El contralor municipal Leopoldo Jiménez Soto informó que presentó dos denuncias penales contra exfuncionarios de ingresos de Tesorería Municipal de León que presuntamente alteraron mil 2 cuentas de impuesto predial para que los contribuyentes pagaran menos.
Las denuncias las presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, indicó en rueda de prensa.
Los dos servidores públicos fueron dados de baja desde el mes pasado, tras del inicio a las investigaciones por parte de la Contraloría Municipal, indicó.
A causa de estas alteraciones a las cuentas del sistema digital del cobro del impuesto predial, la tesorería dejó de recaudar la cantidad de 8 millones 773 mil pesos, destacó el contralor municipal.
Un auxiliar administrativo de la dirección de Impuestos Inmobiliarios, presuntamente alteró 5 cuentas por un valor de 438 mil pesos, en el periodo entre fines del año 2017 al 2018. El expediente en curso es el CM/DCS/150/2019, expuso.
Mientras que una auxiliar administrativo de la dirección de Impuestos Inmobiliarios presuntamente modificó 997 cuentas de impuesto predial que representaron 8 millones 335 mil 182 pesos que dejaron de ingresar a la tesorería municipal. El expediente en curso es el CM/DCS/149/2019, destacó.
Prisión preventiva
En ambos casos, dijo, “amerita prisión preventiva al momento que esto se judicialice por la Fiscalía Especializada. El sistema no registra dádivas, pero la lógica dice que tuvo que ser a cambio de algo. Lo que queremos dejar muy claro es que cualquier tipo de acto que cometa algún servidor público de manera desleal, se va a sancionar con todo rigor por parte de esta administración”.
El contralor Leopoldo Jiménez Soto, expuso que la Tesorería Municipal advirtió la posible comisión de estas conductas, luego de que en la actual administración implementó controles aleatorios.
Dijo que el alcalde Héctor López Santillana solicitó a la Contraloría Municipal cuidar el patrimonio de los leoneses, aplicar los controles necesarios para prevenir este tipo de conductas y castigar hasta las últimas consecuencias a cualquier funcionario público que infrinja la ley.
