En el país hay entre 145 mil y 250 mil niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado y otros grupos delictivos, y siete estados, entre ellos Guanajuato, conjuntan el 55 por ciento de esa población que se encuentra en riesgo por factores como las condiciones de marginación y desprotección social, mientras las instituciones de gobierno carecen de instrumentos legales para perseguir y castigar esas prácticas.
Así puede resumirse el estudio Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos en México, presentado por El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), según el cual entre 145 mil y 250 mil niños niñas y adolescentes de esos estados están en riesgo de ser reclutados por grupos del crimen organizado, familias delictuales o pandillas.
Eso es propiciado, dice el estudio, por factores como desigualdad social, falta de oportunidades, diversos tipos de violencia, acceso a drogas, deserción escolar; el habitar en zonas donde operan las organizaciones criminales e incluso la incorporación de menores a actividades laborales lícitas o ilícitas.
Señala que siete entidades concentran el 55 por ciento de esa población menor de edad y la mayor proporción de ella la registra el Estado de México con el 9.7 por ciento.
Guanajuato ocupa el quinto lugar con el 7.3 por ciento de esos niños, niñas y adolescentes en riesgo de reclutamiento para actividades delictivas, antecedido por Jalisco, Chiapas y Puebla, y a nuestro estado le siguen Veracruz y Michoacán con proporciones menores.
Sin embargo, destaca que en Puebla y Michoacán se registran una proporción mayor de su población infantil y adolescente en ese riesgo.
Acusa que el estado mexicano carece de un diagnóstico que permita conocer la magnitud del problema y se pronuncia por la creación de una Ley General en Materia de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, y la tipificación penal de esa práctica para que sea perseguida y sancionada.
Además recomienda el establecimiento de políticas públicas con programas y prácticas encaminadas a erradicar las situaciones de vulnerabilidad de esa población; prácticas específicas para Fiscalías Generales de Justicia, y otras recomendaciones.
