La regulación del uso de celulares en las escuelas representa un primer paso para recuperar la atención de los estudiantes, pero todavía deja pendientes aspectos como el fortalecimiento de la autoridad docente, el equipamiento de los planteles y la participación de los padres de familia, señaló Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Luego de que el Gobierno federal anunciara que a partir del 3 de noviembre entrará en vigor la regulación del uso de dispositivos electrónicos en los planteles, Sánchez Martínez reconoció la medida y consideró que puede contribuir a reducir el uso indiscriminado de las pantallas entre niñas, niños y adolescentes.
En Guanajuato, la regulación contempla que en educación básica no se utilice el celular durante la jornada escolar. La medida alcanza a alrededor de 660 mil estudiantes de primaria y 317 mil de secundaria. En educación media superior, con una matrícula aproximada de 279 mil estudiantes, se plantea un uso responsable y seguro con limitaciones determinadas por cada institución, mientras que en educación superior, donde se concentran alrededor de 240 mil estudiantes, se fomenta el uso responsable y seguro.
Para el presidente nacional de la UNPF, uno de los principales pendientes es establecer reglas claras sobre las responsabilidades de los docentes y las autoridades escolares para evitar que la aplicación de la medida genere conflictos dentro de los planteles.
Sánchez Martínez consideró que el retiro de los celulares debe estar acompañado de acciones para atender el rezago educativo, pues, dijo, el problema no se limita a impedir que los estudiantes utilicen sus dispositivos durante las clases.
También cuestionó que las propuestas de los padres de familia no hayan sido incorporadas de manera suficiente al acuerdo y planteó que las familias deben formar parte activa de la estrategia educativa.
Ante este escenario, la UNPF plantea cinco acciones para complementar la regulación: establecer una ruta clara en materia pedagógica; definir las condiciones presupuestales necesarias; generar reglas que fortalezcan la autoridad docente; mejorar la comunicación con los padres de familia y determinar las acciones que deberán implementarse tanto a nivel estatal como nacional para dotar a los maestros de herramientas y recursos.
Sánchez Martínez puso especial énfasis en las condiciones de infraestructura de las escuelas, al señalar que la regulación de los celulares debe ir acompañada de una mayor inversión educativa.
El acuerdo federal establece que las disposiciones serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que durante los 30 días posteriores se realizarán asambleas informativas en las escuelas para explicar su aplicación.
Para la UNPF, el reto será que la regulación no se quede únicamente en retirar los dispositivos de las aulas, sino que forme parte de una estrategia más amplia para mejorar las condiciones de aprendizaje, fortalecer a los docentes y recuperar la participación de las familias.
Aprueban padres de familia la medida
