El pleno del Congreso del Estado votó en contra de la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad única para el ejercicio de los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal y estatal.
Con 22 votos en contra y 12 a favor, la minuta no fue aprobada, lo que ocasionó un intenso debate entre diputados el PAN y Morena, los primeros en contra y los guindas a favor.
Por principio de cuentas, la diputada Yesenia Rojas Cervantes, presidenta de la Comisión de Atención al Migrante, cuestionó que desde la Presidencia de la República se haya impulsado una reformar que solo causará daños a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.
Explicó que más de un millón de guanajuatenses en el extranjero son el motor económico de la entidad con sus remesas que envían, por lo que migrar o poseer doble nacionalidad jamás debería traducirse en la pérdida de derechos ni en la creación de ciudadanos de segunda categoría.
Lamentó que, en medio de un contexto hostil marcado por deportaciones en Estados Unidos, se pretenda obligar a las personas a renunciar a su identidad e historia y restringir la participación de quienes forman parte integral de las familias guanajuatenses.
La diputada Luz Itzel Mendo González apuntó que la propuesta en consideración es una profunda contradicción, ya que la migración mexicana creó familias que pertenecen a dos países porque la necesidad, el trabajo y la vida terminaron por cruzar y esa realidad no nació en una Constitución ni fue diseñada desde un escritorio.
Consideró que nació en millones de hogares, a veces por necesidad, quizá, incluso contra su propia voluntad y ahora sencillamente se les quiere arrancar un derecho, que ha costado mucho y no se puede borrar solo por cuestiones políticas.
El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor se pronunció a favor y precisó que una sola patria, una sola lealtad, porque que la soberanía nacional no se comparte y México vive un momento histórico de profunda dignidad y patriotismo con la declaratoria y firma del Decreto constitucional de Nacionalidad Única.
Señaló que conducir a la patria y guiar el destino de su gente no admiten dobles banderas ni titubeos o lealtades divididas, sino que el que esté al frente de las familias mexicanas debe llevar a México en el corazón de manera indivisible sin ataduras políticas, diplomáticas o jurídicas con ningún gobierno extranjero.
La reforma establece una regla elemental, transparente y justa para todos al exigir contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana para ejercer el poder público, precisó el diputado.
La medida aplica directamente a los cargos de más alta responsabilidad en el Poder Ejecutivo como la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a partir del proceso electoral de 2028.
Para el diputado Juan Carlos Romero Hicks la reforma es una regresión autoritaria fruto de la improvisación e ideologización que viola flagrantemente el principio de progresividad de los derechos humanos.
Consideró que la enmienda representa un «monumento a la inconstitucionalidad» al confundir conceptos elementales de ciudadanía, nacionalidad y soberanía, además de chocar de frente con tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
