La diputada a inicios de este año presentó una denuncia contra Arias Ávila por la supuesta comisión de diversos actos de violencia y discriminación en su agravio por no haberse alineado a la instrucción de votar a favor de ampliar el tiempo de actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Ante dicha denuncia el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) registró este caso con el expediente TEEG-PES-66/2023, y por mayoría, el Tribunal determinó declarar inexistente la infracción.
Esto debido a que “la parte denunciante no acompañó el elemento de prueba suficiente que demuestre algún acto que la violentara o actualizara la conducta aludida” según se lee en la información que compartió.
Sin embargo el propio Tribunal expone que si bien se demostró la solicitud de apoyo para una iniciativa y la suspensión de la cantidad monetaria que recibía, no se demostró que estos hechos tuvieran relación, es decir, que uno fuera consecuencia del otro.
Tras esta resolución, Yulma envió un comunicado en el que señala que la respeta pero no la comparte, la calificó de ser inconsistente al ignorar todo un cúmulo probatorio que la magistrada ponente tenía a su disposición y no haber realizado un análisis con perspectiva de género.
Yulma expuso que durante la discusión se aceptó que de las pruebas existentes se puede concluir que sí pudo haber sucedido el agravio denunciado y por tanto era indispensable que el TEEG ordenara la realización de mayores diligencias de investigación que permitieran contar con los elementos suficientes para determinar si se realizaron o no las agresiones que se imputaban pues incluso recordó cómo fue que la magistrada presidenta, quien votó en disenso de la mayoría, consideró, entre otros razonamientos, que se debió ordenar la reposición del procedimiento y no resolver el fondo del asunto.
