el 6 de diciembre, la Secretaría del Ayuntamiento tomó posesión del relleno, de los camiones y demás recursos materiales empleados para este fin, lo que llevó a “Setasa» a interponer dos juicios administrativos ente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Estado Guanajuato: El primero 5.450/03 radicado en la Segunda Sala y el segundo 6.59/04 en la Tercera Sala.
En julio de 2004, la Comisión de Hacienda y Revisión de Contaduría Mayor de Hacienda dictaminó en relación a la Reforma Total del Convenio Modificatorio al título de Concesión que no hubo un estudio previo para otorgar la concesión, que la empresa realizó “cobros excesivos”.
La Administración en curso no entregó documentos para solventar las observaciones, pero tiempo después se hizo y quedaron subsanadas.
La Contaduría pidió en consecuencia al Ayuntamiento que sancionara a “Setasa” y recuperara los pagos indebidos.
HUBO CONSECUENCIAS
Tras lo ocurrido, “Setasa” interpuso demanda en contra del Municipio por los pagos pendientes de los meses de octubre y noviembre de 2003, por revocársele la concesión, y reclamó daños y perjuicios.
Se amparó contra la Comisión de Hacienda y Revisora de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Guanajuato y contra el Ayuntamiento en turno.
Luego de cinco años de litigio, el 6 de febrero de 2009 (cuando fungía como alcalde Juan Roberto Tovar Torres), la Segunda Sala del Tribunal determinó que como parte del expediente 5.450/03 el Municipio cubriría las tarifas que señalaban las cláusulas del convenio final, tomando en cuenta los intereses moratorios generados desde que no se realizó la ratificación hasta que se cumpliera la sentencia y los pagos anteriores.
La autoridad local apeló en varias ocasiones y presentó amparos; no obstante, el 30 de noviembre también la Segunda Sala del TCA volvió a dictar sentencia y ordenó al Municipio pagar a “Setasa” 98 millones 197 mil 309.49 pesos, más los intereses moratorios a cuantificar al momento de que se reintegrara el servicio público de limpia y se realizara el cálculo final.
OBTUVO BENEFICIOS
Posteriormente se otorgaron contratos periódicos a Víctor Castillo Zacarías para brindar el servicio a la población, lo que ya no continuó, pues el 31 de marzo de 2014 -durante la administración que encabezó Enrique Benjamín Solís Arzola-, con apoyo de Gobierno del Estado, se firmó un convenio para cumplir la sentencia.
Se habló entonces de una cantidad de 145 millones 700 mil 120.03 pesos por tarifas mensuales no pagadas desde el 21 de noviembre de 2003, adeudos anteriores de facturas no objetadas por el Municipio e intereses moratorios.
El Ayuntamiento se comprometió a pagar 7 millones de pesos a través de 12 mensualidades de 583 mil 333.33 cada una, y la cantidad de 138 mil 700 pesos mediante la ampliación de la concesión a “Setasa» por 15 años a partir de que el Congreso del Estado autorizó afectar las participaciones federales de Silao.
La publicación se realizó el 27 de junio de 2014 en el Periódico Oficial del Congreso del Estado, y tras entrar en vigor, operará hasta el 28 de junio de 2029.
Se le pagarán por año 9 millones 635 mil 744 pesos para un total de 144 millones 335 mil 724.34 pesos por concepto de prestación del servicio; la primera cantidad mencionada sufrirá actualizaciones de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), actualizado por el Banco de México y el Inegi.
El Ayuntamiento entregó también a “Setasa”, en comodato por los 15 años mencionados, el terreno de 10 hectáreas del kilómetro 4 de la carretera Silao-San Felipe, en el Ejido de Nápoles.
También se adquirió y se le otorgó en los mismos términos otro predio contiguo y de igual dimensión.
Las personas que se dedicaban a la pepena fueron sacadas del relleno, pese a que previo a que la empresa tomara posesión del vertedero, se les había prometido darles acceso a una hectárea para recuperar desechos, reciclajes cuyas ganancias de la venta serían el sustento de 40 familias.
Actualmente el servicio es prestado por Veolia (grupo presente en los cinco continentes) a través de su filial “Proactiva, Medioambiente Setasa”.
En un boletín difundido el 9 de noviembre de 2014, Veolia dio a conocer que la cifra de negocio total alcanza los 596.1 millones de pesos por una disposición final de 143 toneladas por día y el barrido manual.
El acuerdo hace posible, menciona el texto, el ingreso de residuos de empresas privadas y de terceros en el relleno sanitario, es decir, puede prestar servicio comercial.
