Michel Sojo Quiroz, presidente de la Coparmex ZM de León, lanzó un reclamo a los Diputados Federales con el objetivo de que se revise con responsabilidad la reforma a la Ley de Amparo, misma que ya fue aprobada en el Senado y de la que señaló que su contenido representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México.
“Durante más de un siglo, el juicio de amparo ha sido el mayor aporte de nuestro país al constitucionalismo en el mundo. Este instrumento ha protegido la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de millones de personas, siendo un pilar esencial del Estado de Derecho y una garantía para la vida democrática y económica de la nación. Modificarlo sin un análisis técnico, incluyente y responsable, pone en riesgo su eficacia como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad”, afirmó el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en esta región.
Dijo que dentro de estas reformas, la Coparmex reconoce el que se contemplen sanciones para las autoridades que incumplan sentencias, así como la incorporación de elementos de colectividad en el interés legítimo.
Lo que les preocupa es que la suspensión del acto reclamado continúa siendo rígida.
“En materia fiscal y de bloqueo de cuentas bancarias, se limita este mecanismo de salvaguarda, afectando la operación de miles de empresas. Además de que los créditos fiscales firmes y prescritos serán prácticamente imposibles de impugnar”, recalcó Sojo Quiroz.
Detectaron que la exigencia de garantizar créditos exclusivamente mediante depósitos en efectivo o cartas de crédito excluye a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el corazón de la economía de este país.
“Nos inquieta especialmente la incorporación de un artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la reforma, afectando juicios que se encuentran en trámite. Este cambio vulnera la certeza jurídica y rompe con principios constitucionales básicos, entre ellos el artículo 14 constitucional. De aprobarse esta reforma sin correcciones de fondo, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros. La confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, generar empleo y mantener la estabilidad económica”, explicó.
Afirmó que el debilitamiento del marco jurídico mandaría un mensaje de desconfianza internacional que podría complicar las negociaciones y revisiones del T-MEC, afectando la posición de México frente a sus principales socios comerciales.
Aseguró que los 71 Centros Empresariales que conforman la COPARMEX en todo el país enviaron cartas a los senadores, en las que coincidieron con el desacuerdo por los efectos de esta reforma en la vida económica y jurídica del país.
También se dirigieron a los Diputados Federales con documentos en los que se expone con detalle el impacto que las modificaciones a la Ley de Amparo tendrían sobre la operación de las empresas y sobre la defensa de los derechos fundamentales.
