Un total de 45 familias de San Juan de Abajo presentaron una demanda de amparo para exigir al Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI) y al Ayuntamiento de León para que inicien el proceso de regularización en su colonia, una exigencia que cobra fuerza tras el reciente desalojo de seis familias cuyas viviendas fueron demolidas por un litigio entre particulares.
Juan Pablo Delgado, Secretario Nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano y asesor en la demanda, explicó que la comunidad se encuentra en estado de alarma por la inacción de las autoridades municipales frente a la incertidumbre jurídica que enfrentan. Señaló que existe una responsabilidad clara del gobierno local por haber sido omiso durante décadas.
“Si la autoridad ya falló en tener una política de vivienda adecuada que le permitiera a las personas acceder a una vivienda barata, accesible y económica, entonces tiene que actuar para darle certeza jurídica en donde pudieron comprar”, expresó.
Criticó que la actuación del municipio ha sido regresiva en materia de derechos, especialmente al analizar los datos de entrega de escrituras durante las últimas administraciones.
“En la administración de 2002 a 2015 se entregaron 3 mil 200 escrituras; de 2015 a 2021, se entregaron 3 mil 500. Es decir, casi se entregó la mitad en el rendimiento de la administración de López Antillana, y en los primeros tres años de la administración de Alejandra Gutiérrez entregaron 2 mil 100 escrituras, que no alcanzan el estándar de la administración de Bárbara Botello”, señaló.
Recordó que San Juan de Abajo tiene más de 35 años de existencia, tiempo suficiente para haber iniciado el proceso de regularización. De haberse comenzado a tiempo, añadió, muchos de los desalojos forzosos se habrían evitado.
“Eso lo tendría que saber muy bien Pablo Arturo Elizondo, actual secretario del Ayuntamiento, quien fue parte del IMUVI durante 10 años: seis como director jurídico en la administración de Héctor López Santillana, y los últimos cuatro como director general del instituto”, remarcó.
Sobre la propiedad de los terrenos en disputa, explicó que lo que se conoce hasta ahora es que el dueño original los dejó en garantía por una deuda y que, tras un remate judicial, se adjudicaron a una nueva persona. Sin embargo, subrayó que la comunidad nunca fue notificada del juicio.
También señaló que existen mecanismos internacionales a los que podrían recurrir si los juzgados no resuelven favorablemente.
“Estamos recurriendo primero a los juzgados de distrito. Si no se nos da la razón, podemos acudir a tribunales colegiados e incluso solicitar la intervención de la Suprema Corte. Solo después podríamos llegar a instancias internacionales”, dijo.
Delgado añadió que el IMUVI debería contar con estimaciones de asentamientos irregulares y el número de viviendas susceptibles de regularización, pero que no se ha hecho público un indicador completo sobre el avance de cada administración.
Recordó que San Juan de Abajo fue la primera colonia en demandar al municipio por acceso al agua, hecho que inspiró a más de 20 asentamientos a seguir el mismo camino, algunos de los cuales ya cuentan hoy con servicio de agua potable.
Ademas informó que actualmente están representando legalmente a tres de las familias afectadas por el desalojo, incluida una persona de la tercera edad que rentaba su vivienda por 900 pesos mensuales, y quien también quedó sin hogar ni ingreso.
