La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores no está en contra de la importación legal de vehículos siempre y cuando se dé seguimiento a las revisiones físico mecánicas que garanticen el buen estado del automotor en cuestión y se realice el pago del 1% de impuestos por la regularización, en el caso de que el proceso se realice en una región fronteriza y el 10%, cuando la transacción se desarrolle en el resto de las entidades que no tienen frontera con los Estados Unidos, según afirmó su presidente, Arturo González Palomino.
Luego de que recientemente la AMDA Guanajuato se manifestara a favor de la derogación del decreto de legalización de vehículos “chocolate” , decreto que permitió la legalización de 3 millones de vehículos de procedencia norteamericana, Palomino González aseguró que, a lo largo del tiempo, esto representó para la industria automotriz nacional una competencia desleal.
“El problema no es con las camionetas o coches que traen nuestros paisanos y que dejan para sus familias; el gran negocio se debe más a que son grupos organizados los que bajo la sombra de ese decreto, introducen lotes de lo que llamamos ‘autos chocolates’, en lógico detrimento de la industria automotriz nacional.
“Las personas que pasan su vehículo, al tener que realizar un trámite tan engorroso en el que para legalizar su vehículo, entre otras cosas, hay que pagarle a un agente aduanal y generar muchos trámites al entrar a México, deciden mejor pasarlo así, con placas de procedencia extranjera y son autos que después se quedan acá”, explicó.
Aseguró que al ser Guanajuato un estado “migrante”, la AMDA calcula que circulan más de 150 mil vehículos “chocolate” en los caminos de la entidad.
“Esto quiere decir que alrededor del 10% del parque vehicular del estado de Guanajuato es de vehículos chocolate”, aseguró.
Afirmó que el esfuerzo de los paisanos por expatriarse para buscar mejores condiciones de vida para su gente, es un esfuerzo loable y que si las importaciones quedaran ahí, no habría un gran problema.
“El asunto es que por otro lado, se da una importación masiva de vehículos por parte de grupos de la delincuencia organizada que son mafias que se dedican a la compra y venta de este tipo de vehículos a nivel nacional y que importan de forma exponencial vehículos.
No ingresan uno; introducen 50, 60 y hasta 70 vehículos. Son autos que ya no pueden circular en los Estados Unidos, por alguna razón; la mayoría de ellas porque son vehículos ya reportados como pérdidas totales o que no tienen el catalizador por lo que son altamente contaminantes”, aseguró.
Insistió en que no se trata de oponerse a la labor de nuestros migrantes quienes “hacen un esfuerzo por ir hacia Estados Unidos a trabajar para apoyar a sus familias de este lado”.
Aplaudió la derogación del decreto aunque reconoció que eso no es la solución ya que seguimos viendo en las ciudades y en el estado de Guanajuato, permisividad para que circulen.
“Hemos sido permisivos en la circulación de vehículos que no cuentan con placas del estado de Guanajuato. Y entonces, al circular estos 150 mil vehículos con placas extranjeras, en su minoría o con placas de organismos campesinos u obreros, la verdad es que rayan en la total ilegalidad”, señaló.
Reconoció que esos organismos recurren a presiones políticas y logran que no se actúe como se debería, que sería con la incautación de los vehículos por no contar con una identificación correcta.
Acotó que el paso que sigue es aplicar la ley, incautar vehículos que transitan de manera ilegal en nuestro país y acabar con el negocio de esas mafias.
“Este tipo de vehículos circulan por la ciudad con total impunidad. Algunos ‘le ponen ahí’ que está en proceso de regularización, pero ya quisiera yo ver a un ciudadano ‘de a pie’, no traer placas. Eso no es posible porque seguramente va a ser molestado por los tránsitos.
Estos vehículos no cuentan con un seguro que es obligatorio en el estado de Guanajuato y en las carreteras federales; no pagan tenencias, refrendos; no verifican. No tienen responsabilidad civil y todo esto, sí es una competencia desleal para las agencias automotrices legalmente establecidas”, recalcó.
