Las Comisiones Unidas de Justicia y Salud del Congreso del Estado aprobaron declarar como no procedente la iniciativa de reformas al Código Penal para el Estado de Guanajuato para permitir la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas de gestación, por lo que será archivada de forma definitiva.
El dictamen que fue aprobado con 6 votos a favor y 3 en contra fue enviado a la Mesa Directiva para que sea incluido en el orden del día de la sesión que se estime conveniente y de esa forma someterlo a consideración del pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Una vez que sea parte del orden del día, el documento deberá ser discutido y analizado por las y los diputados que deberán ser citados a sesión ordinaria y posteriormente, aprobarlo.
Votaron en contra del sentido de dictamen los diputados Isidoro Basaldúa y Raúl Márquez Albo, así como la diputada por el PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, el resto lo hicieron a favor.
El dictamen se integró con la propuesta del diputado, Isidoro Basaldúa Lugo del grupo parlamentario del PRD que contempla reformar el Código Penal para Guanajuato, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y Ofendido del Delito, La Ley de Salud y la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia.
Al igual que la presentada por la diputada, Magdalena Rosales Cruz, relativa a modificar el Código Penal para el Estado de Guanajuato y permitir la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Cuando el documento fue sometido a consideración de los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, el diputado Raúl Márquez Albo de Morena explicó que el sentido del dictamen era inadecuado, al centrarse el debate en la parte ideológica y no el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
“En el grupo parlamentario de Morena no estamos promoviendo el aborto, no es lo que se pretende. Lo que estamos buscando es que la mujer pueda tomar esa decisión libre y lo haga en condiciones adecuadas”, dijo.
Los puntos de vista del legislador fueron respaldados por su compañero, Ernesto Prieto Gallardo, quien lamentó que no haya habido apertura para corregir los errores técnicos que presenta el documento y que no se hayan tomado en cuenta las aportaciones de los colectivos y grupos de la sociedad civil que se convocaron.
También, la diputada Vanessa Sánchez Cordero criticó el contenido del documento, al señalar que carecía de los puntos de vista y opiniones que los mismos diputados aportaron.
“Se invisibilizaron los derechos de las mujeres, no se tocan, no se discuten en el dictamen”, dijo.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, Laura Cristina Márquez Alcalá, consideró que hubo un trabajo que contó con todos los integrantes de estos grupos de trabajo y apuntó que se trata de un tema de defensa de los derechos humanos de las mujeres y de una persona que está por nacer.
